Mientras los votos aún terminan de contarse, existe una tarea que no puede esperar al cambio de Gobierno: prepararnos para enfrentar el fenómeno de El Niño.
La naturaleza no tiene calendarios electorales ni espera las transiciones políticas.
Las proyecciones ya advierten riesgos para la costa norte y parte de la sierra del país. Sin embargo, atravesaremos un cambio de Gobierno y, posteriormente, la renovación de alcaldías y gobiernos regionales a partir de enero del 2027. La pregunta es inevitable: ¿Quién está pensando en lo que ocurrirá cuando lleguen las lluvias, los huaicos y los deslizamientos? ¿O volveremos a reaccionar cuando el problema ya esté encima?
Todavía existe margen para actuar. La actual administración tiene semanas por delante para acelerar medidas de prevención, coordinación y ejecución.
Los efectos ya empiezan a sentirse en sectores como la pesca. Pero el impacto potencial va mucho más allá de la actividad económica: compromete infraestructura crítica, servicios básicos y, sobre todo, vidas humanas.
El problema es que el país aún no transmite la sensación de estar desplegando acciones preventivas a la escala que exige el riesgo.
El Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estimó que un fenómeno de El Niño podría restar entre 0.2% y 3.1% al PBI, dependiendo de su intensidad.
La advertencia cobra mayor relevancia si se considera que el Fondo de Estabilización Fiscal (FEF), destinado a atender contingencias, cuenta con alrededor de US$ 3,207 millones. La experiencia demuestra que un evento de gran magnitud puede demandar recursos considerablemente mayores para atender a la población afectada, rehabilitar infraestructura crítica y financiar la reconstrucción.
El Niño costero del 2017 dejó más de 140 mil damnificados, cerca de un millón de personas afectadas y daños materiales superiores a los US$ 3,100 millones.
La comparación resulta inevitable. Los recursos que hoy acumula el FEF apenas superan el costo estimado de los daños provocados por aquel episodio, sin considerar el impacto social, las vidas afectadas ni las necesidades posteriores de reconstrucción.
Se conoce dónde están las quebradas, cuáles son las zonas vulnerables y cuánto cuesta la inacción. Lo que suele faltar no es información, sino capacidad de anticipación.
La diferencia entre prevenir y reaccionar no es solo presupuestal. Es la diferencia entre gestionar un riesgo conocido o volver a lamentar una tragedia.
El país necesita que las autoridades salientes, las que asumirán funciones y los equipos técnicos trabajen desde ahora en una misma dirección. Porque cuando lleguen las lluvias, ya será demasiado tarde para planificar. Y porque, una vez más, la política tendrá sus tiempos, el clima no.
Víctor Melgarejo es director periodístico (e) de Gestión.
Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.
