La historia importa en economía. Importa porque la memoria es corta y las recetas equivocadas regresan disfrazadas de novedad.
En las últimas décadas, el Perú ha vivido un ciclo largo de crecimiento sostenido, ha atravesado turbulencias políticas serias y, a pesar de ellas, sigue creciendo, aunque a un ritmo menor, debilitado por la incertidumbre de los últimos años. En ese contexto, algunas voces sostienen que el modelo económico necesita un cambio radical. Hay espacios de mejora, por supuesto, y en ellos debemos avanzar. Pero las propuestas de cambios drásticos encuentran eco en buena parte de la población y, por eso, conviene volver a la historia. Como dice la frase tantas veces citada: los pueblos que no conocen su pasado están condenados a repetirlo.
Un hecho estilizado de la economía peruana es el siguiente: cada vez que el Estado ha ampliado su presencia directa en la economía –mediante empresas públicas, control del tipo de cambio o congelamiento de precios– la volatilidad ha aumentado. El PBI crece por encima de su tendencia, impulsado por estímulos populistas, y, poco después, se derrumba abruptamente.
Esa volatilidad no es un detalle técnico: es destructiva. Un entorno inestable desalienta las decisiones de largo plazo –invertir, comprar una vivienda, adquirir un automóvil o un electrodoméstico– y termina generando más pobreza y una redistribución regresiva del ingreso. Los grupos más vulnerables son siempre los que más pierden.
Lo deseable es lo contrario: la menor volatilidad posible para que la actividad económica prospere. Esto exige poca intervención directa del Estado en la economía, pero una política macroeconómica sólida –fiscal y monetaria–. Y eso, a su vez, requiere dos instituciones bien plantadas: un Banco Central independiente y un Ministerio de Economía técnico y solvente que cuide la salud de las finanzas públicas.
Cuando esas instituciones fallan o quedan sometidas al gobierno populista de turno –el Gobierno Militar y el primer Gobierno del presidente Alan García son los dos casos emblemáticos–, la inflación y el déficit fiscal aparecen de inmediato. Ningún país, persona o empresa puede gastar permanentemente más de lo que genera sin terminar en la quiebra. En el caso de un país, la quiebra es especialmente cruel: quienes pagan el costo son los más pobres.
Las políticas populistas pueden beneficiar a los sectores vulnerables en el corto plazo. En el mediano y largo plazo, el costo es brutal.
Una sola cifra basta para ilustrarlo: en 1991, tras la peor crisis macroeconómica de los últimos cincuenta años, la pobreza monetaria llegó al 57% de la población. Un país inviable, además golpeado por el terrorismo que se desataba a finales de los 80. Muchos creían entonces que el Perú no tenía futuro.
Aquellos fueron, quizás, los años más caros de la clase de economía que pagó el Perú. Reconstruir la macroeconomía tomó tiempo y exigió un esfuerzo institucional enorme: el Banco Central de Reserva, la SBS, el MEF moderno y los organismos reguladores nacieron o se consolidaron entonces. Hoy son los pilares de la economía peruana.
El crecimiento de la economía es el principal motor de la reducción de la pobreza. Sin recursos no hay política social posible: no se puede atender a los más necesitados con un erario vacío. Por eso, es un imperativo impulsar un crecimiento sano y sostenible. Y “sano” significa, en este contexto, libre de las distorsiones que genera la intervención estatal mal diseñada.
Conviene recordar los números. Desde el inicio del Gobierno Militar, la presencia del Estado en la economía creció con rapidez. Al inicio hubo un impulso –el clásico estímulo populista de corto plazo– que llevó el PBI per cápita a un máximo en 1975. Luego llegó la factura. El resto de esa década y la siguiente fueron una sucesión de crisis recurrentes, con un altísimo costo en pobreza y la práctica desaparición del Estado como proveedor de bienes públicos.
Las cifras del colapso son elocuentes:
La presión tributaria a finales de los 80 cayó por debajo del 9% del PBI –menos de la mitad de lo que el país recauda hoy–.
La inflación de 1990 llegó a 7,650% anual. El PBI per cápita de 1975 no se recuperó sino hasta el año 2006. Más de 30 años perdidos.
Por eso, con toda la evidencia disponible, los economistas hablan de los 70 y los 80 como las décadas perdidas.
Tras la devastación, los años 90 trajeron la reconstrucción de la macroeconomía nacional. Se implementaron reformas que limitaron la presencia del Estado en la economía y devolvieron al mercado un papel protagónico. La transformación tomó tiempo –había mucho por reconstruir–, pero desde inicios del presente siglo los frutos se hicieron visibles: el producto per cápita ha crecido más del 100% desde el año 2000. El peruano promedio tiene hoy más del doble de ingreso real que hace 25 años.
Cuando la economía ha estado más abierta, el bienestar ha aumentado de manera notable. Esto no es un relato: son datos duros.
Hoy hay más recursos. Hay menos pobres que hace 25 años. Pero queda muchísimo por hacer.
Lo macro está bien. El problema está en lo micro: en que los recursos que la economía genera –y que el Estado recauda– lleguen efectivamente a la población. Ahí radica el cuello de botella. Por eso el Estado tiene que volverse más eficiente, atacar frontalmente la corrupción y aumentar la recaudación obligando a pagar a quienes evaden, en lugar de castigar a quienes generan la riqueza que sostiene al país.
La historia del Perú dejó dos enseñanzas bien claras: la primera, que el populismo siempre cobra su factura; la segunda, que las instituciones –cuando funcionan– son la diferencia entre una década perdida y una década de progreso. Conviene no olvidarlas.
Carlos Casas Tragodara es economista del Centro de investigación de la Universidad del Pacífico.
Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.
