El problema de la educación en el Perú no se limita a la falta de recursos: la radiografía revela deficiencias en la gestión, brechas en infraestructura y un sistema que, pese a contar con mayores presupuestos en algunas aristas, no garantiza un aprendizaje de calidad.
Este es el “punto de partida” que heredará el próximo gobierno.
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Calculadora en mano
Juan Acosta, docente de la carrera de Administración y Negocios Internacionales de la UPC, recuerda las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) e indica que el gasto en educación equivale al 3.9% del PBI.
En los últimos cinco años (2021-2025), la función Educación contó con un presupuesto —que incluye actividades (salarios y pensiones) y proyectos— de S/ 219,796.7 millones, de los cuales se gastaron S/ 202,923.5 millones; es decir, el 92.3%, según revisó Gestión en Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Lo que no puede pasarse por alto es que, del monto total asignado, el 60% se destinó a gasto corriente, es decir, personal y obligaciones sociales (S/ 130,581.4 millones).
“Cada incremento en el gasto del personal deja de lado partidas como la adquisición de bienes o infraestructura para el sector. Por ejemplo, la asignación para la construcción de edificios y mejora de infraestructura representó en el 2025 el 17.45% del total del presupuesto, cifra que es un casi un 2.22% menor al 2024″, refiere Acosta.
Para este 2026, el presupuesto institucional modificado (PIM) hasta ahora para educación -actividades y proyectos- es de S/ 49,866.8 millones y ya se gastó la cuarta parte. Del total asignado, S/ 34,285.8 millones va a personal.
Mientras los números muestran ello, Perú no ha logrado destacar en su calidad educativa. Basta ver los resultados de la prueba PISA con data del 2022 para comprobarlo. Además, en 2024, recordó Videnza Instituto, se evaluó a los alumnos de 4to y 6to de primaria. A nivel nacional, los alumnos de 4to de primaria obtuvieron resultados inferiores al de los años prepandémicos en la evaluaciones matemáticas y comprensión de textos. Respecto a los alumnos de 6to de primaria, fue la segunda vez que fueron evaluados, obteniendo resultados inferiores a la primera evaluación en 2022.
Inversión pública en educación
Pero hay más cifras. Entre el 2021 y 2025, la función educación recibió, en total, S/ 51,659.9 millones solo para proyectos, de los cuales ejecutó en ese periodo el 77.8%. Con ello, quedaron S/ 11,488.1 millones sin uso. Solo para el 2026, se asignaron S/ 8,428.8 millones a la fecha, de los que ya se invirtió el 23%.
Vale la pena hacer zoom sobre el Ministerio de Educación, en particular sobre el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), encargado de planificar, diseñar, construir y mantener la infraestructura de los colegios públicos a nivel nacional. En 2021, de acuerdo con la data oficial, registró un presupuesto de S/ 415.8 millones y ejecutó el 72.2%. En 2022, el monto se elevó a S/ 429.9 millones y se utilizó un 84.9%.
En 2023 llegó el salto: el presupuesto fue de S/ 612.4 millones y lo ejecutado alcanzó el 83.5%. Pero en 2024 se produjo el mejor desempeño: aunque el presupuesto se redujo a S/ 437.3 millones, el avance fue de 94.4%.
El deterioro marcó el 2025: el monto cayó con fuerza hasta los S/ 316.1 millones y la ejecución siguió la misma tendencia, con 85.2%. En otras palabras, menos recursos y menos capacidad de gestión de los mismos.
El Pronied existe en el Perú desde el 2014. (Foto: Andina)
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Más alarmas en la educación
Para Acosta, además de la ejecución presupuestal en el sector, se debe observar el frente humano. Desde su perspectiva, una decisión reciente ha resultado perjudicial para el sistema:
“La Ley Nº 31996 del 2024 permitió el retorno de profesores que desaprobaron o no rindieron la evaluación que les correspondía a la Carrera Pública Magisterial (CPM). Esta ley, que se aprobó por insistencia del actual Congreso, permitió reinstaurar en sus puestos a aproximadamente 14,000 docentes interinos, quienes habían sido cesados en 2014”, sostiene.
