El Gobierno aprobó el “Plan de Deshacinamiento Penitenciario 2026-2028”, una estrategia orientada a revertir la sobrepoblación en los establecimientos penitenciarios del país.
La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.º 0203-2026-JUS, publicada en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
De acuerdo con la norma, la ejecución del plan estará a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia y la Dirección de Gracias Presidenciales, que deberán coordinar acciones para cumplir los objetivos previstos hasta el año 2028.
Asimismo, la Dirección de Política Criminológica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será responsable de monitorear e informar de manera permanente sobre el avance y cumplimiento de las metas establecidas.
El INPE tendrá 15 días hábiles para diseñar mecanismos de seguimiento.
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Seguimiento y mecanismos de control
Como parte de la implementación, se dispuso que el INPE, en coordinación con la Dirección General de Asuntos Criminológicos, diseñe y presente en un plazo de 15 días hábiles los instrumentos técnicos y mecanismos de reporte necesarios para el seguimiento y monitoreo del plan.
La resolución también faculta al INPE a promover alianzas estratégicas con el objetivo de fortalecer su capacidad operativa y ampliar la cobertura de los servicios de orientación, asistencia y patrocinio legal gratuito dirigidos a la población penitenciaria.
El plan de deshacinamiento estará vigente hasta 2028.
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Respuesta al hacinamiento carcelario
El Plan de Deshacinamiento Penitenciario 2026-2028 responde al mandato del Tribunal Constitucional, que declaró un “estado de cosas inconstitucional” respecto al hacinamiento en las cárceles peruanas.
Además, la iniciativa se encuentra alineada con los objetivos de la Política Nacional Penitenciaria al 2030 y con la declaratoria de emergencia del Sistema Nacional Penitenciario.
Según la disposición, el contenido completo del plan será publicado en los portales institucionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para conocimiento de la ciudadanía.
