Un costo fiscal multimillonario, aun de manera conservadora, significará la aplicación de los cambios en el régimen de pensiones del personal militar y policial, impulsados por el Congreso y validados por el Ejecutivo mediante la Ley 32561, de marzo último.
En un reciente informe, desde el Consejo Fiscal estimaron que los cambios al marco legal de este régimen de pensiones (Decreto Legislativo 1133) ascenderían a un costo anual neto de hasta S/ 46,000 millones en valor presente. Uno de los principales “dinamizadores” de este costo es que se retorna a un esquema de “cédula viva”.
La cifra del CF difiere significativamente de lo estimado desde el Gobierno. En una inicial observación a este proyecto de norma, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) calculó el impacto hasta en S/ 14,900 millones anuales. El monto presentado por el Consejo Fiscal lo más que triplica.
“En un escenario conservador, porque no estamos considerando todos los ajustes a este régimen de pensiones, el costo que pagaremos todos los peruanos por esta medida es más del triple. En resumen, la diferencia está en que desde el MEF se excluyen varios aspectos, pero el análisis evidencia costos sustancialmente mayores”, explicó Alonso Segura, presidente del CF, en diálogo con Gestión.
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El también extitular del MEF apuntó que una de las principales diferencias en las estimaciones radica en que desde el Gobierno consideran únicamente a los afiliados actuales al sistema, sin incorporar al personal que cada año se integrará a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú.
Composición del costo fiscal
El incremento estimado para el Tesoro Público de hasta S/ 46,000 millones está compuesto por tres componentes, principalmente. Alrededor de S/ 38,900 millones corresponderían a un mayor gasto en la planilla de pensiones y S/ 14,100 millones por mayores aportes del Estado.
Este monto sería “marginalmente compensado” por el aumento de los aportes del personal militar y policial activo, ascendente a los S/ 7,200 millones.
El informe resaltó que, según el sistema vigente, la tasa de aporte del afiliado militar y policial es de 15% de sus remuneraciones. Sin embargo, a fin de cubrir los beneficios aprobados, se requeriría elevar dicha tasa de aporte a un 42% de las remuneraciones “para que el sistema sea autosostenible”. Pero esto no ocurrirá.
Segura comentó que, en su lugar, todos los peruanos tendremos que asumir este nuevo costo fiscal. “El Estado financiaría con recursos del Tesoro Público prácticamente el 64% de estas pensiones, como un subsidio directo para los pensionistas de ese régimen previsional”, recogió el informe.
En el Sistema Privado de Pensiones, todos los afiliados financian el 100% de sus pensiones con sus aportes sin recibir ningún subsidio por parte del Estado.
En este escenario, Segura indicó que uno de los principales riesgos que elevarían el costo fiscal es su vinculación a la remuneración vigente.
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“Uno de los principales riesgos es la nivelación [de la pensión con el salario vigente]. Pese a que está constitucionalmente prohibido se ha hecho. Los salarios han creciendo en casi 48% en la última década. ¿Qué pasará si se deciden más aumentos?”, sostuvo.
Revisión de propuestas
Segura subrayó que esta propuesta ya promulgada contiene fuertes vicios de inconstitucionalidad. “Se afecta el equilibrio presupuestal, la gestión de la hacienda pública, el manejo de recursos humanos, son varios los artículos que se vulneran”, anotó.
Cuestionó que el Legislativo haya efectuado este ajuste pensionario sin un estudio sobre su financiamiento, saltándose las segundas votaciones y bajo un esquema de insistencia.
Agregó que no se trata de solo una propuesta que generará un fuerte desequilibrio financiero, sino que son varias decenas que están en el radar del Legislativo.
Una de las perjudiciales para las finanzas públicas es la que efectúa cambios en las pensiones del magisterio y que, según estimados del CF, desde su primer año de aplicación demandaría recursos por hasta S/ 8,000 millones.
Para el presidente del CF, todo este escenario requiere de análisis exhaustivos. La primera opción está en el propio Congreso, que tiene la facultad de derogar leyes.
“No tiene por qué ser el siguiente Legislativo, sino que el actual puede actuar. Además, es una pregunta válida para los dos candidatos presidenciales en segunda vuelta: ¿cómo se financiará todo esto?”, subrayó.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
