Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme) que contraten con el Estado tendrán una nueva alternativa para obtener liquidez antes de ejecutar un servicio o entregar un bien.
El Poder Ejecutivo aprobó el reglamento que permite utilizar las órdenes de compra y de servicio emitidas por entidades públicas como títulos valores negociables, con el objetivo de adelantar el acceso a financiamiento y facilitar que los proveedores cuenten con capital de trabajo para cumplir sus contratos.
Bajo el esquema tradicional, una empresa recibe una orden del Estado, ejecuta el bien o servicio, obtiene la conformidad de la entidad, emite la factura y luego espera el pago. En algunos casos, recién en esa etapa puede recurrir al factoring para adelantar el cobro, explicó Víctor Valdez, socio del estudio Valdez, Vera & León Abogados.
Con el nuevo mecanismo, la mipyme podrá negociar la orden desde que es notificada. Esta se registra en una Institución de Compensación y Liquidación de Valores (ICLV) y se transfiere al financista, quien entrega los recursos para que la empresa ejecute el contrato.
Luego de la entrega del bien o servicio, la entidad pública otorga la conformidad y se genera la factura negociable, que también se transfiere al financista. Al vencimiento, el Estado paga directamente a este, comentó.
Destacó que este mecanismo es especialmente relevante porque el Estado constituye uno de los principales compradores del país y muchas mipyme pueden obtener contratos, pero carecer de recursos suficientes para atenderlos.
Por su parte, Alexander Goldin, gerente general de Garantía Capital, menciona que uno de los principales aportes del reglamento es ordenar y dar trazabilidad a todo el proceso, desde la negociación de la orden hasta la generación de la factura negociable.
Además, la ICLV validará la información de la orden en línea mediante una interfaz con el aplicativo informático del MEF, lo que busca reducir riesgos operativos en la negociación, subrayó.
Según el decreto, este mecanismo está dirigido a las mipyme definidas bajo los parámetros de la SBS y, en esta primera etapa, alcanza a las órdenes derivadas de contratos menores a 8 UIT (o S/44,000 en 2026). Asimismo, el reglamento precisa que las órdenes deben corresponder a prestaciones que se devenguen dentro del mismo año fiscal en que son emitidas.
Riesgos
El reglamento especifica que no cualquier inversionista podrá financiar estas operaciones, sino que considera como empresas de financiamiento a las entidades supervisadas o registradas por la SBS y a las supervisadas por la SMV que, de acuerdo con su regulación, puedan invertir en títulos valores.
Esto abre la posibilidad de participación de bancos, empresas de financiamiento y empresas de factoring que cumplan las condiciones regulatorias, además de otros inversionistas habilitados, enumeró Valdez.
Para Goldin, si bien la norma genera una nueva alternativa de capital de trabajo, no debe interpretarse como una garantía de que el Estado pagará más rápido. “Hay un riesgo de financiar órdenes de compra o servicio del Estado, que incluye un incumplimiento del proveedor del contrato y podría conllevar a una afectación del pago”, señaló.
Por tanto, dijo, la empresa de financiamiento deberá primero evaluar bien al proveedor del Estado, puesto que este tendría que responder ante incumplimientos, y además validar que la entidad del sector público conozca bien las normas y tenga una correcta política de pagos.
El reglamento especifica que no cualquier inversionista podrá financiar estas operaciones.
(Foto: iStock)
Plazo de implementación
El mercado, sin embargo, todavía deberá esperar para operar plenamente bajo este esquema. Las entidades públicas tienen plazo máximo hasta el 31 de diciembre de 2027 para registrarse ante la ICLV, mientras que el MEF debe implementar la operatividad de su aplicativo hasta esa misma fecha.
Si la entidad pública que emitió la orden de compra o servicio aún no está registrada en la ICLV, la transferencia del título mantiene su validez. El proveedor, legítimo tenedor o tercero autorizado deberá comunicar la operación a la entidad dentro de los tres días hábiles siguientes, indicando la fecha y el nuevo titular.
Economista de la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como redactor de Finanzas en Diario Gestión.
