En las últimas 48 horas se registraron cinco asesinatos solo en Lima y Callao a pesar del estado de emergencia, lo que agiganta la sensación de inseguridad tanto en la capital como en el resto de las regiones, en un panorama donde las redes criminales expanden sus zonas de influencia, según el VII Foro de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
David Ojeda, jefe de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (Sedena), sostiene que el crimen organizado no puede analizarse más como un problema netamente policial, dado que las actividades vinculadas con la minería ilegal, narcotráfico y otras economías ilícitas se relacionan con organizaciones que emplean armas para lograr rentas y disputar el control territorial.
A su criterio, deben ser vistas como “economías ilegales armadas”, y para responder, se requiere una acción coordinada entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, los organismos de inteligencia y el sector empresarial.
- LEA TAMBIÉN: Astudillo pide reabrir debate sobre cadena perpetua para policías y militares que delinquen
Remanentes terroristas y sus nuevos planes
Ojeda añade que los remanentes de Sendero Luminoso en el VRAEM han cambiado sus objetivos y se dedican ahora a proteger el tráfico ilícito de drogas, lo que “dificulta separar” el terrorismo de actividades del crimen organizado.
Mientras que en Pataz (La Libertad) sucede lo mismo con la minería ilegal, la cual trasciende las zonas de extracción y alcanza los mercados internacionales, con efectos sobre la comercialización del oro y la imagen del país.
José Luis Gil, exdirector general de Inteligencia del Ministerio del Interior, advierte que las redes criminales apuntan a tres objetivos: captar recursos económicos, controlar las actividades ilegales y acceder a espacios de poder político. “Algunos en el Congreso, otros en gobiernos regionales o alcaldías”, refiere.
Pone como ejemplo la infiltración criminal en instituciones públicas, y alega que las amenazas contra funcionarios y periodistas formarían parte de los planes de las organizaciones criminales para ampliar su espectro de influencia.
También alerta sobre el terrorismo religioso ante la presencia de ciudadanos radicalizados por ISIS y presuntos integrantes de la Guardia Revolucionaria Iraní.
El avance de las economías ilegales, la minería ilegal y las redes criminales transnacionales plantea un desafío que va más allá de la seguridad ciudadana. Foto: difusión / referencial
Reformas por aplicar
Hernán Couturier, embajador en retiro del sistema de inteligencia nacional, señala que estas organizaciones no solo actúan en el narcotráfico, minería ilegal o trata de personas, sino que también se adentran en las economías informales o semiformales para movilizar recursos con menor trazabilidad.
Ello puso sobre la mesa “la necesidad de mejorar la trazabilidad de las exportaciones y de identificar los mecanismos” mediante los cuales los recursos provenientes de actividades ilícitas ingresan a los circuitos comerciales.
Gil plantea realizar una auditoría general del sistema de inteligencia nacional, a fin de evaluar sus capacidades, recursos humanos y prioridades frente al avance del crimen organizado.
“La respuesta debe abarcar toda la cadena económica de las actividades ilícitas, incluidos los mecanismos de financiamiento, transporte, comercialización y acceso a compradores en el extranjero”, resume.
Coincidieron los especialistas en revisar la respuesta del sistema judicial y la capacidad penitenciaria —debido a la crisis de hacinamiento carcelario— que limita el margen de acción de los procesos judiciales.
Y, por otro lado, resaltaron la ciberseguridad y la construcción de organizaciones criminales “resilientes frente al cibercrimen”, por lo que se requiere una estrategia integral y no solo de intervenciones policiales y militares, sino de la “inteligencia, cooperación internacional y participación preventiva del sector privado”.
