La inseguridad dejó de ser solo una preocupación para convertirse en un factor que modifica las rutinas de millones de peruanos. El 85% de la población evita salir de su casa o de su barrio a partir de determinada hora por temor a la delincuencia, lo que equivale a cerca de 22 millones de personas, según una encuesta de Ipsos incluida en el Séptimo Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, iniciativa del Banco de Ideas Credicorp, el BCP y Capital Humano y Social S.A.
El estudio, realizado a nivel nacional urbano-rural entre el 20 y 23 de agosto, muestra que el repliegue empieza temprano para una parte importante de la población. Un 43% procura no salir desde las 8 de la noche o incluso antes, mientras que otro 42% fija las 10 de la noche como límite. En conjunto, estos grupos representan a más de 20 millones de personas que han restringido sus desplazamientos nocturnos.
El 85% de la población evita salir a partir de alguna hora, a partir de las 6 pm en adelante. Encuesta Ipsos/ Observatorio del Crimen y la Violencia.
Hora a partir de la cual se evita salir, según la edad. Foto: Ipsos/ Observatorio del Crimen y la Violencia.
Lima presenta una situación todavía más marcada. El 90% de sus habitantes evita salir a partir de alguna hora por temor a la delincuencia. Además, el 49% establece las 10 de la noche como límite, frente al 42% registrado en el promedio nacional. El reporte señala que casi nueve de cada diez limeños se refugian en su casa o barrio antes de esa hora.
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El efecto no queda restringido a la vida social. El 58% de los peruanos afirma que sale menos que hace 12 meses debido al temor a la delincuencia, equivalente a más de 15,146,000 personas. El impacto es mayor en los niveles socioeconómicos C y D: alcanza al 59% en el NSE C y llega a 65% en el NSE D, el grupo que más ha reducido sus salidas. El propio reporte vincula este comportamiento con una restricción indirecta del consumo en la economía.
La inseguridad también está modificando la manera en que los ciudadanos se desplazan. Entre quienes utilizan transporte público o mototaxi, un 26% señala que dejó de llevar objetos de valor o efectivo; 24% procura viajar acompañado y 16% cambió a taxi o aplicativo en algunos viajes, aun cuando ello implique un mayor gasto. Ese último grupo representa a poco más de 4,17 millones de personas.
A ello se suma otro 16% que dejó de utilizar el transporte público masivo durante la noche y un 4% que abandonó completamente este medio. El reporte identifica, además, una diferencia según la capacidad económica: los niveles socioeconómicos más altos recurren con mayor frecuencia al taxi o aplicativos, mientras que los NSE D y E priorizan viajar acompañados.
Expectativa sobre la seguridad sigue marcada por el pesimismo
Dos de cada tres peruanos no esperan una mejora en los niveles de delincuencia y crimen organizado durante los próximos 12 meses. Según el reporte, el 35% considera que la situación seguirá igual, mientras que otro 31% cree que incluso empeorará. En conjunto, ambos grupos representan el 66% de la población.
El optimismo alcanza apenas al 27% de los encuestados, aunque muestra una mayor incidencia en Lima, donde llega al 31%. También es más elevado entre los niveles socioeconómicos A (43%) y B (33%).
El pesimismo, en cambio, se acentúa fuera de Lima: alcanza el 34% en el interior del país y 35% en el ámbito urbano. El NSE D concentra la mayor proporción de respuestas negativas. Por regiones, el Sur aparece como el segmento con mayor pesimismo, mientras que solo Lima y el NSE A registran una expectativa optimista superior a la pesimista.
Expectativa sobre la delincuencia en los próximos 12 meses. Foto: Ipsos/ Observatorio del Crimen y la Violencia.
La expectativa por ámbito, región y nivel socioeconómico. Solo en Lima y en el NSE A el optimismo supera al pesimismo; el Sur es el segmento más pesimista.
Transporte, otro frente de presión criminal
La afectación a la movilidad no se limita a las decisiones de los pasajeros. El Índice del Crimen y la Violencia (IDCV) registró 251 casos contra transportistas entre enero y agosto de 2026, con una tendencia creciente desde marzo que se consolidó a partir de mayo. La secuencia mensual pasó de 24 casos en enero a 27 en febrero, 29 en marzo, 13 en abril y 48 en mayo. Luego se registraron 37 en junio, 35 en julio y 38 en agosto.
La concentración geográfica es otro de los elementos que plantea el reporte. Lima acumuló 143 casos en los primeros ocho meses del año, muy por encima del Callao, con 35, y La Libertad, con 22. Estas tres regiones concentran la mayor cantidad de registros del IDCV contra transportistas.
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A nivel provincial, Lima aparece nuevamente muy por encima del resto, con 132 casos. Le siguen Sullana, con 11; Huaura, con 7; y Virú, con 6. En la focalización distrital, el Callao encabeza la lista con 23 casos, seguido por Comas, con 15; San Martín de Porres, con 12; San Juan de Miraflores, con 11; y Sullana, también con 11.
IDCV contra transportistas a nivel nacional.
El problema tampoco se limita a los casos que terminan en muertes o intentos de homicidio. El informe identifica 21 atentados con explosivos contra vehículos de transporte y 33 casos de disparos contra buses sin pasajeros entre enero y junio, utilizados como mecanismos de amedrentamiento contra conductores y propietarios.
