El desarrollo de infraestructura en un país es clave para impulsar su competitividad y la provisión adecuada de servicios públicos de calidad. En el Perú, la falta de infraestructura y servicios adecuados se refleja en bajos niveles de satisfacción de la población.
En este contexto electoral, y con nuevos marcos normativos vinculados al desarrollo de infraestructura, los candidatos tienen el reto de atender los principales desafíos de gestión para la ejecución de los proyectos.
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Situación de la infraestructura: población insatisfecha
Perú se encuentra rezagado en materia de desarrollo de infraestructura productiva y este lento avance está reflejado en una acotada satisfacción por parte de la ciudadanía. Al 2024, según el Índice Global de Infraestructura, apenas la cuarta parte de la población (24%) se encuentra satisfecha con esta, y dicha cifra se ubica por debajo del promedio de América Latina (35%) y es tan solo la mitad respecto de Chile (46%) o México (48%).
Cabe hacer énfasis en que las mayores diferencias ocurren en algunos rubros como la infraestructura de carreteras y de abastecimiento de agua, cuyo grado de satisfacción apenas alcanza 30% y 20%, respectivamente, por debajo del promedio de América Latina (46% y 32%).
Esto es consecuencia de una red vial que en su mayoría (70%) se encuentra en condiciones inadecuadas y de una realidad donde aun 3 millones de peruanos no acceden al agua y otros acceden, pero solo por unas horas.
Ante esta situación, surgen esfuerzos como el Plan Nacional de Infraestructura (PNISC), que debió haber sido actualizado en el 2025, con el fin de priorizar proyectos estratégicos y agilizar su ejecución en sectores clave. Estos acumulan compromisos de inversión por S/ 197.8 mil millones.
No obstante, cuenta con un acotado avance de ejecución de 23.7%, exhibiendo disparidades en su ejecución según sectores. Por ejemplo, contrasta el avance del sector electricidad (99.3% de avance) respecto al casi nulo avance en agua y saneamiento (2.4%), lo que acentúa la deficiencia en la provisión de dicho servicio.
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Pendientes: ¿cuándo inician las obras?
Sumado a ello, en los últimos años los esfuerzos por adjudicar proyectos han contrastado con el avance en la ejecución de las obras. Este último requiere de un cierre financiero, estudios técnicos aprobados, certificados ambientales, licencias municipales y liberalización de interferencias, entre otros.
Considerando la información de los 25 proyectos de inversión de mayor magnitud en los sectores de transporte, irrigación, telecomunicaciones, educación, salud y saneamiento, el 59% de estos se ha adjudicado por un valor de US$ 15.1 mil millones. De este monto, US$ 14.6 mil millones no cuentan con una fecha de inicio de ejecución definida y representa el 97% del total de proyectos adjudicados.
Entre estos destacan las iniciativas de conectividad terrestre como la Nueva Carretera Central, el Anillo Vial Periférico y la carretera Longitudinal de la Sierra, entre otros.
En paralelo a la adjudicación de nuevos proyectos, la capacidad estatal para actualizar, ampliar o concursar concesiones operativas es determinante para sostener niveles de servicio e incorporar nuevas inversiones.
El sector transportes concentra la mayor proporción de inversión potencial, con más de US$ 3,200 millones para la ampliación de servicios de la Línea 1 del Metro de Lima. Por su parte, el sector hidrocarburos concentra más de US$ 2,600 millones, asociados a la masificación del gas en el centro y sur del país.
Sin embargo, el avance aún es heterogéneo y no está a salvo de retrasos. Según ProInversión, ocho adendas ya se encuentran en elaboración, próximas a firmarse y concentran casi el 60% del total (US$ 8,300 millones). Otras seis potenciales adendas podrían gatillar inversiones por más de US$ 5,700 millones en puertos, carreteras y electricidad.
La firma oportuna de estas, siempre que sea costo eficiente, definirá la viabilidad de ampliaciones y modernizaciones que eviten el deterioro del servicio.
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Lecciones sobre infraestructura
De cara a las elecciones presidenciales, la infraestructura vuelve a ocupar un lugar central en los planes de gobierno. Así, 10 de los 35 partidos en carrera plantean la creación de una entidad gubernamental destinada a centralizar la inversión pública y/o de oficinas descentralizadas para ello.
El diagnóstico que subyace a estas ideas –la fragmentación y baja capacidad de ejecución– no es equivocado. El problema es que la solución propuesta pasa por crear nuevas instituciones sin reconocer a la ya existente Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), responsable de formular, ejecutar y mantener grandes proyectos de inversión.
Mas bien, el ímpetu con el que fue creada la ANIN en el 2023 para acelerar el cierre de brechas parece haberse debilitado sin una clara explicación. La mitad de su cartera registra avances limitados, y en este 2026 enfrentó su segundo recorte presupuestal anual consecutivo.
Estos sucesos muestran que la creación de nuevas entidades resulta poco eficiente si no se lideran.
Un análisis del IPE ya advertía a fines del 2024 que un eventual “ministerio de infraestructura” administraría apenas el 18% del presupuesto total de inversión, sin resolver el principal cuello de botella del sistema: las dificultades de ejecución en los gobiernos regionales y locales, que concentran alrededor del 60% de los recursos de inversión. Además, la reorganización institucional implicaría costos administrativos adicionales en gastos de funcionamiento, con un costo anual estimado en ese entonces en más de S/ 169 millones.
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Capacidad para ejecutar
Por Stephani Maita, economista sénior del IPE
El próximo Gobierno heredará una cartera diversificada de proyectos adjudicados, pero no iniciados, y otros en cartera por gestionar. Mientras tanto, persisten brechas pendientes de ser atendidas. En este contexto, será clave asegurar que las decisiones pendientes –desde adendas hasta nuevas obras de infraestructura– se tomen con la urgencia que exige el país.La prioridad inmediata debe ser garantizar que la nueva gobernanza funcione y mejorar la capacidad de ejecución. Para ello, es necesario contar con expedientes técnicos sólidos, avanzar en la gestión de predios y permisos, destrabar controversias, y mantener reglas claras para la inversión.
