A mayo de este año, las concesiones mineras abarcan 22 millones 673,016 hectáreas, equivalentes a 17.6% del territorio nacional, de acuerdo con el Geoportal de CooperAcción.
En total, se registran 2.6 millones de hectáreas frente al año pasado, en un contexto donde las concesiones mineras se habían mantenido relativamente estables.
Apurímac es la región más concesionada, con 76.5% de su superficie; seguida de La Libertad (63.1%), Áncash (55.1%), Lima (48.8%), Moquegua (48%) y Arequipa (46.8%).
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José de Echave, investigador de CooperAcción, resaltó que las cifras son alentadoras, mas no se acercan al pico del 2013, cuando las concesiones mineras abarcaron más de 26 millones de hectáreas.
Oportunidades
En esa línea, recordó que el actual ciclo de precios altos de minerales como el cobre, oro y plata ha despertado el apetito de las empresas por explorar aún más el suelo nacional.
Según el Observatorio de Conflictos Mineros, al primer semestre, la cartera de proyectos mineros activos es de 67, con un valor total de US$ 64,000 millones, siendo el sur la región que concentra la mayoría.
Y, en lo que va de este 2026, el subsector minero tiene una inversión anual valorizada en US$ 1,500 millones: 43.7% más que el mismo periodo del 2025. La macrorregión sur abarca el 64% de la inversión minera, con poco más de US$ 959,145 —especialmente con proyectos cupríferos—; mientras que en el centro y el norte se reparte el 18% restante con US$ 266,093 y US$ 275,085, respectivamente.
Sin embargo, alertaron que la cartera de inversión minera no posee ya megaproyectos como Las Bambas, la ampliación de Cerro Verde o Quellaveco, sino solo “proyectos de menor envergadura”.
Las concesiones mineras ya cubren el 17.6% del territorio nacional. CooperAcción cuestiona que solo una fracción de esa superficie tenga actividad. Ilustración: Giovanni Tazza
¿Qué debe priorizar el nuevo gobierno?
De Echave advirtió que, sumando todas las categorías de actividad minera —léase, exploración, explotación, plantas de beneficio y etapas de cierre—, de las 22 millones de hectáreas, solo 2.3 millones de hectáreas presentan uso efectivo.
“Si el Ministerio nos dice que para todas esas actividades se utilizan 2.3 millones de hectáreas, la gran pregunta es qué ocurre con el resto del territorio concesionado”, dijo a Gestión.
Este escenario llama a que el gobierno de Keiko Fujimori, que se ha mostrado a favor de promover el destrabe de proyectos mineros, atienda el posible acaparamiento y especulación territorial.
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Por ejemplo, si bien en los departamentos amazónicos y Tumbes hay una menor presencia de concesiones mineras: de 6% a 0.5%, la presencia de proyectos de exploración de mineras medianas y hasta de pequeña escala e informales busca la titularidad de nuevas concesiones en esta zona.
Ana Leyva, abogada especialista de CooperAcción, apuntó que el Perú se encuentra en una fase decisiva, ya que en diciembre vence el plazo para el Reinfo, lo cual convierte el segundo semestre del 2026 en una “etapa clave” para definir la política de Fujimori Higuchi contra la minería informal.
“Es importante la gobernanza. Se debe incluir a las comunidades indígenas en la lucha contra la minería ilegal. No se los considera pese a que son afectados”, añadió.