Con ello, se abre un debate sobre cómo se resguardan los criterios de meritocracia y calidad dentro de la Carrera Pública Magisterial. “Luego, en el mismo año, se dio la Ley Nº 32046, que también planteó el ingreso a la CPM de docentes de centros de educación técnico-productiva sin rendir evaluación docente”, agrega.
Este mismo aspecto —sin buenos docentes, no hay reforma educativa posible— lo identifica Ramiro Salas, presidente del Gremio de Educación de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
“El perfil del docente tiene que desarrollarse de forma periódica, porque debe adecuarse a los cambios permanentes de la dinámica del desarrollo del mundo. [...] Eso no puede solamente darse en la educación privada, sino también en la educación pública. Todos los peruanos a través de nuestros impuestos pagamos las posibilidades de educación de todos los ciudadanos. [...] Allí es donde se requiere realmente tener los estándares”, expresa.
Asimismo, el gremio empresarial advierte que la educación inicial sigue siendo una deuda crítica del Estado. Sumado a que faltan políticas más sólidas en dicha etapa clave que vayan incluso más allá de las aulas: la anemia, por ejemplo, afecta a cerca del 42% de los niños en zonas rurales, según Salas.
Después de ese primer nivel, todos los siguientes empiezan a “resquebrajarse”. Hay data que lo refleja, recaba, por su parte, Acosta: “En 2024, la tasa de matrícula a educación secundaria del primer quintil (20% más pobre) fue de 83.4%, 6.6 puntos porcentuales menos respecto del quinto quintil (20% más rico) que alcanzó el 90%. Esto se acentúa aún más en la matrícula a educación superior donde el quintil más rico (56.3%) fue tres veces más que el quintil más pobre (17.2%)”.
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Institucionalidad débil
Salas también es enfático en un punto: la alta rotación de cabezas del Ministerio de Educación (Minedu) bloquea cualquier esfuerzo real en el sector. “La frecuencia de cambio en los titulares de la cartera no hace sino entorpecer cualquier tipo de proceso que pueda tener una gestión eficiente”.
Complementa Acosta: “En promedio, ha habido dos ministros por año desde el 2016. Incluso, hubo años, como el 2021, en los que hubo 4 ministros. Esto, sin lugar a duda, no favorece al desarrollo de una política que permita al menos evaluar el impacto de las medidas aplicadas por un ministro”.
En efecto, este diario comprobó que, en la última década, el país ha visto pasar a 20 ministros de Educación: Patricia Salas, Jaime Saavedra, Marilú Martens, Idel Vexler, Daniel Alfaro, Flor Pablo, Martín Benavides, Fernando d’Alessio, Ricardo Cuenca, Juan Cadillo, Carlos Gallardo, Rosendo Serna, Patricia Correa, Óscar Becerra, Magnet Márquez, Miriam Ponce, Morgan Quero, Jorge Figueroa, Erfurt Castillo y María Cuadros. Los últimos 12 abarcan el conteo desde 2021.
“Esto hace que sea difícil nutrir y cumplir diversos planes en materia de educación, como el plan estratégico de desarrollo nacional al 2025 o el proyecto educativo nacional al 2036, el cual busca fortalecer el carácter público de la educación y realizar un uso universal e intensivo de tecnologías digitales”, resalta el académico.
Dado el panorama, para los especialistas la agenda del próximo gobierno debe priorizar el aumento de la inversión en infraestructura educativa, el fortalecimiento de la Carrera Pública Magisterial y el respeto por el liderazgo político.
María Cuadros Espinoza, ministra de Educación. Foto: Presidencia
Redactora de Economía en diario Gestión. Periodista piurana con seis años de experiencia profesional en el rubro.
