El caso analizado parte de errores cometidos por un grupo de empleados en el cálculo de beneficios laborales —específicamente en la compensación por tiempo de servicios (CTS)— que derivaron en un perjuicio económico para la empresa, lo que motivó una demanda de indemnización contra quienes participaron en su elaboración y validación.
A partir de este escenario, se abre una discusión clave: ¿hasta dónde puede llegar la responsabilidad del trabajador dentro de una relación laboral?
Trabajadores podrían indemnizar a empresas por negligencias en sus funciones (Crédito: freepik)
LEA TAMBIÉN:Igualdad salarial: Multas por incumplimiento pueden superar los S/ 288 mil, advierte Sunafil
El caso bajo análisis: ¿demandas contra empleados?
El caso se originó en una demanda interpuesta por una empresa contra un grupo de trabajadores que participaron en la elaboración, revisión y aprobación de liquidaciones de beneficios sociales.
Según la empresa, entre los años 2003 y 2005 se incluyeron indebidamente conceptos como vacaciones truncas y no gozadas dentro del cálculo de la CTS, lo que generó un perjuicio económico superior a S/ 69 mil.
En primera instancia la demanda fue declarada infundada, pero en segunda instancia se revocó dicha decisión y se ordenó el pago de una indemnización de parte de los trabajadores al empleador.
Al analizar el caso, la Corte Suprema se centró en determinar si los trabajadores incurrieron en responsabilidad civil por incumplimiento de sus obligaciones laborales. Para ello, evaluó los elementos clásicos de la responsabilidad: conducta antijurídica, daño, nexo causal y factor de atribución.
El tribunal concluyó que existió un incumplimiento, ya que los trabajadores incluyeron conceptos no permitidos en el cálculo de la CTS, pese a que la normativa establece que dichos conceptos no son remuneración computable. Además, se acreditó que ese actuar generó directamente el perjuicio económico a la empresa.
La Corte Suprema declaró infundado el recurso de casación presentado por los trabajadores y confirmó la sentencia que los obliga a indemnizar el daño causado.
En su decisión, también dejó sentado que la responsabilidad por daños derivados del incumplimiento de obligaciones laborales debe analizarse bajo las reglas de la responsabilidad civil, lo que permite exigir indemnizaciones incluso fuera de los supuestos tradicionales vinculados al despido por falta grave. Este último punto es la clave.
LEA TAMBIÉN: Sunafil pone en la mira la cuota de trabajadores con discapacidad: ¿qué pidió a las empresas?
Se eliminan restricciones: ya no depende del despido ni del plazo corto
Uno de los principales efectos del nuevo criterio es la eliminación de dos barreras que, en la práctica, restringían la aplicación de este tipo de demandas: el despido por falta grave y un supuesto plazo de 30 días. ¿Dónde se originan estas dos “trabas”?
En concreto, hasta ahora todo giraba en torno al despido por falta grave, que se usaba como requisito necesario para luego poder demandar. Además, en su normativa se establecía que el empleador podía retener la CTS al trabajador por 30 días cuando iba a iniciar una acción judicial. El problema era que se entendía que si no se demandaba en ese periodo, ya no habría espacio para hacerlo después.
En este contexto y con lo resuelto por la Corte Suprema, César Puntriano, socio del estudio Muñiz, cuestiona la exigencia del despido como condición para demandar, al considerar que generaba escenarios poco razonables. “Si un trabajador renuncia y luego se detecta un perjuicio económico, no tendría sentido impedir una demanda solo porque no fue despedido”, explica.
En la misma línea, Brian Ávalos, socio del estudio Payet, señala que este cambio corrige una limitación indebida. Advierte que los daños muchas veces no se identifican de inmediato, por lo que exigir un despido previo dejaba sin protección a las empresas frente a perjuicios detectados con posterioridad.
Ambos coinciden en que el nuevo enfoque permite demandar tanto a trabajadores que continúan en la empresa como a aquellos que cesaron por cualquier causa, incluso renuncia.
Además, mencionan, el plazo de 30 días no constituye un límite para demandar, sino una condición solo para retener la CTS. “Si no demandas dentro de ese plazo, solo debes liberar la CTS, pero igual puedes accionar después”, señala Ávalos.
Trabajadores podrían indemnizar a empresas por negligencias en sus funciones (Foto: Karola G / Pexels)
El nuevo enfoque: responsabilidad civil como eje del análisis
Respecto al cambio de enfoque, los especialistas coinciden en que la Corte Suprema ha trasladado correctamente el análisis al ámbito de la responsabilidad civil.
Puntriano sostiene que no existe justificación para limitar estas acciones cuando se acredita un daño, ya que la responsabilidad debe regirse por las reglas del Código Civil.
Por su parte, Ávalos enfatiza que el elemento central pasa a ser la existencia de un perjuicio económico concreto. En ese sentido, indica que el empleador deberá acreditar el daño, el incumplimiento del trabajador y la relación directa entre ambos.
Así, ambos abogados consideran que el foco deja de estar en requisitos formales y se traslada hacia la verificación de los elementos sustantivos de la responsabilidad.
LEA TAMBIÉN: Sueldos por Yape o Plin: lo que Sunafil podría observar con la nueva norma
Límites: no cualquier error genera indemnización
Pese a la apertura del criterio, los especialistas advierten que no cualquier incumplimiento dará lugar a una indemnización.
Puntriano señala que es indispensable que exista un daño real y un nexo causal claro, ya que no basta con un error en el desarrollo de funciones si este no genera un perjuicio económico.
Ávalos coincide en este punto y precisa que deben tratarse de daños ciertos y comprobables. Como ejemplo, menciona casos en los que un trabajador, por incumplir instrucciones, genera un daño material, como el deterioro de equipos o pérdidas económicas directas.
De esta manera, ambos enfatizan que la responsabilidad no se activa automáticamente, sino que requiere una acreditación rigurosa del perjuicio.
LEA TAMBIÉN: Fiscalización digital: ¿Amenaza para los trabajadores no controlados? Esto dice Sunafil
Alcances y efectos: mayor predictibilidad, pero aún en debate
Sobre las implicancias del fallo, Ávalos considera que el nuevo criterio brinda mayor predictibilidad a las empresas, al confirmar que pueden reclamar daños sin depender de requisitos formales restrictivos.
Además, destaca que se elimina la confusión sobre el plazo de 30 días y se amplía el margen para accionar judicialmente, lo que resulta relevante considerando la complejidad probatoria de este tipo de procesos.
Sin embargo, Puntriano advierte que el criterio aún no está completamente consolidado. Explica que la casación ha sido emitida por una sala distinta a la que suele fijar doctrina jurisprudencial y que existen votos en discordia que respaldan la posición anterior.
En ese contexto, ambos coinciden en que el fallo representa un avance importante, pero que será necesario un pronunciamiento más uniforme de la Corte Suprema para dotar de mayor estabilidad al sistema.
Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.
