La evolución de la criminalidad en el Perú deja una brecha entre la dimensión que ha alcanzado el problema y la respuesta que se refleja en uno de sus principales indicadores: el número de personas privadas de libertad por extorsión.
El número de internos por este delito pasó de 1,314 en 2017 a 1,661 a junio/septiembre de 2026, según el Séptimo Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, iniciativa del Banco de Ideas Credicorp, el BCP y Capital Humano y Social S.A.. El incremento es todavía más limitado si se toma como referencia el registro de diciembre de 2024, cuando había 1,186 personas en prisión por extorsión: desde entonces se han sumado solo 475 internos en casi dos años.
Número de presos por extorsión, reporte a reporte con el paso de los años. Foto: INPE/ Observatorio del Crimen y la Violencia.
El contraste adquiere mayor relevancia porque la extorsión dejó de ser un fenómeno concentrado en determinadas zonas del país. De acuerdo con el reporte, en 2017 el delito estaba principalmente localizado en la costa norte, mientras que actualmente se presenta en todas las regiones.
El documento califica esta evolución como “insuficiente” y plantea el número de presos por extorsión como un indicador de resultados frente al crimen organizado. La lectura de los autores es que el aumento de las denuncias y la expansión territorial del delito no están siendo acompañados por un crecimiento equivalente de las personas que terminan en prisión.
Carlos Basombrío, exministro del Interior y coautor del informe, cuestionó precisamente esa diferencia. “Ese es el mejor indicador del fracaso frente al crimen organizado: las denuncias se disparan, el delito se expande a todo el país y los presos por extorsión apenas se mueven”, señaló.
El exministro agregó que recién en junio se volvió a alcanzar el 1.6% de la población penal que se registraba en 2016 por este delito, con una diferencia sustancial: entonces la extorsión estaba concentrada en la costa norte y actualmente tiene presencia nacional.
Homicidios: una trayectoria que sigue al alza
Mientras el indicador de personas encarceladas por extorsión avanza lentamente, el Índice del Crimen y la Violencia (IDCV) muestra una evolución preocupante de los homicidios y homicidios fallidos durante los primeros ocho meses de 2026.
Entre enero y agosto se registraron 1,866 casos a nivel nacional, considerando homicidios consumados y homicidios fallidos. La trayectoria mensual muestra una tendencia ascendente: de 158 casos en enero se pasó a 288 en julio, el punto más alto del periodo analizado.
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La evolución no ha sido lineal, pero la tendencia general sí evidencia un deterioro. Después de los 158 casos registrados en enero, la cifra fue aumentando durante los meses siguientes hasta alcanzar los niveles más elevados en el segundo semestre.
El dato nacional, sin embargo, esconde diferencias importantes entre territorios. El IDCV permite identificar las zonas donde la violencia letal presenta una mayor concentración y aquellas donde, pese a registrar menos casos absolutos, la incidencia resulta particularmente elevada cuando se considera el tamaño de la población.
Fuera de Lima, Ananea aparece con una tasa de 277.35 casos por cada 100,000 habitantes, mientras que Pataz registra una tasa de 66.67. Estos valores muestran cómo algunos territorios pueden presentar una incidencia considerable aun cuando no concentren el mayor número absoluto de casos.
Evolución del IDCV a nivel distrital, de enero-agosto 2026. Foto: Observatorio del Crimen y la Violencia.
Lima y Callao: los focos urbanos
En Lima Metropolitana, el volumen de casos también muestra una concentración relevante en determinados distritos. San Juan de Lurigancho registra 49 casos y San Martín de Porres, 40, ubicándose entre los distritos con mayor número de homicidios consumados y fallidos registrados en el periodo.
Sin embargo, observar únicamente el número absoluto puede llevar a una lectura incompleta. Al considerar la tasa por cada 100,000 habitantes, el escenario cambia: Rímac alcanza una tasa de 10.66 e Independencia 9.66, colocándose entre los distritos limeños con mayor incidencia relativa.
Evolución del IDCV a nivel distritos de Lima, de enero-agosto 2026, por cada 100 mil habitantes. Foto: Observatorio del Crimen y la Violencia.
La diferencia entre número de casos y tasa es relevante para la focalización de las políticas de seguridad. Un distrito con una población muy grande puede acumular más hechos, mientras que otro de menor tamaño puede presentar una tasa proporcionalmente mucho más elevada.
El reporte también incorpora el análisis de las armas utilizadas en los homicidios, un componente que permite observar cómo la violencia letal se relaciona con la disponibilidad y utilización de armas de fuego.
Carlos Basombrío, Investigador en temas de seguridad y economías criminales; y Ricardo Valdés, Gerente General de Capital Humano y Social, presentaron el 7° Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia. Foto: Giancarlos Torres - Gestión.
¿Dónde poner el foco?
El Séptimo Reporte también consultó a la población sobre las medidas que debería priorizar el Gobierno para enfrentar la criminalidad organizada y, en particular, la extorsión. No existe una sola respuesta dominante: 35% considera que se deben crear unidades policiales especializadas en extorsión, con mayor inteligencia e investigación; 33% plantea aumentar las penas de cárcel para extorsionadores y sicarios; y 31% prioriza, en cada caso, retomar el control de las cárceles y aumentar el número de policías.
