
Las carreteras inconclusas, los hospitales colapsados y los servicios públicos insuficientes son escenarios disonantes frente al avance de los factores macroeconómicos que mantienen a nuestro país estable. ¿Se trata de un desajuste en el modelo o de un factor institucional?
Mercedes Araoz y Luis Miguel Castilla, extitulares del Ministerio de Economías y Finanzas (MEF), compartieron su opinión junto a Pablo Cateriano, presidente y fundador de Métrica, durante el foro “El Perú frente a un nuevo ciclo económico y político”, a cargo de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena.

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Legitimidad y fractura social
Víctor Melgarejo, director de Gestión y moderador del panel, expresó que cada cinco años el país se encuentra con una “fotografía similar” en términos de insatisfacción y resultados electorales. Al respecto, consultó si el modelo económico estaba llegando a su límite.
Araoz sostuvo que el actual sistema se utiliza en la mayor parte del mundo; apuntó, así, que el desbalance recae en la forma de intervención del público. Criticó que algunos sectores vean al Estado como una herramienta de reparto de votos y de corrupción; en sus palabras, como un “botín”. Abogó, entonces, por una reforma basada en la meritocracia y la eficiencia técnica.
“El discurso no solo debe quedar en discurso, debe ser una promesa clara desde el día uno [de quien asuma el puesto presidencial] y todo su equipo. Que el Estado para ellos no sea un botín [...] ni sea una herramienta de reparto de votos, como ha sucedido en los últimos años”, dijo.
Coincidió Castilla, quien defendió el modelo actual y señaló que es la izquierda la que lo toma como su “piñata favorita”. Brindó sus argumentos: un sistema basado en la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la protección de contratos, la libre convertibilidad de monedas y el trato igualitario a la inversión nacional y extranjera. Por esto, el actual capítulo económico no debe cambiarse.
El problema, precisó, es la percepción: la riqueza no se goza de manera plural debido a una descentralización fallida, caracterizada, sobre todo, por el manejo presupuestal de gobernadores y municipios.
Sobre este punto, Cateriano advirtió que el Perú está fragmentado: una mitad cree en el modelo porque tiene las cosas medianamente “encaminadas”, mientras que la otra mitad, la más pobre, se siente abandonada y no mira al modelo con ilusión.
Ante esta realidad, subrayó que las políticas públicas del nuevo Gobierno deben focalizarse en la mitad que más lo necesita para construir una reputación de cumplimiento y estabilidad.
“¿Cómo va a dejar el país en el 2031? ¿Va a lanzar una serie de promesas inconclusas o cumplirá con la palabra y construirá una reputación de un Gobierno que finalmente pudo darle un respiro al país? Las siguientes elecciones puede ser menos acaloradas que las que hemos vivido”, analizó.

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Convergencia entre el Estado y el privado
Castilla insistió en que hay un aparato público rígido que no se adapta a la heterogeneidad del país y un Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que debe cambiar su “chip” de control centralista:
“El sentido de ‘Yo decido todo, tú no sabes nada’ no puede continuar, porque esto alimenta la sensación ciudadana de pertenecer a una categoría no competente, pero hay gente muy capaz”, dijo.
Por su parte, Araoz sugirió un ordenamiento de las funciones del Estado para reducir costos administrativos en lugar de simplemente recortar el número de ministerios sin un plan claro.
“El tema es que la gran reforma del Estado no puede implicar la reducción de ministerios al estilo de lo que se planteaba, sino un ordenamiento de quién cumple qué acciones. El tema es preguntarse cómo reducir los costos administrativos y, a la misma vez, cómo cumplir las funciones con claridad. Sin esa articulación, no hay gestión que dé resultado”, explicó.
Además, el privado, según remarcó, debe tener tener un rol político activo no para buscar intereses mercantilistas o particulares, sino para proponer ideas y concertar conclusiones colectivas que beneficien al país. Aun así, aclaró que no es función del empresariado formar un partido político propio.
Cateriano, en cambio, expresó que le gustaría ver a una clase empresarial tan activa como la de Chile: el privado participa abiertamente en la discusión pública e incluso postula a cargos electorales. A propósito, reconoció que aquí muchos empresarios no se involucran en política por temor a la judicialización; en otras palabras, cualquier participación puede terminar en investigaciones.
Añadió su escepticismo sobre la posibilidad de realizar reformas de segunda generación —los cambios que vienen luego de estabilizar la economía— debido a la falta de apoyo en el Congreso. Por ello, recomendó priorizar el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
Trajo a colación el consejo que debería acoger Keiko Fujimori [Fuerza Popular] en el caso de que llegue a la presidencia, al contar con más probabilidad al cierre de este informe: “Que sea consciente, durante los cinco años de su mandato, que ha sido elegida con las justas. Ella tuvo una gran oportunidad de fortalecer las instituciones [desde el rol del Congreso]. Defender lo que nos queda es más realista, [...] así como apretar más el acelerador sobre el lado de la institucionalidad democrática que sobre las reformas”.

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En suma, los expertos coincidieron en que el modelo económico es funcional, pero requiere de una reforma profunda en la gestión pública, mayor meritocracia, un cambio de actitud en el MEF y una comunicación que atienda la fractura social del país para ser sostenible.

Redactora de Economía en diario Gestión. Periodista piurana con seis años de experiencia profesional en el rubro.







