
El derecho penal económico ha dejado de ser un nicho reservado para grandes estudios de abogados y casos emblemáticos de corrupción. Hoy, la creciente regulación, el fortalecimiento de la responsabilidad penal de las empresas y el avance de los programas de cumplimiento están impulsando una demanda cada vez mayor de especialistas en esta rama, en un contexto donde la oferta de talento aún resulta limitada.
Para expertos consultados por Gestión, las empresas ya no solo buscan abogados para reaccionar frente a investigaciones o procesos penales, sino profesionales capaces de prevenir contingencias, diseñar modelos de cumplimiento y gestionar riesgos corporativos en escenarios cada vez más complejos.
El riesgo penal llega a la empresa
Para Dino Caro Coria, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Politécnica del Perú, uno de los principales factores que explica este crecimiento es la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
“El motor no es académico sino de exposición real”, sostiene a este medio. En el caso peruano, recuerda que la aprobación de la Ley N.° 30424 convirtió a la empresa en un sujeto sancionable, y no únicamente a sus directivos.
A ello se suman episodios como el caso Lava Jato y las normas internacionales anticorrupción, como la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) de Estados Unidos o la UK Bribery Act, que alcanzan a compañías con operaciones o relaciones comerciales internacionales.
“La demanda creció porque el costo de no tener especialistas se volvió cuantificable”, afirma.
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En la misma línea, Aldo Cárdenas, socio de Noriega, Icaza & Cárdenas Abogados, señala que el propio funcionamiento del mercado y la mayor vigilancia estatal sobre las actividades económicas han llevado a las empresas a reforzar sus mecanismos de prevención.
Según explica, los servicios legales han evolucionado desde una lógica reactiva hacia una estrategia preventiva, basada en la implementación de sistemas integrales de cumplimiento. Ello adquiere especial relevancia en una era digital marcada por el avance de la inteligencia artificial y por formas de criminalidad cada vez más sofisticadas y globales.

Compliance: de requisito reputacional a necesidad estratégica
Los especialistas coinciden en que los riesgos asociados a corrupción, lavado de activos y delitos tributarios se encuentran entre las principales preocupaciones del sector privado.
Caro advierte que hoy las empresas enfrentan el riesgo de ser responsabilizadas por actos cometidos por empleados, proveedores o intermediarios, así como la posibilidad de que decisiones empresariales antes consideradas meramente administrativas sean objeto de investigaciones penales.
“El compliance ya no es un seguro reputacional, es la frontera entre la atenuación y la condena de la persona jurídica”, remarca.
Cárdenas agrega que, además de la responsabilidad penal autónoma de las empresas y la persecución de la corrupción transnacional, el riesgo reputacional se ha convertido en un factor decisivo.
“Es el riesgo reputacional, civil y penal de la empresa lo que mueve ahora la aguja para decidir en una asesoría especializada”, sostiene.
Asimismo, sectores como construcción y minería muestran actualmente una necesidad creciente de especialistas, debido al volumen de inversiones y a la complejidad de sus operaciones.
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Las oportunidades para las nuevas generaciones
Los expertos coinciden en que el escenario abre oportunidades importantes para los abogados jóvenes.
Entre los perfiles con mayor proyección destacan el abogado penalista corporativo, el oficial de cumplimiento, el investigador interno y el asesor especializado en regulación antilavado y anticorrupción.
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Sin embargo, Caro advierte que se trata de una disciplina exigente. “Es un campo que castiga al diletante o aficionado, porque un error de criterio se traduce en responsabilidad penal contra el cliente”, señala.
Para ambos especialistas, quienes deseen desarrollarse en esta área deberán complementar su formación con conocimientos en compliance, regulación internacional, gobierno corporativo, contabilidad, gestión de riesgos e inglés jurídico, en un entorno donde los riesgos penales son cada vez más transnacionales y complejos.
Un mercado con alta demanda y poco talento especializado
Pese al auge de esta especialidad, ambos expertos advierten que existe una importante brecha entre la formación universitaria y las necesidades reales del mercado.
Caro considera que muchas facultades continúan centradas en un derecho penal tradicional, enfocado en la persona física y en la teoría clásica del delito, mientras que las empresas requieren profesionales capaces de diseñar modelos de prevención, realizar investigaciones internas y comprender regulaciones sectoriales.
“El egresado promedio sabe analizar un homicidio pero no sabe leer un programa de compliance ni distinguir una eximente a favor de la empresa de un mero protocolo decorativo”, afirma.
Muchas universidades forman para el litigio penal ordinario; el mercado contrata para prevenir y gestionar el riesgo penal de la empresa, advierte.
Por su parte, Cárdenas sostiene que, si bien existe un número creciente de abogados especializados, la demanda se ha incrementado significativamente en los últimos años, generando dificultades para encontrar profesionales que combinen sólidos conocimientos penales con experiencia corporativa, regulatoria y de gestión de riesgos.
Más que una escasez absoluta de abogados, precisa, existe una carencia de perfiles altamente especializados y con experiencia práctica en investigaciones internas, litigios complejos, programas de integridad y asesoría estratégica a empresas.
Más interés y nuevas exigencias impulsan la formación especializada
La creciente necesidad de especialistas en derecho penal económico comienza a reflejarse en el ámbito académico. Según Gerson Camarena, director de la Maestría en Derecho Penal y Derecho Corporativo de la Universidad Autónoma del Perú, existe un mayor interés de estudiantes y profesionales por capacitarse en materias vinculadas al compliance, la prevención de riesgos, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el lavado de activos y los delitos corporativos.
De acuerdo con el académico, esta tendencia se evidencia en la mayor participación en seminarios, cursos de actualización, programas de formación y otros eventos especializados relacionados con el cumplimiento normativo y la prevención de delitos en el entorno empresarial. Asimismo, señala que las universidades vienen incorporando progresivamente estos contenidos en sus planes de estudio ante las nuevas exigencias del mercado.
Camarena sostiene que otro indicador del crecimiento es la expansión de diplomados, cursos y programas orientados a temas como prevención del lavado de activos, corrupción, protección de datos, responsabilidad penal empresarial y delitos económicos. Ello responde, explica, a un entorno en el que las organizaciones enfrentan mayores obligaciones regulatorias, de debida diligencia y de control interno.
El interés no proviene únicamente de estudiantes y recién egresados que buscan diferenciarse en un mercado laboral cada vez más competitivo. También se observa una mayor demanda por parte de abogados corporativos, litigantes y asesores legales, así como de profesionales que ya trabajan en áreas de cumplimiento, auditoría, finanzas, recursos humanos y gestión de riesgos dentro de las empresas.
Para el especialista, el mercado demanda hoy profesionales capaces no solo de dominar la normativa, sino también de aplicar esos conocimientos en situaciones concretas, mediante la elaboración de matrices de riesgo, políticas de cumplimiento, protocolos internos e investigaciones corporativas. “El mercado actual no requiere únicamente abogados con dominio normativo, sino profesionales capaces de aplicar ese conocimiento a problemas reales dentro de las organizaciones”, enfatiza.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, con especialidad en Periodismo, por la Universidad Tecnológica del Perú, con más de 12 años de experiencia en medios de comunicación. Actualmente escribo sobre política, economía y actualidad.







