2 millones de jóvenes en informalidad o desempleo en Perú: ¿qué fórmulas regionales aplicar?

Además, contemplaría créditos tributarios escalonados y temporales por la contratación de jóvenes y por los gastos de capacitación; reglas más claras para deducir la inversión de las empresas en la formación de su personal; y esquemas con componente de subsidio para la protección social juvenil y el financiamiento de estudios.

Si el pedido se concreta y el Parlamento lo aprueba, el país tendría por delante una ventana normativa para atacar uno de sus problemas más persistentes.

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Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), de los jóvenes de 14 a 24 años que trabajan, el 84.8% lo hace en condiciones de informalidad –15 puntos por encima del promedio nacional de 69.8%– y apenas un tercio tiene un empleo adecuado –es decir, con jornada completa o ingresos por encima del mínimo–.

El desempleo juvenil casi duplica al desempleo nacional (9.6% frente a 5.1%): unos 272,000 jóvenes buscan trabajo sin encontrarlo y, en Lima Metropolitana, la tasa se ha acercado al 15%. Entre el 2019 y 2024, el empleo juvenil cayó 4%, con más de 160,000 jóvenes menos trabajando, de los cuales unos 90,000 dejaron incluso de buscar trabajo, mientras que el empleo de los adultos de 30 años a más creció 6%.

El 47.7% de los jóvenes identifica la falta de experiencia como su principal barrera y, del otro lado del mostrador, el 63% de los empleadores no logra cubrir sus vacantes, según ManpowerGroup. A ese desencuentro se suma que el 17.4% de los jóvenes de 15 a 29 años no estudian ni trabajan. El 85% del aumento reciente de ese grupo se concentró en los hogares más vulnerables, y la proporción de mujeres jóvenes (23.3%) duplica la de los hombres (11.6%).

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En este contexto, 10 puntos más de formalidad juvenil equivaldrían a unos 250,000 jóvenes adicionales en planilla, con seguro de salud, pensión y empleadores que sí invierten en capacitarlos. A esa escala la política deja de ser únicamente social y pasa a ser de productividad, en un país donde cuatro de cada cinco empleos se concentran en ramas de baja productividad.

Pero nada de esto rendirá sin una agenda paralela de educación superior y técnica. Financiamiento de la demanda, transitabilidad entre rutas formativas y un marco nacional de cualificaciones deberían acompañar al paquete laboral. Dos millones de jóvenes, hoy en la informalidad o desempleo, llevan demasiado tiempo esperándolo.

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Experiencias internacionales

Esta problemática no carece de soluciones probadas en la región mediante programas dirigidos a la juventud.

Estos programas convergen en cuatro lecciones. Primero, el vínculo con la empresa es el ingrediente activo. No es casual que en Colombia el grueso del efecto provenga de la pasantía antes que del aula, ni que en Brasil el aprendiz figure en la planilla de la empresa desde el primer día.

Segundo, el resultado que importa es el empleo formal registrado, no la ocupación total. Por eso Chile paga su subsidio contra la cotización previsional verificada y no contra la asistencia a un curso.

Tercero, los subsidios rinden cuando están condicionados y acotados en el tiempo, como el chileno, que decrece con el ingreso y caduca en lugar de volverse un beneficio permanente para las empresas.

Cuarto, nada debería escalar sin evaluación embebida. Esto permitió a República Dominicana ajustar el diseño entre rondas experimentales e identificar que el componente socioemocional explicaba buena parte del efecto.

El Perú ya realizó su propia evaluación: las mediciones experimentales de ProJoven con planilla electrónica muestran que la capacitación con pasantía produce inserciones formales que persisten años después.

La restricción nunca fue de diseño, sino de escala. Frente a cerca de 2 millones de jóvenes informales o desocupados, programas que gradúan a algunos miles al año no mueven ningún indicador agregado. Además, se observa que los efectos no son transitorios: persisten entre 2 y 10 años después de la intervención, según el horizonte medido en cada evaluación.

