Apoyo Consultoría encuestó a ejecutivos de sus más de 300 empresas e instituciones miembros del Servicio de Asesoría Empresarial (SAE), entre el 7 y el 11 de agosto, para conocer sus intenciones de invertir en estas primeras semanas de la gestión de la presidenta Keiko Fujimori y tras un primer mensaje a la nación y conformación del Gabinete ministerial.
Los resultados de este mes muestran una consolidación del registro de julio: la confianza para invertir alcanza su nivel más alto en 15 años. Es una señal positiva para la inversión privada de los próximos meses, que terminaría creciendo 10% o más este año y contribuiría a la generación de empleo formal.
Sin embargo, el Gobierno enfrentará cuatro retos clave que podrían complicar el avance de sus propuestas, incluyendo las económicas.
¿En qué se basó la confianza?
Esta reacción responde probablemente a que las comunicaciones y decisiones del Gobierno han sido percibidas, en balance, como positivas. Entre ellas destacan el mensaje a la nación, la conformación del Gabinete y algunos de los nombramientos de funcionarios clave (Banco Central de Reserva del Perú, Sunat, Petroperú, por ejemplo).
Estas decisiones han transmitido la intención de mejorar la gestión y la implementación de políticas públicas, y comprensión sobre cuáles son los temas urgentes, como enfrentar el fenómeno de El Niño (FEN) y la inseguridad ciudadana. De hecho, el 99% de los clientes SAE considera que los principales anuncios del mensaje de 28 de julio estuvieron en línea con sus expectativas o las superaron. Esto sugiere que los anuncios habrían contribuido a sostener la confianza empresarial.
La conformación del Gabinete ha tenido un papel particularmente relevante: el 93% de los clientes SAE tiene una opinión positiva o muy positiva. La selección de ministros combina perfiles técnicos con políticos, lo que reflejaría que el Gobierno es consciente de sus limitaciones de capital político y buscaría enfoques pragmáticos.
En el caso del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se ha priorizado un perfil técnico, lo que da una señal contundente de seriedad y credibilidad respecto de la política económica. El ministro actual, Elmer Cuba, ha fijado metas en crecimiento económico (4% en promedio entre 2026 y 2031), pobreza monetaria (15% de la población al 2031) e informalidad laboral (50% de los trabajadores al 2031), con prioridades estratégicas claras: aumentar la productividad y reducir la desigualdad social.
Esto representaría una mejora en la gestión económica frente a los cinco años previos y ofrece un marco para evaluar si las medidas que se adopten en los próximos años acercan al Gobierno a esos objetivos.
Además, tiene una agenda bien definida para el corto plazo. Esta abarca asuntos urgentes vinculados al FEN, a la alta inflación y a contener presiones que amenazan la sostenibilidad fiscal. Por un lado, incluye el financiamiento para la respuesta a la emergencia del FEN (con una asignación de S/ 2,500 millones) y subsidios a transportistas para la compra de diésel para amortiguar el impacto negativo del aumento en los precios internacionales del petróleo sobre costos de empresas y poder adquisitivo de los hogares.
Por otro lado, planea presentar demandas de inconstitucionalidad contra cuatro leyes de gasto aprobadas por el Congreso anterior, lo que podría evitar cerca de S/ 18 mil millones de gasto rígido adicional en los próximos cinco años. De manera similar, está respaldando políticamente la reestructuración de Petroperú, de modo que haya mejoras en gobernanza y gestión que se traduzcan gradualmente en resultados financieros más sólidos. Y, ha comentado acciones vinculadas a temas tributarios y laborales para reducir la informalidad.
Aun así, algunas medidas, como aumentar el salario mínimo o mantener el número de feriados, no contribuyen a los objetivos de mejorar la productividad y reducir la informalidad. Sin embargo, viéndolas como parte del conjunto, se pueden entender como concesiones para balancear aspectos políticos y técnicos, cuyos impactos negativos se han tratado de mitigar en cierta medida.
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Retos que pueden cambiar tendencia
Como se mencionó, el Gobierno enfrentará cuatro retos clave que podrían complicarlo.
Primero, tendrá que sostener su capital político inicial. Esto exigirá respuestas eficaces y rápidas a los temas más urgentes: el FEN y la inseguridad ciudadana, que ya golpean a empresas y familias y que limitarían el crecimiento económico en los próximos meses.
Segundo, el Poder Ejecutivo deberá administrar con cuidado su relación política con el Congreso de la República. Según un sondeo de Apoyo Consultoría a más de 40 expertos políticos en julio, es altamente probable que el Gobierno obtenga facultades legislativas para prevenir y mitigar el FEN, luchar contra economías ilegales e impulsar la inversión privada.
Sin embargo, el control de la oposición sobre comisiones clave del Parlamento (economía y energía y minas, por ejemplo) y la ausencia de una mayoría oficialista podrían llevar a que el Ejecutivo tenga que realizar múltiples concesiones para que se aprueben sus iniciativas y eso podría atenuar o distorsionar sus impactos esperados sobre el entorno de negocios.
Tercero, el Gobierno tendrá que revertir el deterioro del aparato público del quinquenio previo, puesto que podría ralentizar la implementación de cambios, sobre todo aquellos que requieren coordinación intersectorial.
Cuarto, el Poder Ejecutivo tendrá que conseguir apoyo político regional, sobre todo en el sur, donde el respaldo es más débil, para contener potenciales brotes de conflictividad social. Si bien las elecciones municipales y regionales podrían ofrecer ese espacio, hay alta incertidumbre sobre la capacidad de Fuerza Popular para ampliar su presencia regional. En promedio, los expertos políticos asignan una probabilidad cercana al 50% a que el partido gane al menos una gobernación regional.
Así, en resumen, el sector corporativo percibe un balance favorable de los mensajes y acciones del nuevo Ejecutivo en sus primeras semanas. Los buenos niveles de confianza empresarial y la percepción positiva sobre el Gabinete le dan al Gobierno un margen inicial para tener una relación positiva con el sector privado y trabajar conjuntamente para enfrentar escenarios de crisis y dinamizar la economía.
Sin embargo, ese margen es condicional. Si el Gobierno respondiese mal o tarde al FEN y a la inseguridad ciudadana, no lograse consensos con el Congreso y las regiones, y no mejorase la calidad del aparato público, tendría dificultades para implementar su agenda y para alcanzar las ambiciosas, pero logrables, metas del MEF. De ello dependerá que se mantenga el apetito del sector privado por invertir y contratar.
“Las dos reconstrucciones”
Por Pablo del Águila, jefe del Servicio de Asesoría Empresarial (SAE)
Hoy, todo apunta a un FEN fuerte o extraordinario en los siguientes meses: sequías en el centro y sur del país y lluvias intensas en la costa norte, posiblemente iguales o peores que en 1997. El gobierno está pensando, acertadamente, en cómo evitar mayores daños y afrontar la emergencia. Ya es hora también de pensar en el proceso de reconstrucción del norte; será tarde si se espera a hacerlo cuando se “caiga el cielo”.
Sin embargo, ninguna intención ni plan se concretará si no se avanza desde ahora con la otra reconstrucción: la de las capacidades del aparato público. Aunque este es un problema de larga data, empeoró significativamente en el último quinquenio y representa un reto serio para la ejecución. El Ejecutivo debe cubrir más de mil puestos de alta dirección en ministerios. A esto se suma una descentralización que no ha dado resultados, con 25 gobernadores y 1 892 alcaldes que asumirán funciones durante la peor parte del FEN. Sin esta primera reconstrucción, la segunda difícilmente pasará del papel.
