El Gobierno de Keiko Fujimori tardó más de lo esperado en presentar al Congreso el pedido de delegación de facultades legislativas. El paquete de 66 medidas finalmente solicitado es relativamente extenso y heterogéneo. Diversos diputados de la oposición han señalado que algunos de los temas no plantean reformas urgentes ni están lo suficientemente definidos. Por otro lado, para muchos electores y analistas cercanos al Gobierno, la importancia asignada en el paquete de medidas a la atención del fenómeno de El Niño y a reforzar la seguridad ciudadana, así como el propósito de enfrentar problemas de larga data en el mercado laboral y en la organización del aparato estatal, ameritan la aprobación del paquete de medidas.
Los esfuerzos de comunicación desplegados por el Gobierno parecen no haber rendido los frutos esperados. Lo más probable es que el Legislativo no delegue la mayor parte de las facultades solicitadas por el Ejecutivo. A pesar de que las recientes encuestas de Ipsos indican que la población apoya mayoritariamente la delegación de facultades, la mayoría de la que goza la izquierda en la Cámara de Diputados y su vocación obstruccionista seguramente llevarán a que el Gobierno de Fujimori no logre su cometido. Mala señal: la confrontación entre poderes probablemente se acentúe en estos cinco años, aunque el riesgo queda ahora mitigado por la presencia de la Cámara de Senadores.
Regresando al pedido de facultades, cabe preguntarnos ¿cuán diferentes serían nuestras vidas o cuánto más efectivo sería el Gobierno si el Legislativo las concediese?
En muchas ocasiones he señalado que, en materia de gestión pública, el principal problema no reside en las leyes, sino en la gestión del Estado. Resulta paradójico que en el Perú –un país donde no impera la ley y en que muchos de los ciudadanos y de las empresas viven al margen de las normas legales– un alto porcentaje de políticos y analistas considere que la solución de nuestros problemas pasa por aprobar nuevas leyes. Sin duda, hay muchas normas que deben eliminarse y reformas que deben implementarse, pero muchas de ellas no estaban incluidas en el paquete legislativo presentado al Congreso.
El aparato estatal es fuertemente disfuncional y no cumple con su rol esencial de proveer bienes y servicios públicos de calidad. Para que empiece a hacerlo, o lo haga sustancialmente mejor, hay que transformar y modernizar la gestión pública. Para ello, no se requiere de leyes que difícilmente vendrán de un Congreso que está demostrando su falta de voluntad de cooperar con el Ejecutivo. El reto recae principalmente en el Gobierno, que debe establecer un conjunto coherente de metas ambiciosas, y nombrar y empoderar a ejecutivos capaces de implementar las acciones que definirán al Gobierno y determinarán el legado de Keiko Fujimori.
Han pasado cerca de dos meses desde la instalación del nuevo Gobierno, la relación con el Legislativo no es alentadora y, según encuestas recientes, la supuesta luna de miel de la mandataria con la población habría llegado a su fin: su desaprobación supera a su aprobación. En este contexto, lo sensato es fortalecer el equipo gubernamental y dedicarse con ahínco a tomar e implementar las decisiones que el país requiere.
Carlos E. Paredes es socio-fundador de Intelfin Estudios y Consultoría, y docente de la U. Continental