Carlos Basombrío, Investigador en temas de seguridad y economías criminales; y Ricardo Valdés, Gerente General de Capital Humano y Social, presentaron el 7° Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia. Foto: Giancarlos Torres - Gestión.
El fenómeno, además, empieza a aparecer en nuevas plazas. El reporte menciona el caso de Huancayo, donde en agosto extorsionadores exigieron S/10 diarios por conductor bajo amenaza de quemar los vehículos. Los choferes paralizaron sus servicios y posteriormente fueron destruidos e incendiados vehículos estacionados durante la noche.
Efecto en los transportistas
Carlos Basombrío, también integrante del Observatorio, añadió otro efecto de la inseguridad: la salida de trabajadores del sector transporte. Según explicó, algunos choferes están optando por migrar a España ante el riesgo que enfrentan en el Perú.
Basombrío advirtió que este fenómeno también puede tener consecuencias sobre la seguridad vial, debido a que los conductores con mayor experiencia estarían saliendo del país. “Se están yendo mucho los más calificados y están yendo choferes más jóvenes y menos calificados, con lo cual tiene ese subproducto de que aumentan los accidentes de tránsito”, señaló.
Frente a la respuesta de los transportistas, que vienen evaluando medidas como el blindaje de sus vehículos, Basombrío consideró que blindar completamente las unidades tendría un costo elevado y no necesariamente sería la solución más adecuada.
“Blindarlos va a costar una fortuna”, afirmó, al recordar que durante su gestión como ministro utilizó un vehículo blindado. Según explicó, el peso adicional incluso afectaba el desempeño del automóvil: “El motor de un vehículo blindado tiene que ser el doble de tamaño que el motor de un vehículo estándar”.
En cambio, consideró que blindar las lunas podría ser una alternativa más viable para proteger a los conductores. “Blindar las lunas sí: es menos caro y protege al chofer. Eso tiene más sentido”, sostuvo.
Sin embargo, advirtió que proteger únicamente al conductor no resuelve el problema de fondo, pues también están expuestos los pasajeros. “Un subproducto, de proteger solo al chofer, que es el más afectado, pero no es el único, ¿no es cierto? Están los ciudadanos, los pasajeros”, dijo. Por ello, planteó que la respuesta requiere una coordinación entre conductores, propietarios de vehículos y las zonas donde se concentra este tipo de violencia.
Inseguridad golpea a negocios y acelera salida de trabajadores
La percepción de inseguridad también empieza a trasladarse a la actividad económica y golpea el consumo: 58% de los peruanos sale menos que hace un año, lo que retrae el gasto en comercios y restaurantes de barrio y en el transporte público un 16% prefiere pagar más y cambiarse a taxi antes que exponerse a un asalto.
Ricardo Valdés, representante de CHS, explicó que el impacto sobre los negocios no se limita a la presión directa de las organizaciones criminales, sino que también se refleja en una menor demanda, debido a que las personas están restringiendo sus salidas para evitar convertirse en víctimas de delitos.
“No solamente es cómo afecta el negocio, la presión de la extorsión o la presión, por ejemplo, es un restaurante del ingreso de organizaciones armadas, a asaltar. Ese es un tipo de presión que impacta en los negocios”, señaló Valdés.
A ello se suma, según explicó, el menor movimiento de consumidores. “La otra es la falta de la demanda y la falta de demanda es como consecuencia de que la población se quede en sus casas, ya no quiere salir. Porque no quiere ser víctima, que lo roben, que lo asalten, o que su vida corra peligro”, sostuvo el exviceministro del Interior y coautor del informe.
Valdés indicó que ambos factores —la presión directa de la delincuencia y la caída de la demanda— estarían detrás del cierre de negocios. En Lima, precisó, el 55% de los negocios habría cerrado durante el último año, de acuerdo con la información presentada.
El impacto de la inseguridad también se observa en la migración. Valdés señaló que durante el último año 66,000 personas emigraron a España y alrededor de 16,000 retornaron, dejando un saldo neto cercano a 50,000 personas que permanecieron en ese país.
La respuesta planteada
Entre las alternativas planteadas figura desarrollar labores de inteligencia junto con propietarios y conductores para identificar y capturar a los líderes y operadores de las organizaciones criminales. También se propone una estrategia dinámica, debido a que una intervención efectiva puede provocar que los delincuentes trasladen sus operaciones hacia otros lugares.
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El reporte también plantea ampliar el uso de cámaras dentro y fuera de los vehículos, empezando por los distritos ya identificados como de mayor riesgo. En cuanto al acompañamiento a los transportistas, sostiene que, incluso dentro de un eventual Plan Escudo, sería preferible contar con policías preparados para labores de calle antes que con militares armados con fusiles.
Así, mientras millones de ciudadanos optan por volver más temprano a casa, reducir sus salidas o pagar más para trasladarse, el transporte público enfrenta una presión adicional en los puntos donde la extorsión y la violencia ya muestran mayor presencia. El costo de la inseguridad, según los datos del reporte, no solo se expresa en víctimas: también se refleja en menos movilidad, menor consumo y mayores gastos para quienes buscan sentirse seguros.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, con especialidad en Periodismo, por la Universidad Tecnológica del Perú, con más de 12 años de experiencia en medios de comunicación. Actualmente escribo sobre política, economía y actualidad.
