El proyecto cuprífero Tía María, en fase de ejecución, sigue enfrentando oposición en su zona de desarrollo, en la provincia de Islay (Arequipa). Las autoridades locales han acudido, una vez, más al Consejo de Minería objetando los procedimientos seguidos para dar “luz verde” a las obras de esa iniciativa, cuya inversión supera los US$ 1,800 millones.
Vale recordar que, a inicios de abril último, dicho consejo –ente autónomo del Ministerio de Energía y Minas (Minem)- tras recibir un recurso de revisión que interpuso la Municipalidad Provincial de Islay, declaró la nulidad de la autorización dada el 2025 a Southern Perú Copper Corporation para iniciar la explotación de dicho proyecto.
Lo hizo bajo el argumento que la Dirección General de Minería (DGM) del Minem no habría evaluado el levantamiento de observaciones respecto al diseño de los botaderos de la futura mina.
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Posteriormente, la empresa solicitó una nueva resolución de inicio de explotación, la cual, tras ser revisada por la DGM, le fue otra vez concedida, a través de la resolución directoral 194-2026.
Municipio insiste en frenar el proyecto
Sin embargo, la Municipalidad Provincial de Islay volvió a la carga y planteó ante el referido consejo un recurso de revisión contra la nueva resolución directoral (194-2026), requiriendo su nulidad.
Consejo de Minería deberá tomar una decisión sobre el futuro de Tía María en los siguiente días. | Gob.pe
El argumento de esa comuna es que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) detallado para Tía María, que fuera emitido en el 2014, habría caducado en agosto del 2019. Esto, debido a que la normativa otorga validez de hasta cinco años (tres años iniciales, prorrogables por dos años más) a ese tipo de instrumentos de gestión ambiental.
Otro argumento de ese municipio es que la empresa no habría obtenido los permisos de uso del agua para llevar a cabo la explotación del proyecto.
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Como parte del proceso para absolver ese recurso de revisión, este 7 de julio el Consejo de Minería llevó a cabo una audiencia pública, en la que las partes involucradas sustentaron sus respectivos argumentos.
Los argumentos de la comuna
En la audiencia, Elena Vela Ramos, abogada del municipio, sostuvo que al haber supuestamente perdido vigencia el EIA, así como la presunta obsolescencia de su línea de base, lo que correspondía era que la empresa presentara un nuevo estudio.
Asimismo, observó que se encontró evidencia de que la empresa realizó actividades de desbroce y nivelación de terrenos, en la zona del proyecto, sin haber presentado informe de evaluación complementario de flora y fauna, exigido en la resolución que aprobó el EIA. Por esto, el inicio de obras no cumpliría con las condiciones exigidas en la certificación ambiental.
Los componentes del proyecto Tía María. | Fuente: Southern Perú Copper Corporation
Vela Ramos cuestionó, además, que la empresa hubiera planteado Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) como mecanismos para mantener la certificación ambiental del proyecto y que estos no debieron ser admitidos a trámite, dado que el EIA ya no habría estado vigente.
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La respuesta de la empresa
Por su parte, José Tong Gonzales, abogado representante de Southern, refirió en la audiencia que el EIA de Tía María no ha perdido vigencia, dado que la compañía comunicó al Minem en julio del 2019 (antes que culminara el plazo en vigor de ese estudio ambiental) el inició la ejecución de las actividades aprobadas.
“En esa comunicación estamos hablando de plataformas eléctricas, de instalación de estaciones de monitoreo, de distintos elementos. Entonces, no se puede negar la existencia de una serie de obras que conforman la ejecución del proyecto”, aseveró.
Remarcó que esto fue reconocido por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa) y por la Dirección General de Minería (DGM) del Minem
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Piden se anule la impugnación
“Si bien en ciertos momentos, a raíz de temas de fuerza mayor se tuvo que suspender ciertas actividades, la empresa nunca dejó de tener control sobre el área, ni de realizar las actividades aprobadas en el instrumento de impacto ambiental”, añadió.
Además, refirió que la DGM ya ha confirmado que la compañía acreditó el cumplimiento de todos los requisitos para que se le otorgue autorización de inicio de actividades de explotación del proyecto, como son la titularidad de las concesiones y de los terrenos superficiales, certificado de no existencia de restos arqueológicos, entre otros.
Información técnica del proyecto Tía María. | Fuente: Minem
Por estas razones, Tong Gonzales indicó que el pedido de la empresa es que se declare improcedente la impugnación planteada por el municipio, pues dejar sin efecto la autorización que le permite explotar el proyecto implicaría vulnerar principios claros de derecho administrativo como el de predictibilidad y confianza legítima.
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Surgen dudas sobre el argumento edil
Durante la audiencia, también surgieron dudas sobre el argumento de la defensa edil respecto a que supuestamente habría caducado el EIA, a raíz de la lectura que hizo el vocal del Consejo de Minería, Guillermo Aliaga, de un informe técnico que elaboró el mismo municipio, en el que se reconoce que aún rige el citado estudio ambiental.
El citado informe técnico -elaborado por Fiorella Yeny Mamani, ingeniera de la citada comuna- indica, según la lectura que hizo Aliaga, que el EIA mantenía vigencia en tanto que no había sido reemplazado por un nuevo estudio de impacto ambiental.
El vocal Aliaga preguntó a Yeny Mamani –presente en el foro- si se ratificaba en el contenido de dicho informe técnico respecto a que sí mantenía vigencia el EIA, a lo que la ingeniera respondió afirmativamente.
Finalmente, tras escuchar a las partes, quedó al voto del Consejo de Minería tomar una decisión respecto a si procede o no la nulidad planteada contra el segundo permiso otorgado a la explotación del proyecto Tía María. Gestión supo que esta decisión sería adoptada por ese consejo en los siguientes días.
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¿Qué pasa si se paraliza el proyecto?
Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), en diálogo con Gestión, cuestionó la posición del Municipio de Islay, señalando que lo que se busca es hacer daño al país y la economía, además de tener sustento para protestar contra el proyecto.
Señaló que, desde que se planteó el EIA a la fecha, nada ha cambiado en la geografía del lugar, manteniéndose su línea de base, y advirtió que, si se paraliza Tía María, tendría efectos negativos inmediatos para la región.
Tía María, empleos que generaría el desarrollo y operación del proyecto. Fuente: Minem
El experto refirió que, en primer lugar, perderían su fuente de empleo más de 4,000 personas cuya labor está vinculada a la ejecución del proyecto, además de que el Perú la oportunidad de producir 150,000 toneladas de cátodos de cobre por año.
Esto, anotó Gálvez, significa a su vez que nuestro país (a la cotización que tiene el cobre) dejaría de exportar cerca de US$ 1,950 millones anuales, lo cual se traduciría al mismo tiempo en cerca de US$ 650 millones que dejaría de recaudar el fisco al año.
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan. Labora actualmente como analista económico especializado en industrias extractivas, energía y transportes en el diario Gestión.
