El principal desafío del próximo Gobierno ya está definido: recuperar la seguridad ciudadana. No será una tarea sencilla. Y no porque falten leyes, estados de emergencia o anuncios de mano dura, sino porque el Estado ha dejado de funcionar como un sistema integral.
La inseguridad no se resolverá con un nuevo nombre para un plan nacional ni con el relevo de ministros o comandantes. Se resolverá cuando cada institución cumpla su papel y actúe de manera coordinada. Hoy esa cadena está rota.
El primer eslabón es la Policía Nacional. El Perú cuenta con alrededor de 135 mil efectivos, una cifra que equivale a cerca de 394 policías por cada 100 mil habitantes. Más que discutir únicamente si hacen falta más policías, la pregunta es cómo aprovechar mejor la capacidad existente. Inteligencia, investigación criminal, tecnología y presencia en los territorios donde operan las organizaciones delictivas deberían pesar más que la simple presencia de uniformados en las calles.
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El crimen organizado avanza porque el Estado actúa como instituciones aisladas y no como un solo sistema. (Foto: Andina)
En esa lógica, recurrir a las Fuerzas Armadas como respuesta permanente tampoco resuelve el problema. Los militares fueron formados para la defensa nacional, mientras que la seguridad interna corresponde a la Policía.
El segundo eslabón es el sistema de justicia. De poco sirve capturar a un delincuente si las investigaciones fracasan, los procesos se dilatan o las decisiones terminan debilitando el trabajo policial. Cada vez que eso ocurre, no solo pierde una institución; pierde la confianza de los ciudadanos en el Estado.
El tercer eslabón es el financiamiento de las organizaciones criminales. Seguir la ruta del dinero es tan importante como detener a quienes cometen los delitos. La coordinación entre la Unidad de Inteligencia Financiera, la Policía y el Ministerio Público debe fortalecerse para identificar, congelar y decomisar los recursos que sostienen las economías ilegales.
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En este punto, la minería ilegal merece especial atención. La prolongación del Reinfo ha sido ampliamente cuestionada porque ha permitido que parte del oro extraído ilegalmente encuentre mecanismos para ingresar a los circuitos formales. Ese dinero no solo alimenta una actividad ilícita; también fortalece redes criminales vinculadas al lavado de activos, la corrupción, la trata de personas y otras economías ilegales.
Paradójicamente, mientras el Estado trabaja por compartimentos, el crimen organizado sí opera como un sistema integrado. Comparte información, financiamiento, logística y protección. Esa diferencia explica, en parte, por qué ha logrado expandirse.
La delincuencia y la extorsión también encarecen el costo de hacer empresa, obligan a miles de pequeños negocios a destinar recursos a su propia protección, desalientan nuevas inversiones y afectan la competitividad del país. La inseguridad se ha convertido en un freno para el crecimiento y la generación de empleo formal.
El próximo Gobierno será evaluado por su capacidad para reconstruir la cadena institucional que hoy está fracturada. Porque mientras un solo eslabón falle, el crimen seguirá avanzando.
La inseguridad no es únicamente un problema de recursos. Es, sobre todo, un problema de instituciones. Y si el Estado no logra actuar como un solo cuerpo, el crimen organizado seguirá imponiéndose. Recuperar la seguridad no solo significa devolver la tranquilidad a las familias; significa también crear las condiciones para que en el Perú se vuelva a invertir, producir y crecer con confianza.
