Perú se prepara para enfrentar los efectos de un eventual fenómeno de El Niño en medio de una elevada inflación y una grave situación alimentaria que ya afecta a cerca de un tercio de los peruanos.
En los últimos años, el Perú se ha posicionado como el país de Sudamérica con el mayor nivel de inseguridad alimentaria, es decir, con dificultades para acceder de manera regular a alimentos suficientes y adecuados.
Según un reciente informe realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) junto a otro organismos internacionales, el 33.6% de la población peruana estuvo en situación de inseguridad alimentaria moderada o grave entre 2023 y 2025. Aunque es menor que años previos a este periodo, aún se encuentra por encima de niveles de hace una década.
En tanto, un reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), con asistencia técnica de la FAO, advierte que solo en 2025 la inseguridad alimentaria afectó a un 30.5% en magnitud moderada o severa, equivalente a más de 10 millones de personas.
Los datos del INEI detallan que esta falta de acceso a alimentos alcanzó al 42% de peruanos en situación de pobreza y al 49.7% de quienes estaban en pobreza extrema, pero también llegó al 26.5% de la población no pobre.
Con esta mayor inflación, ante un incremento del costo de los combustibles y las recientes complicaciones en el abastecimiento de productos, el INEI indica que los precios de los alimentos aumentaron 3.99% en Lima y 3.78% a nivel nacional en lo que en el último año (septiembre 2025 - agosto 2026).
El 33.6% de la población peruana estuvo en situación de inseguridad alimentaria moderada o grave entre 2023 y 2025.
El problema no se limita a que las familias tengan que pagar más por los mismos productos, sino que cuando sus ingresos no aumentan al mismo ritmo, se reduce el dinero que pueden destinar a la alimentación, señaló Carolina Trivelli, extitular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) e investigadora del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).
“[...] Las familias más pobres tienen presupuestos muy rígidos. Cerca de la mitad de lo que gastan es en alimentos y el resto se va en energía, gas, transporte, salud, educación. Cuando suben los precios del gas, de la electricidad o del transporte y no han subido los ingresos, terminas ajustando la variable de alimentos”, comentó a Gestión.
Además de la actual alza de precios, Trivelli consideró que lo más probable es que se vea un impacto en la disponibilidad y el costo de los alimentos en los últimos meses del año a consecuencia de El Niño, lo que impide una posible reducción de la inseguridad alimentaria en 2026. Es decir, el fenómeno climático podría terminar borrando los ligeros avances logrados en los años previos.
La presión sobre el presupuesto de los hogares llega en un momento en que su consumo todavía no recupera completamente los niveles previos a la pandemia.
El doble golpe
El impacto de El Niño no tendría que traducirse necesariamente en una pérdida masiva de alimentos para terminar afectando la alimentación de los hogares. El fenómeno, indicó, puede golpear primero los ingresos de las familias y, por otra vía, elevar el costo de los alimentos.
El impacto sobre los ingresos podría darse, por ejemplo, entre las personas que dependen de actividades como la agricultura, la pesca o el procesamiento de productos, que son los que se verían afectados por la emergencia climática.
“Tenemos problemas asociados a la volatilidad de los ingresos de las familias peruanas, sobre todo, de las más vulnerables. Eso se traduce directamente en inseguridad alimentaria. Si lo que comes hoy depende de lo que ganaste ayer, cuando hayan días ‘malos’, vas a comer menos o insuficiente. Eso es inseguridad alimentaria”, sostuvo.
El otro lado del problema está en aquello que ocurre antes de que los alimentos lleguen al consumidor. Joanna Kámiche, directora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, recordó que el impacto climático puede alterar la producción y, con ello, la cantidad de alimentos que llegan a los mercados.
Las temperaturas elevadas pueden afectar el rendimiento de los cultivos, mientras que las lluvias intensas pueden provocar pérdidas de áreas agrícolas. El riesgo tampoco se limita a los agricultores que venden su producción.
“Más de un 40% de la población rural autoconsume, o sea, ellos comen lo que siembran. Si hay problemas de altas temperaturas o de lluvia intensa que hacen perder los cultivos, hay gente que no va a tener qué comer porque la producción se va a perder”, señaló.
La preocupación no queda solo en el 2026 pues, advirtió, “algunas proyecciones indican que el cambio de temperatura va a seguir en toda la primera mitad del 2027”.
A ello se suma el transporte de los alimentos. Las lluvias intensas pueden afectar carreteras y puentes utilizados para trasladar la producción desde las zonas agrícolas hacia los mercados, lo que puede encarecer el traslado y dificultar que diversos productos lleguen con normalidad.
La presión sobre el presupuesto de los hogares llega en un momento en que el consumo de los hogares todavía no recupera completamente los niveles previos a la pandemia. (Imagen: Andina)
¿Qué zonas están más expuestas?
Este riesgo se cruza con las diferencias que ya existen entre departamentos. Un estudio de la Universidad del Pacífico identifica a Puno, Ayacucho, Cajamarca, Amazonas y Huancavelica entre los departamentos donde más del 60.3% de la población se encontraba en situación de inseguridad alimentaria
Al cruzar ese mapa con el escenario climático, Puno, Ayacucho y Huancavelica son los casos donde se observa una coincidencia con la zona de la sierra sur expuesta a las condiciones de sequía.
En el norte existe otro foco de riesgo. Kámiche identifica a la costa norte como una zona donde las lluvias intensas pueden afectar cultivos y actividades agrícolas. Allí se encuentran productos como arroz, limón, plátano y mango, cuya producción puede verse afectada tanto por el exceso de agua como por cambios en las temperaturas.
¿Qué margen queda para responder?
Ante una eventual emergencia, Kámiche considera que una de las prioridades será asegurar que los alimentos continúen llegando a los hogares.
“El tema es garantizar que los alimentos estén disponibles. Es ahí donde se tendrá que trabajar mucho para tener claro qué tipo alimentos se requiere y dónde se consiguen. Por lo menos los más básicos en términos de la dieta que esté disponible. [...]”, sostuvo.
En tanto, Trivelli consideró que el Estado debería definir con anticipación cómo se apoyaría a los hogares más vulnerables y evitar que la reacción se construya recién cuando la emergencia ya esté en curso.
“Hay que tener listos los paquetes de ayuda para las familias. En ese caso, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dar bonos, a donar alimentos o dinero a las ollas comunes de cada ciudad para que alimenten a la gente? Ese plan deberíamos conocerlo todos”, refirió.
Asimismo, resaltó que el Gobierno no debería esperar a que se produzca una interrupción de las cadenas de abastecimiento o una fuerte subida de precios. El primer paso sería asegurar que los alimentos puedan seguir llegando a los mercados, incluso si el fenómeno termina afectando carreteras u otras vías de transporte, como ya ocurrió anteriormente.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.
