Como reflejo del crecimiento sostenido de los precios de los minerales, la recaudación vinculada a la minería en el Perú (ingresos tributarios y no tributarios) mantiene tendencia al alza en los primeros meses del 2026, tras superar los S/ 26,000 millones el año pasado (41.4%), una cifra récord.
Sin embargo, la evolución de la recaudación a esta industria extractiva el próximo quinquenio podría depender de los resultados de la segunda vuelta electoral que tendrá lugar el próximo domingo 7 de junio.
Evolución de la recaudación minera hasta febrero del 2026 (no incluye la de marzo, que también siguió creciendo). fuente: Minem
En camino a récord este año
De enero a marzo del 2026, los ingresos del sector acumularon S/ 8,919 millones, 46.9% más respecto al igual periodo del año pasado.
Esa cifra, de repetirse en los siguientes tres trimestres, podría llevarnos a superar los S/ 35,600 millones al cierre del 2026, es decir batir récord por segundo año consecutivo, y aportar mayores transferencias a gobiernos regionales y locales.
Actualmente, si bien hay correcciones temporales en el precio del cobre por desaceleración china o tensiones comerciales, su cotización apunta a una tendencia estructural positiva de largo plazo, apuntalada por la demanda esperada para redes eléctricas, energías renovables, baterías e infraestructura para inteligencia artificial.
Perú en camino a batir nuevo récord en recaudación minera, pero JP dice que Perú no se beneficia de altos precios de minerales. Foto: Andina.
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Pese a los buenos resultados, lo que hoy genera incertidumbre en los empresarios del sector es el resultado que pueda tener la segunda vuelta electoral a disputarse en poco más de una semana entre Fuerza Popular (FP) y Juntos por el Perú (JP).
Ello, considerando no solo la parte de los planes de gobierno de ambos partidos referidos a la minería, sino también por lo que declaran o dejan de declarar sus candidatos Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, y demás integrantes de los partidos, sobre el tema, o las decisiones que toman sus bancadas en el Congreso de la República.
Por ejemplo, a pesar de los incrementos en dos dígitos de la recaudación a la minería, y que se reflejan en aumentos en las transferencias a los gobiernos regionales y locales, según JP, el auge de los precios de los minerales no ha beneficiado al Perú.
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La propuesta de Sánchez
Con esa idea como base, el plan de JP propone crear un impuesto a las sobreganancias o “utilidades extraordinarias”; elevar las regalías en 20% sobre la base actual; aumentar en 40% los ingresos de la explotación minera actual; y eliminar los contratos ley y regímenes tributarios especiales al sector.
Igualmente, propone reducir el plazo de concesiones mineras (improductivas) de 30 a 5 años; que el 100% de las concesiones extinguidas pasen al control del Estado; y que el 70% de las concesiones en conflicto formalizadas pasen a favor de cooperativas mineras, las cuales incluirán a mineros informales.
Por su parte, entre las principales propuestas de Fuerza Popular figura la modernización de la Ley General de Minería para evitar la especulación en las concesiones mineras mediante plazos obligatorios de exploración y producción.
También plantea establecer un fast track para proyectos estratégicos, crear incentivos tributarios a la reinversión y un régimen diferenciado para la minería artesanal y de pequeña escala con apoyo técnico y acceso al crédito formal, entre otros.
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¿Es viable aumentar tributos al sector?
Anteriormente, la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Julia Torreblanca, refirió a Gestión que, de cara a la segunda vuelta electoral, se necesita que ambos candidatos garanticen que se va a impulsar la cartera de proyectos de nuevas minas por más de US$ 60,000 millones y, sobre todo, la correspondiente a la cartera de exploración.
A su turno, el extitular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Rómulo Mucho, dio a entender que resulta contradictorio que en Perú se esté generando incertidumbre política para las inversiones, cuando a nivel mundial hay una corriente que busca más capital en el sector, dado que las reservas mineras no van a ser suficientes para atender la demanda del mercado.
