Mientras el Tribunal Constitucional (TC), como adelantó en exclusiva Gestión, evalúa anular el peaje de otra concesión vial, cuatro instituciones emitieron un comunicado advirtiendo que el mecanismo es una fuente de financiamiento para garantizar la conservación y operación de las carreteras.
El pronunciamiento fue firmado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).
“Este modelo complementa los recursos públicos y favorece la continuidad de proyectos que impulsan la competitividad, la conectividad y el crecimiento económico del país”, indicaron en su comunicado.
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Las cuatro instituciones señalaron que resulta indispensable contar con un esquema de financiamiento sostenible en las carreteras urbanas para asegurar que estas vías mantengan adecuados estándares de calidad, seguridad y continuidad operativa.
Las instituciones recordaron que el desarrollo de la infraestructura vial no solo requiere recursos para construir nuevas carreteras, sino también para financiar su conservación, rehabilitación, operación y servicios como el auxilio vial, la atención de emergencias, la señalización, la gestión del tránsito y las acciones de seguridad vial.
Según el comunicado, estas intervenciones permiten prolongar la vida útil de las vías, reducir los costos logísticos y ofrecer mejores condiciones de movilidad para los usuarios.
El pronunciamiento se da luego de conocerse que el TC analiza un nuevo proceso relacionado con el cobro de peajes en la concesión del tramo Desvío Quilca-Arequipa-Matarani-Moquegua-Ilo-Tacna-La Concordia, administrada por Covinca, donde se cuestiona el cobro por la presunta inexistencia de una vía alterna.
Esto ocurre debido a que un ciudadano, tal y como pasó con Rutas de Lima, presentó un reclamo aludiendo afectación a su derecho al libre tránsito.
El comunicado de las instituciones también hace referencia a las necesidades de las poblaciones ubicadas en las zonas de influencia de las estaciones de peaje, indicando que el marco normativo vigente contempla mecanismos que permiten atenderlos “de manera focalizada, preservando el equilibrio financiero de los proyectos y garantizando la continuidad de las inversiones”.
