Brasil ha prohibido las apuestas deportivas y los casinos en línea. Según el presidente Lula da Silva, con esta medida se quitó “la libertad de lucrar con la ludopatía” a las empresas del rubro, en un contexto donde cerca de 11 millones de personas presentan patrones de juego peligrosos —en datos de FAPESP— y la ciudadanía desembolsó más de US$ 42,500 millones en juegos de azar. La agresiva política de Lula abrió un frente de discusión con las casas de apuestas, quienes buscan que la Corte Suprema le ponga fin por atentar contra la libertad empresarial. Expertos consultados por Gestión aterrizan las dimensiones de este caso y explican qué opciones tiene Perú frente a esta adicción.
¿Cuánto mueve el negocio de las apuestas en Perú?
En datos de Sunat, desde enero a agosto de este año se recaudaron US$ 528.3 millones en impuestos provenientes de juegos de casino, apuestas y tragamonedas solo en lo contemplado en la ley 31557. Katarzyna Dunin, abogada tributarista, detalla que el esquema contempla que el 20% de la recaudación se destine al Tesoro Público, otro 20% al Ministerio de Salud, el 40% al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y el 20% restante al Instituto Peruano del Deporte (IPD).
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Desde Apuesta Legal precisan que las apuestas crecieron 67% durante el Mundial de Fútbol 2026; y según el Mincetur, son 95 las empresas autorizadas para este negocio.
Desde el lado humano, el Ministerio de Salud reportó 14,400 atenciones por ludopatía durante 2025; mientras que entre enero y julio de este año, se registraron aproximadamente 9,000 casos, lo que marca su tendencia creciente.
El costo económico de la prohibición
Dunin señala que las cifras de recaudación correspondientes al impuesto especial a los juegos no necesariamente representan el aporte tributario total de las compañías del sector, debido a que el impuesto a la renta (IR) se registra bajo otro concepto, por lo que una eventual prohibición como en Brasil no solo afectaría la recaudación del tributo específico, sino también los ingresos por IR e ISC de las empresas domiciliadas en el país que dejaran de operar.
Además, puede generar cuestionamientos legales de parte de empresas que consideren afectados sus derechos o intereses económicos. “La posibilidad de que se presenten acciones judiciales y su eventual resultado dependerían del contenido de la norma y de su evaluación jurídica”, resalta.
La letrada advierte también sobre los contratos comerciales entre equipos y federaciones deportivas, así como compromisos publicitarios y otros proveedores.
Un hombre realiza una apuesta desde su teléfono luego de la prohibición por parte del gobierno de las apuestas deportivas y los casinos en línea este viernes, en Rio de Janeiro (Brasil). (EFE/ Antonio Lacerda)
Más que regular las apuestas
Fernando Loayza, profesor de derecho tributario en W&L Law School de Virginia, reconoce que el principal desafío consiste en distinguir la evidencia sobre los daños asociados con las apuestas online y la evidencia sobre qué medidas funcionan para reducirlos.
Frente a los riesgos de la ludopatía y el endeudamiento de los hogares, identifica tres medidas regulatorias que pueden aplicarse sin llegar a una prohibición total: restricciones a la publicidad, los límites obligatorios a las apuestas y las pérdidas, así como mecanismos que dificulten el ingreso de dinero a las plataformas, como candados al pago con tarjetas de crédito.
Para Loayza, el debate no debería limitarse a elegir entre permitir completamente las apuestas deportivas o prohibirlas de manera absoluta. Entre ambos extremos existen medidas que buscan reducir los riesgos sin eliminar toda la actividad económica.
A diferencia de otras actividades nocivas para la salud, como el consumo de alcohol o tabaco, el acceso digital facilita realizar apuestas desde distintos lugares y en cualquier momento. “La decisión de Brasil no la ha tomado ningún otro país del mundo. El tiempo determinará si una medida de esa magnitud consigue reducir los daños sociales y económicos”, sostiene.
Francisco Ochoa, profesor de cursos sobre Regulación e Impacto Regulatorio en Universidad del Pacífico, comenta que el primer paso debería ser identificar con precisión qué problema busca resolver el Estado, ya que no es lo mismo combatir el acceso de menores de edad, reducir la informalidad, prevenir la ludopatía o evitar que los usuarios comprometan una parte excesiva de sus ingresos en apuestas.
“Cada situación requiere instrumentos distintos. Por eso, el especialista plantea revisar las normas vigentes antes de aprobar nuevas restricciones y evaluar si los mecanismos de supervisión existentes están cumpliendo sus objetivos”, apunta.
Expertos plantean restricciones a la publicidad, límites de apuestas y controles a pagos, junto con una evaluación de las normas vigentes. Foto: difusión
La amenaza de la informalidad
Ochoa también advierte que una regulación excesiva puede generar incentivos para que parte de la actividad se desplace hacia operadores informales. Por ello, además de diseñar las reglas, el Estado debe considerar su capacidad efectiva para supervisar el mercado y actuar frente a las plataformas ilegales, dado que en Brasil, tras la prohibición, se bloquearon más de 500 webs sospechosas de ofrecer apuestas online.
Cabe acotar que las empresas de apuestas están obligadas a informar a sus usuarios sobre los términos de juego responsable, en los que voluntariamente pueden fijar montos de juego periódicos y restricciones temporales ante una serie de malos resultados.
No obstante, Ochoa enfatiza sobre “las ciencias del comportamiento” detrás del boom de las apuestas online, denominados dark patterns: mecanismos de diseño que pueden orientar o manipular el comportamiento del usuario, por ejemplo, facilitando la repetición automática de determinadas acciones.
También advierte que se debería revisar cómo se presentan las apuestas en la publicidad, especialmente cuando los mensajes pueden resultar atractivos para menores de edad.
Coinciden Ochoa, Dunin y Loayza en que las restricciones específicas son más viables que la prohibición absoluta, aunque reconocen que no hay certeza sobre los resultados que tendría una medida de alcance total tras la política radical de Brasil.
Periodista con más de 5 años de experiencia en la cobertura de coyuntura económica e informes especiales en prensa escrita y digital.