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Regímenes laborales

Pese a la evidencia disponible, legislar en materia laboral para la juventud ha sido un proceso infructuoso, no por falta de referentes, sino por consideraciones de economía política. El contrato de aprendiz brasileño es un régimen laboral específico para jóvenes, con cuota obligatoria en empresas medianas y grandes, y con derechos plenos proporcionales a la jornada, lo que eleva la probabilidad de empleo formal permanente.

Colombia, por su parte, optó en el 2012 por abaratar la contratación sin tocar derechos, recortando 13.5 puntos porcentuales de cargas sobre la nómina, y el empleo formal aumentó entre 3% y 4%.

En el Perú se intentó lo contrario y fracasó. La Ley 30288, “Ley Pulpín” de diciembre del 2014, creó un régimen para jóvenes de 18 a 24 años que eliminaba las gratificaciones, la Compensación por tiempo de servicios (CTS) y el seguro de vida, además de reducir las vacaciones a la mitad. Es decir, atacaba la barrera real del costo de entrada, pero por el método equivocado: concentró un recorte visible en un grupo con alta capacidad de movilización, sin compensación ni gradualidad. Por ello, el propio Congreso que la aprobó la derogó en enero del 2015, a seis semanas de su promulgación.

De concretarse las facultades legislativas, tres apuestas combinarían alta evidencia y viabilidad. En primer lugar, un crédito tributario restringido a jóvenes sin registro previo en planilla, decreciente en un plazo de tres años y con caducidad automática sujeta a evaluación, siguiendo el diseño chileno.

Segundo, una reforma de las modalidades formativas. La ley vigente, que data de 2005, dispersa la formación en el empleo en media docena de figuras (aprendizaje, prácticas, capacitación juvenil, pasantías), con requisitos, topes y registros distintos, que las empresas usan poco y de manera concentrada.

Consolidarlas en una ruta dual, con un contrato único de formación en alternancia entre empresa y aula, tutor en planta, certificación oficial de competencias y derechos plenos proporcionales a la jornada resolvería, dentro de la formalidad, la barrera de experiencia que declara el 47.7% de los jóvenes, sin recortar derechos.

Es el modelo del aprendiz brasileño, y el que el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (Senati) aplica desde hace décadas con buenos resultados de empleabilidad, pero llevado a la escala del sistema.

Y tercero, la habilitación del escalamiento de la capacitación tipo ProJoven con evaluación desde el diseño.

Hay mucho en juego. Quien se inserta por la puerta informal tiende a quedarse ahí, acumula poca capacitación y llega a la adultez sin cotización, sin historial crediticio y sin el diferencial de ingresos que genera el empleo formal temprano”.

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La vaca sagrada que nos cuesta una generación

Por Luis Miguel Castilla, presidente de Hágase Instituto

Un trabajador peruano produce, en promedio, cerca de la mitad que un trabajador chileno, según las comparaciones internacionales de productividad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Un joven que empieza su vida laboral en la informalidad produce todavía menos, sin entrenamiento, sin capital y sin escala. Esa brecha es el resultado acumulado de décadas de posponer la única reforma que nadie se atreve a tocar.

El régimen laboral peruano fue diseñado para proteger a quien ya está adentro. Cada intento de modernizarlo muere antes de nacer, bloqueado por la captura de grupos sindicales que representan a una fracción mínima de los asalariados pero hablan en nombre de todos, y enterrado por el temor de los políticos de turno que, desde la “Ley Pulpín”, aprendieron la lección equivocada: no aprendieron a reformar mejor; aprendieron a no reformar.

La factura la paga quien está afuera. Ocho o nueve de cada diez jóvenes ocupados trabajan sin contrato, sin seguro y sin aporte previsional, y cada año que el statu quo se prolonga, otra cohorte entra por la misma puerta falsa. Si el tema laboral sigue siendo una vaca sagrada intocable, el país estará hipotecando el bienestar de una generación completa, condenada a cuarenta años de vida activa sin historial contributivo, sin crédito y sin pensión.

Modernizar no significa recortar derechos. Significa extender a la mayoría el acceso a derechos que hoy disfruta una minoría. La mejor política sindical de largo plazo es que haya muchos más trabajadores formales. Las facultades que el Poder Ejecutivo alista serían la prueba de si esta vez el país elige gradualidad, concertación y evidencia o, una vez más, opta por la parálisis.