La apertura del sistema financiero peruano a nuevos participantes digitales podría transformar el mercado del crédito en los próximos años.
“En línea con los objetivos institucionales de facilitar la competencia, innovación y mayor inclusión en el sistema financiero, la SBS continuará revisando los procesos de licenciamiento para hacerlos más ágiles y proporcionales al riesgo, particularmente en entidades no autorizadas a captar depósitos del público, habiendo logrado reducir los plazos de evaluación”, indica el regulador en su memoria anual.
La propuesta permitiría que fintech y empresas digitales, tanto nacionales como extranjeras, inicien operaciones como empresas especializadas en créditos utilizando recursos propios antes de solicitar una licencia para captar depósitos de los ahorristas, explicó Ronald Casana, representante del Colegio de Economistas de Lima.
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El economista señaló que este esquema responde a un criterio de supervisión basado en el nivel de riesgo que asume cada tipo de entidad. “El principal objetivo de la supervisión financiera es proteger los ahorros de las personas. Si una empresa solo otorga créditos con capital propio, el riesgo lo asumen sus accionistas y no los depositantes”, indicó.
A inicios de mes, la SBS autorizó el financiamiento de Prex Perú como empresa de crédito 100% digital, por lo que es posible que más entidades financieras de similares características ingresen con las simplificaciones que hará el organismo supervisor.
Consumo
De acuerdo con Casana, este modelo facilitaría el ingreso de nuevos competidores sin comprometer la estabilidad del sistema financiero.
Inicialmente, las nuevas entidades concentrarían su actividad en créditos de consumo y financiamiento para pequeñas y medianas empresas (pymes), segmentos donde existe una importante demanda de financiamiento, dijo.
Actualmente, cerca del 65% de la cartera crediticia del sistema financiero corresponde a préstamos de consumo, mientras que una parte significativa del saldo restante está dirigida a las pymes.
Esto obligaría a las entidades financieras tradicionales a acelerar su transformación digital.
Uno de los principales atractivos del modelo es que estas empresas podrían operar de forma completamente digital. Tendrían capacidad para ofrecer procesos más rápidos y condiciones competitivas, refirió Casana, lo que podría traducirse en menores tasas de interés para los clientes.
La mayor competencia beneficiaría especialmente a los usuarios de créditos de consumo, quienes actualmente enfrentan tasas significativamente superiores a las de otros segmentos. Asimismo, obligaría a las entidades financieras tradicionales a acelerar su transformación digital, mejorar la experiencia de sus clientes y revisar sus condiciones comerciales para mantener su competitividad.
Informalidad
Para Jorge Ojeda, docente de Finanzas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), agilizar la autorización de empresas dedicadas al otorgamiento de crédito también contribuiría a reducir la informalidad financiera.
Explicó que muchas empresas que no califican para acceder al financiamiento bancario terminan recurriendo a mecanismos informales. Permitir que nuevos actores regulados atiendan ese segmento ampliaría las alternativas de crédito y fortalecería la supervisión del mercado.
“Si estas empresas permanecen fuera del sistema, la autoridad no recibe información sobre sus operaciones. Incorporarlas al marco regulado permite monitorear mejor sus riesgos y reducir los espacios para la informalidad”, afirmó.
A largo plazo, el ingreso de estos nuevos participantes podría ampliar la oferta de servicios financieros, impulsar la innovación tecnológica y fortalecer la inclusión financiera en el país, manteniendo los estándares de supervisión exigidos por la regulación peruana.
Permitir que nuevos actores regulados atiendan ese segmento ampliaría las alternativas de crédito y fortalecería la supervisión del mercado.
(Foto: Gémini)
Captación de depósitos llegaría en una segunda etapa
Ronald Casana explicó que las fintech podrían iniciar operaciones como empresas de crédito utilizando capital propio y, tras uno o dos años de funcionamiento bajo supervisión de la SBS, solicitar una licencia para recibir depósitos.
Jorge Ojeda, de la UPC, respaldó este esquema y consideró que permitir la captación de ahorros desde el inicio sería prematuro. Recordó que la SBS ha intervenido y cerrado diversas cooperativas por problemas de solvencia, lo que demuestra la necesidad de mantener exigencias rigurosas para las entidades que administran recursos del público.
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Economista de la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como redactor de Finanzas en Diario Gestión.
