Ante el golpe de la inseguridad ciudadana que afecta a 8 de cada 10 peruanos, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), uno de los principales retos para el Gobierno de Fuerza Popular será priorizar la lucha contra la criminalidad. En ese sentido, una de las promesas de campaña de la presidenta Keiko Fujimori apunta a la construcción acelerada de nuevos establecimientos penitenciarios.
Según el plan de gobierno de Fuerza Popular, durante la administración de Fujimori se pondrá en marcha la construcción de cuatro megapenales de máxima seguridad, cuatro penales estándar modulares para 1,000 internos y un penal especializado para jóvenes infractores. Estos serían administrados temporalmente por las Fuerzas Armadas.
Anteriormente Fujimori precisó que se tomará como referencia la experiencia de El Salvador con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) -con una capacidad para 40 mil presos- que impulsó el gobierno de Nayib Bukele. De esta manera, se busca acelerar la construcción y tenerla listo el proyecto en menos de un año.
“Hemos planteado la construcción de por lo menos cuatro cárceles grandes y una cárcel para los criminales más avezados y más peligrosos. Convocaremos a licitaciones internacionales. Acá lo importante es hacerlo rápidamente. Sabemos que en El Salvador el presidente [Nayib] Bukele construyó estas cárceles en ocho meses, acá lo tenemos que hacer un poco más rápido”, dijo a un medio colombiano.
Actualmente hay alrededor de 63,000 presos adicionales al nivel máximo que pueden ocupar las cárceles. Foto: Joel Alonzo/GEC
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Hacinamiento en cárceles
La propuesta resalta en medio de un sistema penitenciario que opera con un elevado nivel de hacinamiento. Según el último informe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), las 69 cárceles peruanas albergan cerca de 105,000 internos pese a que su capacidad instalada bordea las 42,000 plazas, lo que implica una sobrepoblación superior al 133%.
Con este panorama, la construcción de nuevos penales para 10,000 o 20,000 personas no cerraría la brecha actual, pero podría aliviar el nivel de hacinamiento, indicó Álvaro Cubas, economista senior del Consejo Privado de Competitividad (CPC).
“Actualmente hay alrededor de 63,000 presos adicionales al nivel máximo que pueden ocupar las cárceles. La construcción de las megacárceles pueden aliviar, pero una sola no podría porque aún quedaría una brecha significativa de sobrepoblación de presos. Otro problema es la calidad de los establecimientos: tres de cada cuatro tienen condiciones inadecuadas de infraestructura y, de esos, solo tres de cada 100 tienen capacidades adecuadas de seguridad”, comentó a Gestión.
Flavio Ausejo, especialista en políticas públicas de la PUCP, coincidió que la medida sería pertinente para reducir el hacinamiento crítico en penales como el del Callao -que tiene cinco veces más internos que la capacidad esperada-, pero advirtió que no necesariamente permitiría reducir la delincuencia.
“Si el objetivo va a por atender el alto nivel de victimización, no creo que funcione. Es insuficiente porque hay otro conjunto de elementos sobre el que el Gobierno debe tomar acción para que efectivamente pueda existir alguna posibilidad de reducir esos indicadores”, comentó.
Ausejo precisó que el marco legal se ha debilitado y el sistema judicial presenta demoras que impiden juzgar con celeridad. En tanto, el cambio que se hizo hace algunos años con el nuevo Código Procesal Penal no está entregando los resultados esperados.
Las 69 cárceles peruanas albergan cerca de 105,000 internos, lo que significa una sobrepoblación superior al 133%.
¿Es posible construir los penales en menos de un año?
Por el momento, el plan de Fuerza Popular no precisa cuánto podría costar replicar en el Perú un modelo similar al de El Salvador -que gastó entre US$ 100 millones y US$ 135 millones para poner en funcionamiento el CECOT- ni el mecanismo de ejecución de proyecto para lograr su construcción en 8 meses o menos.
La experiencia del país construyendo o mejorando cárceles apunta a plazos más largos, recordó Cubas. Por ejemplo, en 2014 se inició la inversión en el nuevo establecimiento penitenciario de Ica y aún no se culmina e incluso la Contraloría General de la República venía alertando que las licencias y permisos para la ejecución vencerían en junio.
Otro caso es el de la ampliación del establecimiento penitenciario de Arequipa, que comenzó su ejecución financiera en 2013, pero hasta ahora no se culmina (está paralizado).
Es decir, han pasado más de 10 años en ambos proyectos desde que gastaron su primer sol. Por eso, indicó Cubas, habría que optar por modalidades más eficientes para alcanzar la meta que plantea Fujimori.
“Hay una deficiencia en, incluso, mejorar o ampliar la infraestructura actual. El tema aquí es qué tanto va a requerir y qué tan rápido se va a poder poner en operación esta propuesta [...] Las modalidades como las Asociaciones Público-Privadas (APP) u Obras por Impuestos (OxI) han mostrado mayor eficiencia y podrían ser una alternativa para reducir los tiempos de ejecución porque tienen mejor capacidad que el modelo tradicional”, comentó.
El especialista del CPC recordó que existen experiencias internacionales donde se recurrió a establecimientos penitenciarios modulares para acelerar la construcción y reducir costos, aunque aclaró que el tiempo final dependerá del diseño del proyecto, la obtención de terrenos y la modalidad de contratación que finalmente adopte el Estado.
A su vez, Ausejo coincidió en que el marco normativo vigente ofrece herramientas para acelerar proyectos de infraestructura, aunque considera difícil asegurar que puedan completarse en apenas algunos meses.
“Me parece un plazo bastante corto. Pero las reglas actuales sí permiten que el Estado y el sector privado trabajen como socios mediante mecanismos que agilizan la ejecución”, señaló.
Además de las APP y OxI, indicó que otras opciones que podrían impulsar un desarrollo de proyectos de infraestructura con mayor rapidez son los contratos estandarizados, metodología BIM o los acuerdos Gobierno a Gobierno.
Pero, para el especialista, el éxito de la propuesta no dependerá únicamente de la velocidad con la que se construyan los establecimientos.
Para reducir la delincuencia, añadió, la infraestructura debe ser parte de una estrategia global que incluya la prevención, intervención y restitución. Una política contra la delincuencia, agregó, requiere fortalecer la prevención del crimen organizado, atacar las fuentes que alimentan economías ilegales como la extorsión y la minería ilegal, y mejorar la capacidad del sistema judicial para procesar a los responsables.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.
