La próxima administración de Keiko Fujimori no solo asumirá el reto de ejecutar nuevos proyectos de inversión y reactivar la economía. También deberá revisar una importante “cartera” de controversias arbitrales contra el Estado, muchas de ellas vinculadas con obras públicas, concesiones y contratos de servicios.
Este escenario cobra especial relevancia debido al papel que el arbitraje ha adquirido en los últimos años como principal mecanismo para resolver conflictos derivados de la contratación pública.
Solo en el primer semestre del 2026 se registraron 321 nuevos procesos.
Arbitrajes en la CCL en el tiempo | Fuente: CCL
Arbitrajes en trámite contra el Estado
Más allá del número de procesos que ingresan cada año, la carga que recibirá el próximo Gobierno está representada por los arbitrajes que permanecen abiertos.
Según información proporcionada por el Centro de Arbitraje de la CCL a Gestión, actualmente existen 325 arbitrajes en trámite contra el Estado, principalmente en sectores como construcción y obras, educación, minería, salud, tecnología, telecomunicaciones, transporte, servicios, seguridad, seguros, servicios legales y el sector farmacéutico.
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¿Por qué surgen las controversias?
Para Rosario del Pilar Fernández Figueroa, presidenta del Consejo Superior de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la CCL, esta herramienta se ha consolidado como el principal mecanismo para resolver controversias derivadas de la contratación pública. Recordó que estos conflictos no suelen originarse al momento de firmar un contrato, sino durante su ejecución.
Las diferencias más frecuentes están relacionadas con las ampliaciones de plazo, cuando los contratistas solicitan más tiempo para culminar una obra por causas ajenas a su responsabilidad, y con las liquidaciones de obra, etapa en la que suelen surgir discrepancias sobre el monto final que corresponde pagar una vez concluido el proyecto.
A ello se suma el papel que desempeñan los supervisores de obra, cuyos informes técnicos suelen convertirse en un elemento determinante para resolver este tipo de controversias.
Fernández sostuvo que el fortalecimiento del arbitraje también debe ir acompañado de un marco normativo que preserve su rapidez y eficiencia. En ese sentido, advirtió que algunas disposiciones incorporadas en la normativa sobre contratación pública podrían generar una sobrerregulación del sistema, al imponer requisitos a las instituciones arbitrales que, a su juicio, no necesariamente guardan relación con la calidad del servicio.
Como ejemplo, cuestionó el proyecto de modificación de la Directiva N.° 004-2025-OECE-CD (Regaju), al considerar que incorpora exigencias de carácter logístico, como el tamaño de las instalaciones o de las salas de audiencia, que no inciden directamente en la correcta resolución de las controversias.
Promedio de meses de duración de arbitrajes | Fuente: Cámara de Comercio de Lima
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Del arbitraje nacional al internacional
Hernán Jordán, socio de DLA Piper Perú, explicó que los arbitrajes administrados por la Cámara de Comercio de Lima (CCL) tienen naturaleza comercial y buscan resolver controversias derivadas de contratos, mientras que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) conoce disputas entre un Estado y un inversionista extranjero cuando este considera que se vulneraron obligaciones internacionales previstas en un tratado de inversión o en determinados contratos de inversión.
En esa línea, Domingo Rivarola, socio del área de Litigación y Arbitraje, precisó que los procesos ante el Ciadi suelen involucrar concesiones u otras inversiones de gran envergadura y largo plazo, por lo que son resueltos por tribunales internacionales especializados.
Además, recordó que, a diferencia de un arbitraje nacional, cuyos laudos pueden ser objeto de un recurso de anulación ante el Poder Judicial, las decisiones del Ciadi solo pueden ser revisadas por los mecanismos previstos dentro del propio organismo.
Ambos especialistas coincidieron en que un arbitraje nacional no constituye la antesala de uno internacional. Si bien en algunos casos una misma inversión puede dar lugar a controversias paralelas cuando también está protegida por un tratado de inversión, se trata de procedimientos distintos, con fundamentos jurídicos diferentes y uno no funciona como instancia de apelación del otro.
Vale decir que actualmente hay 22 arbitrajes de inversión pendientes contra el Perú ante el Ciadi, la cifra más alta entre los países latinoamericanos. México ocupa el segundo lugar con 21 procesos, seguido por Colombia (18), Honduras (13) y Panamá (10).
Los casos contra el Perú están vinculados principalmente con proyectos de infraestructura, minería, hidrocarburos, telecomunicaciones y concesiones, e involucran a empresas como APM Terminals, Telefónica, Enagás, Cerro Verde, Brookfield, VINCI Highways y operadores de la Línea 2 del Metro de Lima, entre otras.
Arbitrajes vigentes en Ciadi a nivel regional | Fuente: Ciadi
El reto para el próximo Gobierno
Más allá de la defensa de los procesos que ya se encuentran en trámite, ambos especialistas coincidieron en que el principal desafío será evitar que nuevas controversias escalen hasta el ámbito internacional.
Jordán sostuvo que ello pasa por respetar los compromisos asumidos por el Estado, cumplir oportunamente los laudos arbitrales y evitar actuaciones regulatorias arbitrarias que puedan vulnerar tratados de inversión.
Rivarola, por su parte, consideró que la próxima administración debería aprovechar con mayor frecuencia las etapas de trato directo para evaluar acuerdos cuando estos resulten más convenientes que un litigio.
“Muchas veces existen herramientas legales para transar, pero los funcionarios prefieren litigar por temor a eventuales cuestionamientos de los órganos de control”, señaló.
Añadió que, en el largo plazo, la mejor estrategia para reducir la carga arbitral será fortalecer la confianza de los inversionistas mediante reglas estables y el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado.
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Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.
