El ecosistema digital peruano se encuentra en un momento estratégico. Por un lado, el Poder Ejecutivo ha solicitado al Congreso facultades legislativas para ejecutar reformas en ciberseguridad, gobernanza digital, finanzas abiertas e inclusión financiera. Por el otro, el reloj normativo avanza: el 10 de septiembre vence el primer plazo de cumplimiento obligatorio de la Ley de Inteligencia Artificial (Ley N.º 31814) y su reglamento, para cinco sectores clave: salud, educación, justicia, seguridad, y economía y finanzas.
Interconectar ambos hitos es clave para el sector privado y la alta dirección del sector público. Si el Perú aspira a posicionarse como un hub regional de innovación, necesita consolidar una gobernanza integral de todo su ecosistema digital que combine certezas jurídicas, protección de derechos y una postura firme para evitar una sobrerregulación que ahogue la innovación.
En el sector financiero, si un banco evalúa un crédito mediante modelos de aprendizaje automático desde su app móvil, no solo debe comunicarlo al usuario. (Foto: Osiptel)
El hito de la IA: de la teoría a la responsabilidad operativa: A diferencia de marcos regulatorios declarativos, el modelo peruano optó por una implementación sectorial progresiva inspirada en el enfoque basado en riesgos de la Unión Europea. La premisa original es correcta: orientar el uso ético de la tecnología sin asfixiar el mercado o la innovación de startups. Sin embargo, la etapa de gracia terminó para los sectores pioneros. A partir de este mes, la adopción de algoritmos en entornos de alto riesgo exige tres pilares operativos innegociables:
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1. Transparencia algorítmica y el “derecho a la explicación”: El ciudadano debe ser notificado cuando interactúe con un sistema de IA. En el sector financiero, si un banco evalúa un crédito mediante modelos de aprendizaje automático desde su app móvil, no solo debe comunicarlo al usuario, está obligado a brindar una explicación clara si rechaza la solicitud sobre la lógica y los parámetros aplicados, protegiéndolo contra sesgos o discriminación.
2. Supervisión humana obligatoria (human-in-the-loop): Ningún sistema de IA clasificado de “alto riesgo” puede operar con autonomía del 100%. En el sector salud, si una clínica implementa una herramienta de IA para analizar radiografías pulmonares y sugerir prediagnósticos, el sistema no puede emitir un informe clínico ni una receta de manera automática. La norma exige que un médico especialista evalúe, supervise y firme el diagnóstico.
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3. Gobernanza de datos y políticas internas: El despliegue de soluciones de IA está vinculado al cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales. El sector privado debe estructurar mecanismos para controlar qué herramientas de IA utiliza su personal, evitando la fuga de información confidencial o secretos comerciales hacia plataformas externas no reguladas.
El nexo estratégico con las facultades legislativas
En la arquitectura institucional actual, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) de la PCM lidera la política de IA como ente rector y carece de potestad sancionadora propia. Al detectar infracciones, debe apoyarse en entidades aliadas como la SBS, el Indecopi o la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (APDP). En este terreno, el pedido de facultades cobra relevancia. Es indispensable dotar a la SGTD de mayor autonomía y capacidad operativa para dar mayor tracción a la política pública. Sin embargo, la SGTD debe ejercer un rol transversal como facilitador y articulador, evitando convertirse en un policía burocrático y punitivo que paralice la innovación.
En la misma línea, fortalecer la autonomía técnica e independencia de la APDP y alinear los estándares de privacidad y flujo transfronterizo con las reglas de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA) y el Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC), es el camino correcto. La confianza en la economía digital surge de instituciones técnicas independientes de la coyuntura política.
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Para capitalizar el momento clave, el Congreso podría aprobar la delegación, pero delimitar estrictamente sus alcances, priorizando sandboxes regulatorios y evitando trabas administrativas a priori. En paralelo, el sector privado debe empezar a auditar urgentemente sus algoritmos, mapear sus flujos de datos y constituir comités internos de gobernanza de IA.
El Perú tiene hoy una oportunidad histórica para posicionarse como un referente en regulación equilibrada e innovación responsable. Proteger los derechos del ciudadano frente al sesgo algorítmico y modernizar el Estado son objetivos compatibles con el libre mercado. El verdadero desafío es asegurar que las leyes a emitirse abran paso al talento y la tecnología, en lugar de asfixiarlos con la vieja receta de la sobrerregulación y la burocracia estatal.
Oscar Montezuma es abogado especialista en regulación digital y CEO de Niubox Legal Digital
