
El Gobierno de Perú prepara un decreto supremo para declarar en estado de emergencia el mercado de combustibles y considerarlos bienes esenciales, según reveló Milagros Maraví, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
Ante la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República, la funcionaria explicó que la medida busca habilitar al Indecopi a supervisar posibles prácticas de acaparamiento y especulación en ese mercado, en medio de elevados precios de los derivados.
A este anuncio se suma que el 24 de este mes, la entidad dio a conocer un informe preliminar elaborado por su Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia, con propuestas para fortalecer la competencia en el mercado local de combustibles.
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Riesgos a nivel nacional
El Informe Preliminar del Estudio de Mercado sobre Combustibles Líquidos y GLP identifica riesgos a nivel nacional, asociados al acceso y disponibilidad de infraestructura de almacenamiento y a determinadas medidas regulatorias.

El documento advierte que los problemas de almacenamiento y despacho afectan particularmente el suministro de dos de los combustibles más demandados: el diésel y el gas licuado de petróleo (GLP) y que ello se constituye en un cuello de botella estructural.
El análisis observa que el 2025 se importaron 89,040 barriles por día de productos terminales, de los cuales 56% correspondió al diésel, 24% al GLP y 9% a gasolinas. En el caso del diésel, refiere que la importación abasteció al 65% de la demanda nacional y, en el del GLP, al 46%.
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Concentración en Petroperú
Indecopi refiere que, a diciembre de 2025, tres empresas: Terminales del Perú, Petroperú y Valero Perú administraban en conjunto el 76% de la capacidad de almacenamiento de derivados en general, de un total de 8.47 millones de barriles operados en 29 plantas de combustibles líquidos.
La concentración es mayor si se considera que Petroperú es titular del 62% de la capacidad nacional, aun cuando parte sustancial de sus instalaciones se encuentra concesionada a la empresa Terminales del Perú.
Asimismo, advierte que varias regiones continúan dependiendo de una sola planta o de un número muy reducido de instalaciones, lo que restringe las alternativas logísticas de los distribuidores, y aumenta la exposición ante cierre de puertos, oleajes anómalos, interrupciones de ductos u otras contingencias de abastecimiento.
Déficit más marcado en el GLP
El informe menciona que el déficit de infraestructura de almacenamiento es más marcado en el caso del GLP, cuya operación, hasta el 2024 se realizaba en ocho plantas de abastecimiento con capacidad de cerca de 1.37 millones de barriles.
El 63% de esa capacidad de almacenaje estaba a cargo de Pluspetrol, el 13% Solgas y el 10% Zeta Gas. Es decir que, en conjunto, esas tres empresas concentraban el 86% de la infraestructura disponible para el abastecimiento de GLP, del cual el 90% se localiza en la costa central, principalmente Callao e Ica.

Esta concentración geográfica, observa el informe, explica la vulnerabilidad del abastecimiento regional frente a eventos que afecten Pisco, Callao o las rutas de transporte desde el centro del país.
Si bien existían 117 plantas envasadoras de GLP operadas por 79 empresas, la infraestructura de abastecimiento que alimenta a dichas plantas seguía concentrada en pocos operadores y ubicaciones.
Participación privada
En regiones con baja demanda o logística fluvial, el tamaño del mercado puede no justificar una nueva planta, ante lo cual la única alternativa hasta ahora lo ha constituido la infraestructura estatal.
Así, el estudio de Indecopi concluye que estas condiciones hacen necesario complementar la inversión privada con una estrategia pública de almacenamiento que preserve, a la vez, el acceso competitivo.
En esa línea, refiere que la creación de la Agencia de Inventarios de Combustibles (AIC) que estableció la Ley N° 32315, y que sería el ente encargado de gestionar la infraestructura de almacenamiento de combustibles del país, ofrece oportunidad para mejorar la seguridad energética y facilitar la entrada de distribuidores sin infraestructura propia.

Las propuestas de Indecopi
Frente a esta situación, el Indecopi planteó cuatro propuestas preliminares con recomendaciones al Poder Ejecutivo, para promover la inversión en nueva infraestructura de almacenamiento de combustibles en condiciones de competencia.
La primera de ellas para que Osinergmin evalúe mecanismos competitivos para asignar la capacidad remanente u ociosa de corto plazo, en las plantas de Petroperú, y en aquellas que transiten a la Agencia de Inventarios de Combustibles.
Esta iniciativa, refiere, podría considerar subastas u otros procedimientos transparentes que eviten la concentración de esa capacidad (que hoy se centra en un 62% en Petroperú) y faciliten el acceso de distribuidores sin infraestructura propia.
Ese esquema, anota, podría replicarse en los terminales concesionados (por Petroperú) a la empresa Terminales del Perú, y ser adoptado voluntariamente por operadores privados con capacidad relevante.
Operación sin discriminación
La segunda propuesta es que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) priorice los lineamientos de la AIC y asegure que la nueva infraestructura pública y los activos bajo su gestión, operen con reglas abiertas, transparentes y no discriminatorias.
Esa operación además, recomienda, debería hacerse incluyendo mecanismos de solución de controversias y tarifas de recepción, almacenamiento y despacho fijadas por Osinergmin, y basados en criterios de eficiencia.

En tercer lugar, recomienda que el Minem evalúe una ventanilla única especializada, u otra alternativa regulatoria, para el desarrollo de proyectos de almacenamiento, articulando los requisitos del propio ministerio, Osinergmin, las autoridades ambientales, el Ministerio de Cultura y los gobiernos locales.
Predictibilidad
La última propuesta es que el Minem incorpore los principios de transparencia, predictibilidad y neutralidad competitiva, al emitir disposiciones excepcionales y transitorias.
“Toda intervención debería identificar el problema, justificar su necesidad y proporcionalidad, evaluar alternativas con menor impacto competitivo, explicar los beneficios diferenciados cuando recaigan en un solo operador y establecer mecanismos de seguimiento y revisión”, refiere el informe.
Estas propuestas, señala el Indecopi, son preliminares y se someten a consideración de las entidades públicas, empresas, asociaciones, consumidores y demás interesados (hasta este 12 de octubre), para validad, precisar o modificar el diagnóstico y las medidas planteadas antes de la emisión del informe final.

Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan. Labora actualmente como analista económico especializado en industrias extractivas, energía y transportes en el diario Gestión.







