Han pasado tres meses desde que el país enfrentó una de sus mayores crisis en el abastecimiento de gas y combustibles -derivada de la rotura del gasoducto de TGP-, pero a la fecha, no han surgido alternativas desde ninguna entidad del sector público para asegurar el abastecimiento de derivados, particularmente del Gas Licuado de Petróleo (GLP), el más consumido en el Perú y uno de los más afectados.
El riesgo de volver a sufrir desabastecimiento de gas no sólo se mantiene, sino que se incrementa, en tanto la demanda de GLP acusa un crecimiento sostenido, que pasó de 55,636 a 71,419 barriles por día entre 2020 y 2025, un incremento del 28.3% en solo cinco años.
Siguiendo esa tendencia, hasta mayo de 2026, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) reportó que la demanda de GLP acusa un crecimiento del 7% este año, en comparación con el 2025.
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Importación crece cada vez más
Para abastecer esa creciente demanda, las importaciones de ese gas, que hasta hace pocos años era del 30%, bordeó a fines del 2025 el 41%, según cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Esto, con el mayor costo que eso significa para los consumidores nacionales.
La mayor parte del GLP que llega a Lima es transportado por mar, desde Pisco (planta de Pluspetrol) o el extranjero (Foto: El Gas Noticias)
Por el lado contrario, la producción de líquidos de gas natural, que Pluspetrol usa como insumo para producir GLP en Perú, hasta mayo del 2026 (64,164 barriles en promedio diario) resulta inferior en 13.8% versus el 2025 (74,510 barriles por día en promedio).
En general, desde que la producción de ese insumo -que mayormente se obtiene del yacimiento de Camisea- alcanzó su pico más alto (103,000 barriles diarios el año 2014) hasta el 2025, se estima en promedio una reducción acumulada de 24.4% o de 2.8% en promedio anual.
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SPGL: Perú en camino a ser importador neto
En diálogo con Gestión, Jovan Pastor, presidente de la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL), indicó que, al ritmo de aumento anual de la demanda de ese combustible y la declinación de la oferta de insumo para producir GLP, por falta de exploración gasífera; el Perú pasará a tener que importar todo el gas que demanda el mercado local dentro de no muchos años.
El problema en ese escenario, advirtió, es que el mercado de mayor consumo de ese gas en el Perú, como es Lima y Callao, no ha desarrollado la insuficiente infraestructura de almacenamiento que permita recibir mayores volúmenes de importación de GLP.
Jován Pastor, presidente de la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL), señala las propuestas de ese gremio para evitar futuros desabastecimientos de GLP
Las principales infraestructuras de almacenamiento de GLP en el Perú son la planta de Pluspetrol en Pisco; las de Solgas, Zeta Gas, y las instalaciones de Petroperú en el Callao, además de la que posee la petrolera estatal en Talara (Piura).
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Menor capacidad en Lima
En términos de capacidad, la mayor es la planta de Pisco, con más de 70,000 toneladas métricas (TM); seguida de Solgas con 16,600 TM; Zeta Gas con 12,000 TM; Petroperú en Callao con 49,500 barriles más una nave flotante de 45,000 barriles; y en Talara con 50,000 barriles, más 60,000 barriles adicionales en esferas nuevas.
Según Erick García Portugal, exdirector general de Hidrocarburos del Minem, la capacidad máxima de almacenaje de GLP en el Callao alcanza solo para atender la demanda en la capital para cinco días.
Vale recordar que el GLP es el combustible más consumido en el Perú, usado por cerca de ocho millones de hogares a nivel nacional (en su mayoría en la capital) y por aproximadamente 700,000 vehículos, además de consumidores en el segmento industrial.
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Pese a esta amenaza para el principal carburante demandado en el país, no todos los candidatos a la segunda vuelta electoral han tomado en cuenta el riesgo que representa la falta de capacidad de almacenaje en sus planes de gobierno.
El plan de Fuerza Popular considera reducir la brecha energética promoviendo infraestructura de almacenamiento, distribución y acceso a precios competitivos para hogares y regiones no conectados a la red de gas natural. Sin embargo, el plan de Juntos por el Perú, en ninguna de sus dos versiones, ha abordado el tema.
Freno a la inversión privada
Según Pastor, los factores que frenan la inversión en nueva infraestructura de almacenamiento son la falta de una regulación flexible y la “permisología”, pues un permiso para construcción debe pasar por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Minem, el Ministerio del Ambiente (Minam), el MTC, Osinergmin, La Marina de Guerra, Enapu, las municipalidades, entre otras instituciones públicas, todas ellas desarticuladas entre sí.
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A esto le sumó la inestabilidad política que padece el país en la última década y lleva a continuos cambios de autoridades, entre las que están las entidades antes mencionadas. Esto retrasa los permisos y desincentiva a los posibles inversionistas.
Citó como ejemplo que la empresa Solgas lleva más de dos años tramitando la obtención de permisos para poder desarrollar inversión en almacenaje de gas y, hasta el momento, no obtiene luz verde.
Lo que proponen las envasadoras
Frente a esa situación, el presidente de la SPGL planteó que en el país se aplique lo que denominó un “shock” desregulatorio, que permita simplificar la obtención de permisos y, además, formar asociaciones público privadas (APP) para el desarrollo de proyectos de almacenaje en concesión y potenciar, por ejemplo, la infraestructura que tiene Petroperú.
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Asimismo, Pastor planteó que el Estado incentive la inversión privada mediante reducciones del Impuesto a la Renta (IR) por periodos determinados, que permitan a los empresarios recuperar la inversión que realicen en el referido rubro.
En tanto, según García Portugal, una alternativa es modificar la regulación actual para que se permita a las compañías envasadoras ampliar capacidad de almacenaje de gas en sus actuales plantas y así atender situaciones de emergencia.
En cualquier caso, el experto remarcó que la iniciativa de promover inversiones en nueva infraestructura debe venir del propio Estado, pues mantener la seguridad energética es rol del Estado. Al respecto, dijo que se podría encargar a ProInversión promover inversiones de ese tipo vía APP.
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan. Labora actualmente como analista económico especializado en industrias extractivas, energía y transportes en el diario Gestión.
