El problema no es solo legal, es cultural. Si bien el Perú cuenta con una de las normativas más avanzadas de la región en trabajo doméstico —Ley N.º 31047, promulgada en 2020—, esta labor sigue siendo percibida como “ayuda” o “una mano extra en casa”. Dicho encuadre es nocivo porque contribuye a invisibilizar su valor económico.
Así lo subrayó Inés Martens, oficial nacional del proyecto Abriendo Puertas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La vocera recordó, además, que el término de “trabajadora del hogar” se ha reconfigurado a “trabajadora del cuidado”: el quehacer, más allá de la cocina y la limpieza, es la de sostener la vida cotidiana.
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Los números detrás del problema
Martens compartió que, al 2024, el 91.7% -es decir, 9 de cada 10- de las casi 40,000 personas que integran este sector no está formalizado, una tendencia que se ha mantenido sin variaciones significativas: “Siempre ronda esta cifra y no ha bajado menos del 90% ni siquiera en estos últimos años”, afirmó.
La composición del sector también revela que el 95% lo abarcan las mujeres. En cuanto al perfil, destaca una fuerte presencia migrante (46%), tanto interna como extranjera.
Asimismo, el modelo “cama adentro” ha perdido peso: 9 de cada 10 trabajan sin residencia en el hogar, mientras que el 20% depende de más de un empleador; es decir, se somete a una dinámica pluriempleo.
“Las normas todavía tienen que adaptarse a la realidad del pluriempleo para hacer que más puedan acceder a la seguridad social y a todos sus derechos. Hay cinco causas que mantienen esta situación”, dijo la especialista.
El primer obstáculo para la formalización es el desconocimiento de la norma. Solo el 9% de las trabajadoras afirma conocer la ley, mientras que del lado de los empleadores, apenas el 15% dice saber al respecto y menos del 1% asegura manejarla bien.
No sorprende, por tanto, el segundo factor: 7 de cada 10 empleadores consideran que la norma no les aplica, una visión que perpetúa un sistema cuyos derechos están en el papel y no en la práctica.
A estos elementos se suman otros tres: el trabajo aún es visto como una extensión femenina del hogar; hay una fiscalización limitada y concentrada en Lima; y, por último, los trámites administrativos resultan complejos y poco familiarizados con la realidad de empleados y empleadores.
¿Por qué el trabajo del hogar sigue siendo uno de los más informales en Perú? (Foto: Pexels)
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Análisis demográfico
El perfil de las trabajadoras del cuidado en el país también evidencia una fuerza laboral mayoritariamente adulta y con niveles educativos básicos: 2 de cada 3 tienen entre 30 y 59 años, mientras que alrededor del 60% cuenta con secundaria, cerca del 30% solo con primaria y apenas un 8% accede a la educación superior.
“Lo que se ha visto es que quienes tienen menor nivel educativo registran mayor vulnerabilidad y son quienes más están presentes en los trabajos con residencia. Es decir, hay una relación directa entre menor nivel educativo y trabajo ‘cama adentro’, como suele llamarse”, explicó la vocera.
Pese a ello, la contribución de este sector es medular: el 48% realiza labores de cuidado directo de niños, adultos mayores o personas dependientes.
En términos económicos, la formalización implica un costo que varias familias evalúan con cautela. El gasto anual que estimó Martens asciende a S/18,210; aunque, tras la devolución de aportes de salud (S/1,260), el costo neto se reduce a S/16,950.
“Es importante que las familias tengan conciencia [...]. Esto es un trabajo remunerado que permite a otros hacer su trabajo remunerado con mayor tranquilidad, salir del hogar, dejar esta administración a cargo de alguien”, refirió.
Mujeres que cuidan toda la vida y llegan sin pensión: el impacto de la informalidad en el trabajo del cuidado en Perú. (Foto: Andina)
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Envejecimiento digno
La experiencia internacional demuestra que la formalización del trabajo doméstico sí es posible, pero requiere más que una buena ley. Uruguay lidera la región en este proceso, con avances sostenidos; Chile también ha logrado mejoras relevantes. En ambos casos, el progreso responde a una combinación de factores: mayor reconocimiento social del trabajo de cuidado y sistemas más accesibles para cumplir con las obligaciones laborales.
Ese es precisamente uno de los puntos débiles en el Perú. Aún no se cuenta con herramientas simplificadas, como una ventanilla única o sistemas de pago automatizado que faciliten el registro y los aportes, sugirió Martens.
Sin embargo, la falta de adaptación no es menor: tiene consecuencias, sobre todo, a largo plazo. En un contexto donde la población envejece, las propias trabajadoras del cuidado también lo hacen, pero muchas llegan a esa etapa sin pensión, subrayó la experta.
Las trayectorias marcadas por la informalidad, sin aportes sostenidos en el tiempo, son la razón. A esto se añade que quienes trabajan por días o con varios empleadores no logran encajar en un sistema que exige aportes como si percibieran un salario completo, lo que termina excluyéndolas.
¿El resultado? Trabajadoras sin acceso a jubilación ni programas como Pensión 65; trabajadoras que, en suma, quedan en un “limbo” de protección social. Así, pese a haber trabajado toda su vida, enfrentan la vejez sin una red que las respalde.
El rostro invisible del cuidado en Perú. (Foto: Andina)
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Del diagnóstico a la acción
Frente a este escenario, también hay avances en marcha. Uno de los principales es la simplificación del registro del trabajo del hogar, un proceso en el que el proyecto Abriendo Puertas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) viene trabajando junto con el Ministerio de Trabajo (MTPE) para hacerlo más accesible. El objetivo es que quienes ya están dispuestos a formalizar no abandonen el proceso por barreras burocráticas.
Además, en 2024 se aprobó el primer mapa ocupacional de cuidados personales no terapéuticos en Perú, que incluye tanto el trabajo del hogar como el cuidado de personas. A partir de ese hito se han desarrollado perfiles ocupacionales y programas de formación específicos, enfocados en tareas como el cuidado de niñas y niños o de adultos mayores. Hasta el momento, 125 personas participaron en un piloto de formación y certificación de competencias.
Se despliegan también, según precisó Martens, campañas informativas dirigidas a empleadores y el trabajo en conjunto con federaciones y sindicatos para impulsar el empoderamiento.
Redactora de Economía en diario Gestión. Periodista piurana con seis años de experiencia profesional en el rubro.
