Reactiva Perú, un programa pensado para mitigar el efecto de la pandemia, dejó una lección: en tiempos de crisis, un crédito respaldado por el Estado es capaz de sostener al empleo y a la actividad económica. Detrás de la dinámica, además, quedó otro mensaje: estas iniciativas solo funcionan si los compromisos se cumplen.
Pese a esa lógica, Gestión supo que habría retrasos en el pago del Bono del Buen Pagador (BBP) de Impulso MYPERÚ, programa que nació después que Reactiva para la recuperación económica de las micro y pequeñas empresas (mypes). Esto abre interrogantes sobre la capacidad del Gobierno de turno para sostener la confianza en sus propios esquemas.
Cabe recordar que dicho bono funciona como un “premio” destinado a las mypes que pagan puntualmente sus créditos. En detalle, se espera que el Estado “ayude” a costear la parte final del préstamo.
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La deuda con las mypes
David Tuesta, exministro de Economía y actual presidente del Consejo Privado de Competitividad (CPC), explica la problemática: “El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transfirió, en su momento, parcialmente un monto [para el pago del bono], pero lo habría dejado de hacer. ¿Quién estaría asumiendo completamente los bonos? Las instituciones financieras. Lo habrían hecho por un plazo, incluso cuando no les correspondía. Pero, es un incentivo del Estado, no del banco. [...] Se generan dos problemas con ello. Que el banco ya no desee dar el bono y que, en consecuencia, deje de financiar a varias mypes“.
El especialista, asimismo, refiere que desde hace aproximadamente un año que el Estado no cumpliría con la entrega de esta subvención. En un contexto de incertidumbre económica y electoral, las pequeñas empresas, por tanto, podrían comenzar a ser vistas como protagonistas de operaciones más riesgosas por parte del sistema financiero. Se trataba de “un programa que debió haber funcionado muy bien”, remarca. “El Estado, de pronto, les da la espalda a las mypes”, agrega.
Es oportuno resaltar que, el esquema funciona mediante una coordinación entre el MEF, el Ministerio de la Producción (Produce) y el Banco del Desarrollo del Perú (COFIDE): el primero establece el marco financiero, el segundo transfiere los recursos y el tercero administra el fideicomiso encargado de ejecutar el beneficio, conforme a lo establecido en la Ley N° 31658.
Al respecto, Produce, tras la consulta de Gestión, precisó que “entre el 2023 y el 2026, transfirió un total acumulado de S/ 57.8 millones al fideicomiso del BBP”.
Detalló además la modificación en la cifra: “Este año, pese a que el presupuesto institucional del sector para el 2026 sufrió una reducción del 18% en comparación con el 2025 (equivalente a S/ 77.7 millones menos), en abril logró efectuar una transferencia adicional de S/ 6 millones, mediante acciones de priorización presupuestal, lo que permitió beneficiar aproximadamente a 356 empresas”.
Produce anunció también que, desde el 2023, ha mantenido coordinaciones constantes con el MEF y ha realizado solicitudes de recursos para asegurar el financiamiento del BBP.
En esa línea, trajo a colación un elemento: la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República del Perú solicitó al MEF, mediante oficio remitido el pasado 12 de mayo, comunicar las acciones previstas para garantizar la continuidad del programa y atender el financiamiento pendiente del Bono del Buen Pagador (BBP).
Este diario se contactó con el MEF y le pidió su descargo, pero, hasta el cierra de la nota, no recibió respuesta.
El conflicto por el Bono del Buen Pagador de Impulso MYPERU podría convertirse en un problema de credibilidad financiera para el Perú. (Foto: Andina)
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OCDE pondría la lupa sobre Perú
La preocupación, sin embargo, no se limita al impacto sobre las mypes. Para Tuesta, el retraso en el pago del BBP también golpea la imagen del Perú frente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Comenta que el Comité de Mercados Financieros de la organización exige que los países integrantes —o los que aspiran a ello, como el Perú— mantengan mecanismos sólidos de coordinación público-privada y que el propio Estado no genere riesgos de inestabilidad financiera mediante sus decisiones.
Es decir, el incumplimiento de los pagos comprometidos por parte del MEF puede ser leído como una falta de respeto a las reglas.
“He conversado con especialistas de la OCDE sobre el tema y me dicen que el Comité de Mercados Financieros ya se estaría reuniendo con el fin de evaluar si Perú está demostrando la voluntad y capacidad para implementar los instrumentos legales del programa (BBP). Lo que va a suceder es que, si no se soluciona en el corto plazo [el abono del BBP], la OCDE podría emitir una observación al acceso de Perú y podría retrasar su invitación”, advierte. Recuerda así que la invitación para este país al organismo estaba prevista, como máximo, para finales del 2026.
“La OCDE lo que puede terminar emitiendo es un documento que se llama el Plan de Acción Correctiva, con el cual somete al país a una revisión completa de todo el sistema. [...] O sea, es una alerta, no solamente es un problemita que se ha presentado acá como producto de una mera descoordinación, sino que existe una actitud negativa directa y que puede estar en diferentes ámbitos”, agrega.
El vocero también considera que la OCDE podría tomar este caso como un precedente negativo en otros comités vinculados a competencia, gobernanza y calidad regulatoria. El asunto, sostiene, podría crecer como “una bola de nieve”, porque algunas entidades financieras que participaron en el BBP tienen capital extranjero y podrían recurrir a mecanismo de protección contemplados en tratados bilaterales de inversión o acuerdos comerciales para cuestionar el incumplimiento del Estado peruano.
¿Qué falta para que Perú ingrese a la OCDE? (Foto: EFE)
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El costo reputacional
Cuando se le pregunta al exministro cómo se puede “blindar” un programa estatal frente a cambios políticos o problemas burocráticos, responde que el mayor respaldo debería ser la propia firma del Estado. Es decir, los contratos y compromisos asumidos dentro del programa.
En ese escenario, subraya que las consecuencias son mecanismos más costosos: controversias internacionales y posibles demandas de inversionistas extranjeros. “Cuando el Estado incumple, quien termina pagando el costo es el ciudadano”, reitera. Por eso, ve como elemento medular que los actores especializados alerten sobre la gravedad del tema antes de que el daño reputacional y financiero siga creciendo.
Redactora de Economía en diario Gestión. Periodista piurana con seis años de experiencia profesional en el rubro.
