La economía peruana cerrará este quinquenio con un resultado poco destacable, ante el impacto de la incertidumbre sociopolítica y las actividades ilegales, quedando por debajo del potencial que pudo alcanzar con los altos precios de los metales, advirtió un análisis de la Escuela de Dirección Universidad de Piura (PAD).
Para Juan José Marthans, Director del Área Académica de Economía del PAD, las decisiones políticas erróneas y sus implicancias sociales han llevado al Perú a un crecimiento promedio estimado de 2.5% en estos últimos cinco años, mientras que la inversión privada alcanzó un avance de 3.3% del 2022 al 2026.
“Perú pudo crecer dos a tres veces más que eso, pero por factores sociopolíticos se rompió esa posibilidad. Basta con que pusieran en tela de juicio la Constitución y se satanizara a la inversión privada para que todo esto se acabe. Eso tiene un costo. Cuando no hay un entorno adverso, como el que hemos tenido estos últimos 5 años, la inversión privada crece a doble dígito y el PBI a 6%”, sostuvo durante una reciente presentación en la PAD.
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Con este menor crecimiento del PBI, el país dejó de ganar o generar bienes por un monto equivalente a los US$ 51,300 millones.
Asimismo, las economías ilegales, que incluyen el narcotráfico, la minería ilegal, la tala de árboles y el contrabando, le han restado al país unos US$ 45,600 millones en estos cinco años.
“El costo quinquenal de ambos frentes supera los US$ 100,000 millones. Eso significa que las decisiones inoperantes, poco responsables, poco serias que mandan del frente político del país, porque toda esta suerte de imperfección está ligada a decisiones políticas, nos cuesta US$ 20,000 millones al año”, explicó Marthans.
De acuerdo con el análisis, la minería ilegal representa un costo equivalente al 2.3% del PBI, mientras que la delincuencia drena un 3.1% a la economía, seguido por la corrupción que impacta en un 2.4%.
Estos costos, tanto de economía ilegal y efectos sociopolíticos, han sido más graves que otros factores externos con incidencia en el país durante estos últimos años.
“Cuando el frente político, de manera encubierta, permite el desarrollo de la ilegalidad, la informalidad, el contrabando, el narcotráfico y se asocia a ellos generando leyes que impiden el desarrollo del sector productivo denotan un costo en más de tres puntos porcentuales del PBI al año, lo que perturba el desarrollo económico del país”, precisó a Gestión.
El Perú dejó de generar US$ 50,000 millones por inestabilidad política y perdió otros US$ 45,600 millones por las economías ilegales, según la Escuela de Dirección Universidad de Piura (PAD).
Además de las medidas que favorecieron a las economías ilegales, se advirtió un efecto por los constantes cambios de autoridades y la falta de requisitos técnicos para ocupar cargos públicos. Solo en la administración de Pedro Castillo, recordó, se tuvieron más de 70 ministros en poco más de un año de gestión.
Según el PAD, la incertidumbre generada en 2022 llevó a una fuga de capitales que alcanzó los US$ 25,600 millones, equivalente al 8% del PBI, así como a una rebaja de la calificación soberana y un deterioro de la confianza empresarial.
Lo que debería priorizar el próximo gobierno para crecer más
Con un nuevo Gobierno que garantice la continuidad del modelo económico, la PAD estima que el crecimiento del PBI de este año será de alrededor de 5% pese al posible impacto de factores como el fenómeno de El Niño y el conflicto geopolítico en Medio Oriente.
Incluso, Marthans consideró que, para el próximo quinquenio, resulta viable alcanzar un crecimiento promedio de entre el 5% y 6% anual, impulsado por los altos precios del cobre y el oro.
“Podemos tener cinco años de un crecimiento promedio sobre el 5% porque el precio del cobre no va a caer porque está sostenido por factores estructurales, como el cambio de la matriz tecnológica, y el precio del oro se va a mantener fuerte por algunos meses más. Con esos vientos a favor no existe excusa”, dijo.
Pero, al igual que en años previos, esas cotizaciones solas no son suficientes. Para evitar un estancamiento y aprovechar el ciclo favorable de los metales, el economista planteó que el nuevo Gobierno implemente una reinstitucionalización del Estado.
Este proceso implicaría hacer más transparente el desempeño del sector público, así como reformar el esquema de procedimientos que impiden el desarrollo de la inversión en infraestructura y en minería.
El economista sostuvo que mientras el Estado no pase por una reingeniería integral que mejore su calidad de gestión y organización, el crecimiento no podrá sostenerse en el largo plazo y no llegará a traducirse en bienestar real para gran parte de la población.
“No basta con crecer, hay que hacer sostenible ese crecimiento y sin institucionalidad no se hace sostenible. Hay que establecer una política clara para reinstitucionalizar el país, que va a ser lo más efectivo para reducir la presencia de la ilegalidad y de los representantes de ilegalidad en el Congreso y en el Poder ejecutivo. El Estado como está es parte del problema, no es la solución del problema”, sostuvo.
Este año, con un nuevo gobierno que no cambie el modelo económico, se esperaría un crecimiento del PBI de alrededor de 5% pese a los factores negativos que se enfrentarán como el fenómeno de El Niño y el conflicto geopolítico.
Asimismo, resaltó la necesidad de una reorganización administrativa y estructural de la gestión pública. Esto, indicó, podría incluir la reducción de ministerios, pues actualmente contar con 18 ministerios es “absolutamente inoperante” ante los problemas de calidad de gestión, organización y gobernanza que se generan.
Adicionalmente, señaló que se podría plantear la fusión de algunas de las entidades de regulación para reducir la burocracia.
“Muchos asocian el problema del Estado al problema de Servir, pero es mucho más grave. Hay que plantear una reingeniería integral del Estado con una visión de mediano y largo plazo. Eso significa que el próximo presidente va a tener que crear consensos políticos para que haya compromisos efectivos ligados, básicamente, a proyectos estratégicos de infraestructura. Ese es parte del problema que hay que solucionar en este país”, agregó.
La reingeniería del Estado, indicó, también debe alcanzar el proceso de descentralización que, actualmente, entrega dos tercios del presupuesto de inversión pública a gobiernos regionales y municipales que, en muchos casos, carecen de capacidad técnica o presentan altos índices de corrupción.
El sistema actual, añadió, ha generado que se deje de ejecutar el 30% del presupuesto de inversión pública cada año, dinero que regresa al Tesoro, mientras sectores como salud y educación quedan desatendidos.
Además, resaltó que aunque se han implementado reformas de primera, segunda y tercera generación estas no han generado cambios de fondo ni efectividad real en sectores como salud, educación y justicia, por lo que es necesario redefinirlas.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.