Una quinta opción, mejorar el equipamiento y la tecnología de la Policía, alcanza el 22%. El reporte precisa que cada encuestado podía elegir hasta dos alternativas. Así, ese 31% que apuesta por recuperar el control de los penales o incrementar el número de efectivos representa a más de 8 millones de personas. La prioridad también cambia según la zona: en Lima predominan las unidades especializadas, mientras que en el norte y centro del país cobra mayor peso el control de las cárceles.
Para Ricardo Valdés, gerente general de Capital Humano y Social y exviceministro de Seguridad Pública, sin embargo, las prioridades que recoge la encuesta no necesariamente coinciden con las medidas que tendrían mayor impacto inmediato sobre la extorsión.
De las respuestas que dio la población, a su juicio, de las alternativas que tendría mucho más efecto para el control de la extorsión “es retomar el control de las cárceles utilizando tecnología”, sostuvo. Su explicación parte de uno de los tipos de extorsión que, según señaló, tiene su origen en los penales y desde allí opera hacia distintos negocios.
Valdés planteó concentrar inicialmente este esfuerzo en los cinco penales que concentran la mayor cantidad de origen de extorsiones, mediante sistemas de inspección similares a los utilizados en aeropuertos. “Hay que ponerlo al menos en los cinco penales que concentran a mayor cantidad del origen de las extorsiones”, afirmó.
La finalidad sería impedir el ingreso de teléfonos, armas, drogas y otros elementos utilizados para coordinar los delitos desde los establecimientos penitenciarios. Incluso mencionó la posibilidad de detectar objetos pequeños mediante sistemas de rayos X. Para acelerar la implementación, consideró que parte del proceso podría ser tercerizado: “El sector privado te puede poner ya el equipamiento mañana, que lo tiene. Las Fuerzas Armadas tienen que ser un proceso de adquisición”.
Big Data para seguir el rastro
Pero el exviceministro considera que el problema cambia cuando se trata de la extorsión basada en el cobro de cuotas y cupos. En ese caso, plantea utilizar información de distintas fuentes para identificar patrones y vincular las denuncias que actualmente aparecen dispersas.
Ricardo Valdés, Gerente General de Capital Humano y Social y autor, junto a Carlos Basombrío, del Séptimo Reporte del Observatorio del Crimen y Violencia. Foto: Giancarlos Torres- Gestión.
“Estas 80 mil denuncias son 80 mil papeles sueltos que no existe cómo yo pueda leerlas en conjunto”, señaló Valdés. A su juicio, detrás de ellas existe información que podría permitir identificar conexiones: números telefónicos, cuentas bancarias, modalidades de extorsión y otros elementos que, integrados en un sistema de Big Data, podrían ayudar a detectar a las organizaciones.
El exviceministro también planteó acelerar el intercambio de información con plataformas digitales y empresas privadas. Según explicó, las operadoras telefónicas pueden aportar información y geolocalización, pero requieren determinadas garantías del Estado, mientras que para obtener información de plataformas como Meta se necesita completar los mecanismos correspondientes.
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Su propuesta es que, mientras el Ministerio del Interior desarrolla una plataforma propia, pueda recurrir temporalmente a universidades o empresas privadas especializadas. “Mientras el ministerio construye su sistema de Big Data, adquiérelo de las universidades, cualquiera de las empresas privadas, tercerízalo”, planteó.
Para Valdés, una estrategia que combine Estado, bancos, operadoras telefónicas y plataformas digitales podría comenzar a generar resultados en un plazo relativamente corto. “Si eso es una solución tecnológica que me permitiría moderar el tema de la extorsión en el país y asumir junto con el sector privado, bancos y operadoras telefónicas, a la que habrá que sumarle al grupo Meta, soluciones que en seis meses podrían ponerse en práctica”, sostuvo.
El problema no es solo cuántos casos hay
La combinación de ambos indicadores plantea un escenario particularmente complejo. Por un lado, el país registra 1,866 homicidios consumados y fallidos entre enero y agosto, con una trayectoria que llegó a 288 casos en julio. Por otro, la cantidad de personas en prisión por extorsión se mantiene en 1,661, apenas 475 más que en diciembre de 2024.
La lectura que plantea el reporte es que la expansión de las organizaciones criminales no está encontrando una respuesta equivalente en términos de resultados judiciales y penitenciarios. La extorsión se ha extendido territorialmente, mientras la violencia asociada al crimen continúa expresándose en homicidios y tentativas.
Este contraste también ayuda a explicar por qué el reporte plantea mirar más allá de las denuncias. Una mayor cantidad de denuncias puede reflejar un crecimiento del delito, pero el número de detenidos y condenados permite observar qué tan efectiva está siendo la respuesta del Estado frente a las organizaciones que están detrás de estos hechos.
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En ese sentido, los datos de 2026 muestran dos velocidades distintas: el crimen mantiene una dinámica de expansión y violencia, mientras uno de los principales indicadores de respuesta —los presos por extorsión— avanza a un ritmo mucho menor.
El desafío, según el diagnóstico del Observatorio del Crimen y la Violencia, no consiste únicamente en contener el aumento de los homicidios, sino en conseguir que la persecución de las organizaciones criminales produzca resultados verificables. La evolución de los próximos meses permitirá determinar si la brecha entre la violencia registrada y la respuesta penal comienza finalmente a reducirse.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, con especialidad en Periodismo, por la Universidad Tecnológica del Perú, con más de 12 años de experiencia en medios de comunicación. Actualmente escribo sobre política, economía y actualidad.
