La salida de Óscar Arriola de la Comandancia General de la Policía Nacional y su reemplazo por el teniente general Fredy López Mendoza se producen en un momento en el que la inseguridad ciudadana sigue siendo uno de los principales problemas del país. Un cambio en la cabeza de la PNP puede ser parte de una nueva estrategia, pero está lejos de constituirla. Si el Gobierno quiere que el relevo tenga algún significado para la ciudadanía, deberá demostrarlo con ejecución y, sobre todo, con resultados.
Las propias cifras que el Ejecutivo incluyó en la exposición de motivos de su pedido de facultades para legislar describen la magnitud del problema. En el 2025 la tasa de homicidios llegó a 10.7 por cada 100,000 habitantes, la más elevada en los últimos años. También hubo 26,585 denuncias por extorsión, 18.9% más que en el 2024. Y uno de cada cuatro habitantes urbanos de 15 años a más fue víctima de algún hecho delictivo. No se trata únicamente de una sensación de inseguridad.
El problema tampoco termina en sus consecuencias sobre la integridad de las personas. Como informó Gestión, en La Libertad al menos un tercio de la economía estaría altamente expuesto a la criminalidad. La extorsión se ha convertido en un costo adicional para empresas y trabajadores, mientras sucesivos estados de emergencia han mostrado resultados insuficientes.
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El premier Luis Galarreta ha anunciado que en las próximas semanas se presentarán nuevas acciones contra la criminalidad. Habrá que evaluar cuáles son y, especialmente, cómo se ejecutan. Un nuevo comandante general y una nueva serie de anuncios servirán de poco si en las calles no comienza a percibirse un cambio sustancial. Se requieren resultados concretos: menos asesinatos, menos extorsiones, menos secuestros y una Policía con mayor capacidad para prevenir, investigar y desarticular organizaciones criminales.
Hay, además, una responsabilidad que el Ejecutivo no puede trasladar al Congreso. El Gobierno ha vinculado parte importante de su respuesta al pedido de delegación de facultades, que contiene 12 numerales relacionados con materias penales, policiales, penitenciarias, migratorias y de seguridad ciudadana. El Congreso deberá discutirlos con la celeridad que exige la situación, pero también con el cuidado que demanda la amplitud de las facultades solicitadas.
Mientras eso ocurre, el Ejecutivo no puede condicionar el avance de la lucha contra la delincuencia a que el Congreso le entregue esas facultades. Cuenta ya con la PNP, el Ministerio del Interior, recursos, herramientas legales y capacidad administrativa para actuar. La inseguridad no suspende sus efectos mientras transcurre el trámite parlamentario. Tampoco puede hacerlo el Gobierno.
El cambio en la PNP será relevante solo si marca el comienzo de una respuesta distinta. La ciudadanía no necesita esperar otro anuncio para saber si la estrategia funciona. Necesita empezar a verlo.