Para saber qué tan viable es introducir nuevos ajustes al esquema tributario aplicado a la minería en el Perú desde el 2011 (con cambios introducidos por el Gobierno de Ollanta Humala), o eliminar contratos al sector, Gestión consultó con diversos expertos en el ramo.
Marcial García Schreck, socio de impuestos de EY Perú, refirió que el esquema que aplicó Humala en el 2011 ya introdujo el mecanismo de sobreganancias, por ejemplo, a través del Impuesto Especial a la Minería, que aumenta en forma progresiva en función a cómo evolucionan los precios de los minerales.
“Cuando los precios suben, el sistema tributario reacciona y a través de la progresividad de las tasas captura una mayor proporción de la renta minera”, anotó. García Schreck agregó que eso explica que ahora el Perú esté rompiendo récords en recaudación, aun cuando, en el caso del oro, su producción esté cayendo.
Carga fiscal al sector minero en la región. Fuente: Plan de Gobierno de Fuerza Popular.
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Competitividad en riesgo
A su turno, Alex Córdova, presidente del Comité Tributario de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), recordó que ya cuando Pedro Francke (actual jefe del plan de gobierno de JP) fue ministro de Economía y Finanzas del expresidente Pedro Castillo, propuso un paquete de medidas para aumentar impuestos a la minería, pero el Congreso de la República lo descartó “porque la realidad es que no necesitamos aumentar más impuestos al sector”.
Además, observó que mientras JP insiste en ese tipo de medidas, hoy por el contrario los gobiernos de Chile y Argentina están proponiendo a sus Congresos reducir impuestos a la minería y otorgarles estabilidad jurídica y fiscal a las grandes inversiones mineras, con lo cual se va a quitar competitividad al Perú.
Córdova, a la vez socio especializado en derecho tributario del estudio Rodrigo, Elías & Medrano, observó que, por el lado contrario, la propuesta de Fuerza Popular busca más bien mantener el régimen impositivo que ha funcionado bien, y que resulta competitivo y va a promover la seguridad jurídica a las inversiones.
Sin embargo, el experto consideró que, ninguno de los dos partidos, ni JP ni FP, ha señalado una estrategia clara con respecto a cuáles serán sus planes para enfrentar el problema de la minería ilegal.
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Carga al sector ya es del 46%
Dante Sanguinetti, socio de impuestos del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), consideró que es muy sencillo propone elevar impuestos al sector minero, pero que antes se debe evaluar qué tan competitiva resultará una eventual nueva carga tributaria respecto a otros países mineros.
Se estima que hoy la carga tributaria al sector minero del Perú es del 46%, y ya resulta bastante alta no solo respecto a la que se aplica a otros sectores en Perú, sino en la región. “Eso se debe tomar en cuenta, pues si eso se recarga aún más, los capitales huyen”, anotó.
Añadió que si ahora se pone como propuesta la eliminación de los contratos de estabilidad jurídica y tributaria al sector minero, que se estaría -por el contrario- perdiendo impuestos, dado que las empresas que los tienen suscritos deben aportar dos puntos porcentuales más sobre la tasa del Impuesto a la Renta que tributan.
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En tanto, Eduardo Lanao, presidente de Prominería, consideró que sería un error la propuesta, por ejemplo, reducir aún más los plazos de las concesiones, cuando aún tenemos que promover 67 proyectos de nuevas minas en cartera por US$ 64,000 millones.
Coincidió en que este tipo de propuestas van en contrasentido a lo que buscan otros países vecinos, como Argentina, que ha creado un régimen de incentivos a las grandes inversiones, que podrían absorber incluso las inversiones mineras que se buscaba realizar en el Perú.
“Lo que van a hacer es terminar de asfixiar a la gallina de los huevos de oro, cuando éste ahora tiene la oportunidad de ir a otros países y redirigir hacia ellos sus inversiones, lo que nos puede llevar a una crisis económica”, advirtió.
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan. Labora actualmente como analista económico especializado en industrias extractivas, energía y transportes en el diario Gestión.
