La gestión alrededor de los trabajadores bajo Contrato Administrativo de Servicios (CAS), enmarcados en el Decreto Legislativo 1057, será uno de los mayores retos en material laboral para el Gobierno de Keiko Fujimori, en un contexto de múltiples normas que modificaron sus condiciones.
Entre los principales cambios realizados están, por ejemplo, la Ley 31131 promulgada en 2021, que transformó radicalmente la naturaleza del régimen al pasarlos de una duración determinada a una permanente. Más reciente, el Congreso aprobó que accedan a gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) según el marco del régimen privado, sin mayor proceso de meritocracia de por medio.
Panorama de los trabajadores CAS
Al 2025, bajo el régimen CAS se agruparon a 376,479 trabajadores a nivel de todo el Estado, un incremento sostenido por tercer año consecutivo, según cifras de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir). Su pico fue en el 2021 con 406,065 empleados, explicado en una mayor contratación para la atención de la emergencia ante el COVID-19.
Una revisión de Gestión identificó que, en los últimos 10 años, el incremento de este número de trabajadores fue de 45.3%, mientras que frente al 2013, de más de 75%. Desde el 2009, un año después de su creación, la variación fue de un 140% ante el 2025.
Esto ha tenido un impacto directo en la composición del empleo público. De manera pronta, el régimen CAS empezó a representar buena parte de los trabajos públicos totales. En 2016, por ejemplo, significó el 22%, mientras que las carreras especiales (el principal grupo), un 44%; y los del régimen 276, un 21%, cercano al alcance del CAS.
- LEA TAMBIÉN: Trabajadores CAS: Servir fija nuevos lineamientos tras ley que aprobó su gratificación y CTS
Sin embargo, excluyendo a los servidores de carreras especiales (salud, magisterio, judicial, etc), en 2016, los CAS representaron el 40% del total.
En 2025, su representatividad se incrementó ligeramente hasta el 23.7% del total, mientras que el régimen 276 (el tercer mayor grupo) se redujo a un 18.1% del total de trabajadores.
Un análisis también de Servir, entre el 2024 y el 2017, evidenció que el crecimiento del empleo público fue impulsado, principalmente, por las carreras especiales con casi un 39% y el régimen CAS con un avance de más de 35%, siendo el más numeroso entre los generales.
“En contraste, la carrera pública del Decreto Legislativo 276 ha crecido en menor proporción (6.8%), y el régimen de la Ley del Servicio Civil (Ley N° 30057) muestra un avance marginal, lo que evidencia las enormes barreras para la reforma”, citó el análisis.
Continuando con el análisis del último año concretado, de los más de 376,000 trabajadores en 2025, más del 52% contó con superior universitaria, mientras que cerca del 25%, con superior no universitaria. Más de 68,100 empleados (18.1%), registraron solo secundaria, mientras que más de 14,600, no reportaron nivel.
Visto por grupos ocupacionales, un 46% fueron profesionales, pero la mitad (188,300), técnicos y auxiliares. De otro lado, la mayoría se ubicó entre los 30 a 44 años (54%), mientras que la tercera parte registró tener entre 45 a 64 años.
La última información disponible sobre el costo de planilla pública apuntó al 2024. Entonces, se reportó que los trabajadores CAS demandaron un costo de S/ 12,476 millones. Esto significó un 16% de los S/ 79,142 millones del total de la planilla pública.
Ahora bien, las cifras de Servir también mostraron que, a marzo de este año, los trabajadores CAS se redujeron a los 351,448, representando una caída de 25,031 empleados bajo este concepto o un 6.6% menos.
Concepción y deformación de los CAS
El régimen CAS se ha convertido en la puerta de entraba laboral más flexible al Estado o “la más simple”, ya sea por meritocracia, relaciones amicales, entre otros, apuntó Jorge Toyama, socio en Vinatea & Toyama.
“El régimen CAS nació con carácter temporal, una figura de emergencia porque las leyes laborales para trabajar en el Estado eran muy rígidas. Teníamos funcionarios a tiempo completo con recibos por honorarios, conocidos como servicios no personales. Entonces, se podría decir que los CAS fueron para blanquear la informalidad estatal. Pero ahora se han normalizado cuando debieron ser temporales”, explicó Toyama.
Juan José Martínez, expresidente ejecutivo de Servir, indicó que uno de los principales problemas del régimen CAS es que “no hay racionalidad ni lógica” y suelen pedirse plazas sin mayor justificación. Esto evidencia un escenario también preocupante.
“Como en cualquier empresa, en el Estado, pueden tenerse varias plazas, pero deben revisarse su utilidad. En el Estado no ocurre. Una hipótesis es que se tienen varias plazas en el Estado porque hay un grave problema de productividad: se necesitan dos trabajadores para hacer la labora de uno”, comentó.
En un contexto de debilitamiento institucional, ambos expertos sostuvieron que también habrían incidido manipulaciones de plazas por fines de partidos políticos.
“En estos años hubo mucho pago de favores políticos. Pese a que formalmente hay reglas, todo el mundo sabe que no hay una eficiente supervisión sobre cómo está ingresando este personal. Como en algunos casos de contrataciones estatales, se manipulan los concursos”, señaló Martínez.
Además de esta tracción ganada, desde el Congreso se impulsó una mayor estabilidad para este grupo de trabajadores, pese a que desde su concepción fue que sean de extinción. Para mantener a los trabajadores, debería haberse ejecutado un proceso de migración hacia otros regímenes ya existentes, bajo criterios de meritocracia, y también ofreciéndoles la opción de una carrera pública, anotó Toyama.
“El principal problema de esta situación es el Congreso. En ellos estuvo que los CAS no se renovaran, mantengan su fecha de extinción”, subrayó el socio en Vinatea & Toyama.
Desde el Consejo Fiscal alertaron en reiteradas ocasiones sobre la insostenibilidad financiera de que los CAS tengan acceso completo a gratificaciones y CTS. Estimaron que demandarían un costo anual de S/ 3,000 millones.
Medidas para atender el escenario de los CAS
Ambos expertos coincidieron en que deben frenarse las incorporaciones vía el régimen CAS. Más allá del costo fiscal, valoraron que los trabajadores bajo dicho esquema no pueden optar por desarrollar una carrera pública, con aumentos de salarios y laborando en entidades de mayor relevancia, de un municipio a un ministerio, por ejemplo.
Esto termina afectando sus niveles de productividad y, en consecuencia, la calidad de servicios del Estado.
“La primera medida para este Gobierno es que no haya CAS, no hay meritocracia allí. Todos tienen que pasar al régimen del servicio civil. Han sido suficientes años de parche sobre parche”, indicó Toyama.
“Quien tiene que hacer la modernización del Estado es el propio Gobierno. Pero no le hace frente: ni la Presidencia del Consejo de Ministros, ni el Ministerio de Economía, en ninguna entidad”, agregó Martínez.
Un segundo paso, continuó el expresidente de Servir, es realizar un dimensionamiento del personal que realmente se necesita en cada entidad y dejar de renovar los contratos que no se requieren.
“Un dimensionamiento correcto te dice cuánto personal no se requiere. Se tiene que hacer una evaluación de desempeño, con estándares de calidad. Cada entidad puede hacerlo bajo la supervisión de Servir y ya hay un marco legal que lo permite”, detalló.
En tanto, una tercera medida apunta a efectuar una modificación normativa que permita los ceses colectivos. “Esto sí necesita un cambio normativo. Pero sobre todo se requiere voluntad y liderazgo”, subrayó.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
