Esta semana el Congreso de la República publicó la ley 32581, que establece un incremento significativo en las pensiones de docentes jubilados y cesantes. Sin embargo, no es la única propuesta para elevar pensiones presentada en el último año.
Desde mediados del 2025 hasta abril del 2026 se han presentado más de 10 proyectos de ley que buscan mejorar, con presupuesto del Estado, las condiciones previsionales de grupos específicos.
En detalle, durante este año -cuya legislatura inició en marzo- se vienen presentado proyectos para establecer “pensiones dignas” para docentes de institutos pedagógicos y para trabajadores del sector salud, además de propuestas para incorporar a trabajadores CAS al régimen 728 en programas vinculados a pensiones.
Durante 2025, la tendencia fue similar. Se plantearon iniciativas para mejorar pensiones de auxiliares de educación, trabajadores del sector salud y docentes cesantes, así como proyectos que buscan otorgar pensiones proporcionales, bonos o incrementos vinculados a remuneraciones actuales.
Hay 13 proyectos de ley que buscan mejorar las condiciones previsionales de grupos específicos como docentes, trabajadores del sector salud, auxiliares de educación e incluso artistas.
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Lo que se deja al próximo gobierno
Como ya venía advirtiendo el Consejo Fiscal, este tipo de medidas generan un fuerte impacto en las finanzas públicas. La recientemente promulgada ley que incrementa pensiones a los docentes jubilados implicaría un costo fiscal de S/ 8,018 millones anuales, lo que se suma a otra ley aprobada que eleva las pensiones del personal militar y policial con un costo total de S/ 14,851 millones.
Estos gastos corrientes son permanentes, lo que significa que no podrían revertirse una vez que sean aplicadas. El aumento de iniciativas no solo implica mayores compromisos de gasto, sino que se produce en un contexto en el que ya existen dificultades para cumplir con la meta fiscal, comentó Carlos Casas, exviceministro de Economía.
Hasta la fecha el déficit fiscal proyectado para 2026 se sitúa oficialmente en torno al 1.8% del PBI. Sin embargo, los especialistas consideran que difícilmente se lograría cumplir la meta de este año, lo cual terminaría complicándose aún más sí se terminan por aprobar los otros proyectos previsionales que viene acumulando el Congreso.
“No creo que se cumpla la meta. Más bien estaríamos por encima del 2% nuevamente y no cumpliríamos con la regla, que es lo que miran los que hacen la calificación de riesgo, y eso es lo que nos pone en peligro”, indicó Casas.
En la misma línea, el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, sostiene que el problema va más allá del déficit anual pues las iniciativas aprobadas y en discusión terminarían generando una rigidez creciente en el presupuesto público.
“No hay forma de cumplir la meta. Tenemos ya leyes que van a ser inaplicables porque no hay forma de hacerles frente o lo que esto abre es eventualmente desfinanciar otras partidas o aumentar impuestos”, advirtió.
Más allá del impacto fiscal inmediato, uno de los principales cuestionamientos apunta a la sostenibilidad del sistema previsional. Castilla alertó que algunas de estas medidas podrían reabrir esquemas como la denominada “cédula viva”, es decir, buscarían vincular la pensión directamente con la remuneración.
Del total de proyectos que ha presentado el Congreso en el último año para regular las pensiones, al menos 3 implicaría la lógica de la cédula viva: Las iniciativas para docentes de educación superior pedagógica y para trabajadores del sector salud.
En ese sentido, Castilla explicó, este mecanismo genera un efecto espejo en el que cualquier incremento salarial se traslada automáticamente a las pensiones, lo que resulta altamente costoso para el Estado. Esto no solo eleva el gasto previsional, sino que también limita la capacidad del Estado para ajustar remuneraciones en el sector público, ya que cualquier incremento tiene un impacto directo en las obligaciones pensionarias.
“Se está reabriendo un concepto que es nefasto para las finanzas públicas. Estaría haciendo una compuerta que no solamente desordena las cuentas fiscales, si no va en contravía de lo que debería ser un sistema previsional. El Congreso no le está no le está dando la más mínima importancia y está hipotecando el futuro del país y está creando un precedente muy fuerte”, afirmó.
Otros efectos
El riesgo afectaría las finanzas a largo plazo. De aprobarse varias de estas iniciativas, el impacto podría reflejarse en el aumento sostenido de la deuda pública en los próximos años, indicó Casas.
Según sus estimaciones, incluso sin estas medidas ya se proyectaba un incremento del ratio de deuda por encima del 30% del PBI. Con nuevas obligaciones permanentes, este indicador podría elevarse más rápidamente, afectando la percepción de los inversionistas.
“Si no cumples varios años con la regla fiscal, las calificadoras lo observan. Eso afecta la rentabilidad de los bonos y las tasas de interés pueden empezar a subir”, explicó.
En ese escenario, advirtió que el país podría perder el grado de inversión, lo que encarecería el financiamiento y tendría efectos en distintos sectores, incluyendo el sistema previsional.
¿Qué puede hacer el Gobierno?
Ambos especialistas coinciden en que el margen de acción para el Poder Ejecutivo es reducido frente a leyes aprobadas por el Congreso. Si bien existen mecanismos como la reglamentación o la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de algunas normas, estos procesos toman tiempo y dependen de decisiones políticas.
Casas señaló que, en algunos casos, la implementación del incremento de pensiones puede postergarse o condicionarse a disponibilidad presupuestal, trasladando el impacto a los siguientes años o incluso al próximo gobierno. Por su parte, Castilla considera que una de las pocas alternativas viables es recurrir al Tribunal Constitucional (TC).
“Tiene dos opciones: Puede presentar una acción de inconstitucionalidad ante el TC o puede derogarlas pero no he visto ningún gobierno reciente que derogue algún beneficio laboral a un trabajador porque generaría un rechazo sería muy fuerte y no creo que eso ocurra”, indicó Castilla.
Aunque recordaron que la anterior titular del MEF, Denisse Miralles, mostró la intención de plantear la inconstitucionalidad de algunos proyectos hace unos meses, esto se habría dejado de lado por la dependencia que tiene el Ejecutivo del Congreso “para mantenerse en el poder en los pocos meses que restan”. La esperanza a futuro, indican, es que la generación de nuevos proyectos de mayor gasto se reduzcan pues muchos de los grupos parlamentarios que aprobaron esas medidas ya no estarán en el Congreso.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.
