
A partir de esta quincena de agosto será obligatorio que las obras públicas se ejecuten bajo una herramienta tecnológica para planificar, diseñar, construir y administrar proyectos mediante un modelo digital.
Se trata de la metodología Building Information Modeling (BIM).
Si bien el instrumento se impulsó desde 2017 con el contrato Gobierno a Gobierno (G2G) que se suscribió con el Reino Unido para la realización de los Juegos Panamericanos 2019, recién se convirtió en una política de Estado en los años siguientes con el Plan BIM.
Durante el 2019 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó disposiciones para la incorporación progresiva de BIM en la inversión pública y luego, entre 2020 y 2024, se desarrolló una hoja de ruta, guías y lineamientos.
Hace un año, en 2025, el MEF estableció en la Resolución Directoral 0007-2025-EF/63.01 las 14 tipologías de proyectos del Gobierno nacional y de los gobiernos regionales que deberán desarrollarse aplicando BIM, entre ellos hospitales, carreteras, defensas ribereñas, entre otros.
La resolución no hizo que la obligación comenzara ese mismo día sino 12 meses luego de su publicación, es decir, inició el último 14 de agosto del 2026.

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Para los especialistas consultados por Gestión la implementación podría tener un impacto especialmente relevante en proyectos de infraestructura de gran escala y complejidad, donde una coordinación deficiente durante el diseño puede terminar generando modificaciones, mayores costos y retrasos durante la ejecución.
Germán Elera, presidente del Consejo BIM de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), resaltó que la principal oportunidad está precisamente en mejorar la calidad de los expedientes técnicos desde las primeras etapas.
“La obligatoriedad va a permitir que los proyectos se ejecuten de una mejor manera, evitar paralizaciones de obra y contingencias porque el expediente está mal hecho [...] Si el proyecto está en fase de idea, BIM puede aplicarse desde la formulación y evaluación; si ya pasó dicha fase, se aplica desde la elaboración del expediente técnico”, comentó a Gestión.
Según Elera, las experiencias internacionales muestran que cuando se implementa adecuadamente la metodología BIM -y se realizan las inversiones necesarias en software, hardware y capacitación-, los proyectos pueden registrar reducciones de entre 10% y 15% en tiempo y de entre 15% y 20% en costos.
En la misma línea, Patricio Zapata, especialista en tecnología BIM de Graphisoft Latinoamérica, consideró que esta aplicación permitiría “construir más con la misma cantidad de dinero”.
“Se produce un ahorro sustantivo porque el software BIM contiene mucha más información que lo que un [modelo] 2D puede contener”, precisó.
¿Qué proyectos usarán BIM?
La tecnología BIM, según el MEF, aplica para los siguientes tipos de proyectos públicos:
- Infraestructura de riego
- Red de internet fijo
- Infraestructura cultural pública para la participación de la población en las industrias culturales y las artes
- Educación superior universitaria
- Gestión institucional en educación superior universitaria
- Comisarías
- Defensas ribereñas
- Infraestructura de protección de quebradas
- Desembarcadero pesquero artesanal
- Centros de promoción de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica
- Establecimientos de salud hospitalarios
- Carreteras departamentales
- Carreteras nacionales
- Sistemas integrados de transporte.
Aunque la obligatoriedad es nueva, algunos ya lo venían incorporando por decisión de las entidades, por las características de los contratos o por estándares utilizados en proyectos con participación internacional.
De hecho, los datos del MEF muestran que, a diciembre de 2025, 131 entidades y empresas públicas habían iniciado formalmente procesos de adopción de BIM: 106 entidades públicas y 25 empresas públicas. De ese total, 98 correspondían al Gobierno nacional, 25 a gobiernos regionales y ocho a gobiernos locales.
El representante de Capeco precisó que algunos proyectos de infraestructura de distintas modalidades ya han venido aplicando la tecnología BIM en sus diseños.
Entre los que han incluido esta metodología, recordó, están algunas iniciativas G2G como el de la Nueva Carretera Central, así como otros proyectos hospitalarios, entre ellos los hospitales de alta complejidad de Abancay, Piura y Trujillo.
Esto también se ha aplicado en otras que se ejecutan vía Asociación Público-Privada (APP), como el Anillo Vial Periférico de Lima y la Ciudad Aeropuerto.
“Algunos corresponden a iniciativas privadas, pero en el sector público, poco a poco, van a tener que incorporarlo [...] Todas las líneas de metro tienen que hacerse con tecnología BIM; cualquier proyecto público de saneamiento, de irrigación, de colegios como la Escuela Bicentenario deben aplicarlo. Ya no va más la construcción tradicional”, señaló.
Sin embargo, se debe tener en cuenta que no es lo mismo aplicar BIM a una edificación que a una obra lineal como una carretera, una vía férrea o una línea de metro que presentan mayores retos para intercambiar la información entre los distintos participantes, precisó el especialista de Graphisoft.

¿Puede ayudar con las obras paralizadas?
A nivel nacional, según la Contraloría General de la República, se estimaban más de 2,700 obras paralizadas a inicios del 2026. Aunque la metodología BIM ayudaría a evitar que más proyectos se detengan, no es una solución general para reactivar todas las obras públicas paralizadas, sino que tendría que evaluarse caso por caso.
“Por ejemplo, normalmente en los saldos de obra hay un levantamiento de condiciones existentes porque viene otro contratista y pregunta: ‘¿cómo se dejó el hospital?’. Ahí es donde levantas la información para seguir trabajando bajo la metodología BIM y continuar un expediente que posiblemente no se terminó“, explicó Zapata.
En ese sentido, refirió que en estos casos es posible utilizar tecnologías de levantamiento, como el escaneo láser, para reconstruir digitalmente las condiciones actuales de una infraestructura y determinar cómo continuar el proyecto.
De esta manera, un nuevo ejecutor puede estimar cuánto costaría realmente terminar la obra. Esto puede reducir la incertidumbre que enfrenta una empresa cuando recibe información incompleta o desactualizada de un proyecto que dejó otro contratista.
“En las obras que están paralizadas por temas legales, no necesariamente por falencias del diseño, se podría digitalizar todo su material y con ello evaluar cuál sería el costo real de continuar”, refirió.
El reto para las empresas y el Estado
La entrada en vigencia de la obligación también plantea un desafío para las empresas constructoras y las propias entidades públicas.
“Implementar BIM no es solo comprar un software y capacitar a alguien por dos o tres meses, esto toma tiempo. Implementar BIM en una empresa de construcción puede tomar dos a tres años, es por eso que se hizo progresivamente”, aclaró Elera
Por ello, considera que quienes no hayan avanzado previamente tendrán un reto importante para adaptarse a la nueva exigencia.
En tanto, las entidades públicas también necesitan contar con funcionarios que conozcan la metodología y sepan qué información solicitar y cómo utilizarla durante el desarrollo de una inversión. Pese a que algunas entidades ya tienen personal preparado, añadió que la rotación de funcionarios puede “dificultar el despliegue de capacidades digitales”.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.







