
En dos meses, Perú tendrá un nuevo Gobierno que se enfrentará con retos que no solo abarcan alcanzar consensos políticos o fortalecer instituciones, sino también impulsar el frente económico del país y cuidar –quizá mucho más que antes– las cuentas fiscales.
En este contexto, Gestión conversó con Renzo Merino, vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody’s sobre cómo se ve nuestra nación ante los ojos de esta calificadora de riesgo.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó su Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM). Las proyecciones están en la misma línea de lo que había adelantado el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en marzo y se reconoce los riesgos sobre las cuentas fiscales. ¿Qué opina Moody’s?
Los números que ha mostrado el MEF en este último reporte están, más o menos, alineados con nuestras proyecciones [...] Además, concordamos mucho con algunas preocupaciones que mencionan para el largo plazo.
En los últimos años, Perú ha mantenido una trayectoria fiscal prudente que va en línea con lo que nosotros esperamos para el país en cuanto al manejo fiscal [...] Sin embargo, reconocemos que más allá de lo que ha advertido el Consejo Fiscal, es positivo que desde el MEF resalten esos temas que han surgido en tiempos más recientes y que pueden poner presiones sobre las finanzas públicas en adelante.
Hay un “bolsón” de leyes que vienen del Congreso de la República que presionarán muchísimo las cuentas fiscales…
A diferencia de otros países en la región, donde las preocupaciones fiscales están más relacionadas, por ejemplo, a la senda de la carga de la deuda del Gobierno o de los intereses, en el Perú todavía tenemos una expectativa de que las métricas de deuda se mantengan relativamente estables.
Si no se abordan estos temas, ya sean de gastos o exenciones tributarias, a futuro y, sobre todo si hubiese un choque de crecimiento, habría un posible aumento en las métricas de deuda del Gobierno y eso eventualmente podría pesar sobre el perfil crediticio.

¿Cómo analiza el sistema tributario?
En los últimos años han proliferado las exenciones tributarias para ciertos sectores. Al final, esto termina afectando negativamente la recaudación del Gobierno. El mismo MEF, en su informe reciente, publica números importantes, no solo sobre el costo fiscal que deviene del régimen tributario, sino también lo que se deja de cobrar por temas de evasión.
[…] Ahora hay un mayor riesgo de que, ante el incremento del gasto corriente, se tenga que sacrificar el gasto de capital, la inversión, para mantener las cuentas fiscales más o menos estables.
En un contexto de términos de intercambio favorables como el que se vive actualmente, el Perú de ahora no está haciendo lo que hizo hace 20 años: alimentar sus “colchones” para [enfrentar] un posible choque.
Crecimiento. Moody’s ha mantenido su proyección para el Perú en alrededor de 3% para este año.
Un factor que es relevante, porque al final sostiene el crecimiento y empuja la reducción de pobreza, es la inversión privada. ¿Qué se vislumbra desde Moody’s?
Para la segunda mitad del año, cuando haya un mejor entendimiento de hacia dónde irán las políticas del próximo Gobierno, podríamos ver un aumento en el dinamismo de la inversión privada o una pausa, según los resultados. Eso obviamente va a tener un efecto importante en el crecimiento de este año.
Si no hay crecimiento económico, es muy difícil generar las condiciones que mejoren las oportunidades para la población. Lamentablemente, ha habido algunas medidas o políticas que se han ido adoptando en los últimos tiempos –y que podrían adoptarse en adelante– que han favorecido no solo a la economía informal sino también a la ilegal. Eso limita el recaudo del Gobierno y las posibilidades de sostener los gastos para apoyar a la población.

Han mantenido una mirada relativamente estable sobre el Perú pese a todo el ruido político. Ahora, con lo que se está viendo en el país, ¿qué factores siguen sosteniendo la percepción crediticia del país?
La inestabilidad política y los desafíos de gobernabilidad para fomentar políticas que apoyen el crecimiento económico y la disciplina fiscal ya pesaron –hasta cierto punto– sobre el perfil crediticio. Retrocedamos hacia el 2021: ese fue uno de los motivos por el que Moody’s rebajó la calificación del nivel A3 a Baa1.
Hacia adelante, si volviéramos a estar en una situación donde hay cuestionamientos al modelo económico y a las reglas actuales que rigen dentro de la Constitución, y que han apoyado a las instituciones que han solventado la estabilidad macroeconómica del país, podría ser negativo para el perfil crediticio del Perú y, eventualmente, generaría una presión negativa que se reflejaría en una acción de calificación.
El nuevo MEF. Para Moody’s, debería asegurar el tema de la disciplina fiscal: “Hacer una revisión de las presiones fiscales, leyes que generan gasto, exenciones que pesan sobre el ingreso permanente del Estado. Son temas que se deben revisar”. Además, “[...] será importante la conversación con los mercados, los inversionistas, para informar las intenciones del nuevo Gobierno en adelante, para saber cómo esto puede afectar las dinámicas económica e inversiones del país”.
¿Cuáles son los dos escenarios que se abren?
Hoy en día, no es solamente una cuestión de apoyar el modelo económico que ha regido en Perú en las últimas décadas [...]. Con toda esta dinámica de inestabilidad política en los últimos diez años se ha visto una oportunidad perdida en el país para abordar los desafíos estructurales que todavía siguen afectando a la economía y que han limitado el crecimiento.
No es solamente una cuestión de mantener el modelo, sino también de buscar fomentar medidas o políticas económicas que apoyen a un mayor crecimiento económico, mayores oportunidades para el sector privado y también que ayuden al desarrollo del bienestar de la población para que una parte mayor sienta realmente el beneficio de este modelo.
¿Cuál es el otro escenario?
La contraparte es un escenario donde se empieza a ver el cuestionamiento a este modelo económico y las instituciones. Ahí, lo que empezaríamos a ver es qué tan probable es que un próximo Gobierno pueda realizar este tipo de cambios.
Acá uno empieza a hablar más de política, donde lo más probable es que el próximo Congreso no apoye la realización de este tipo de ajustes. Solamente esto nos lleva de nuevo a alguna posible situación de continuidad de la inestabilidad política o problemas de gobernabilidad para la próxima administración.

En este contexto de eventual fragmentación, ¿cómo se percibe la capacidad real para ejecutar reformas?
La fragmentación política quizás pueda ser algo menor a lo que se observó en los últimos años. Aun así, sería limitante en la formulación de políticas que sean positivas. Obviamente eso en un país “normal” debería forzar al Gobierno a buscar consensos con otras fuerzas políticas. Sin embargo, en el caso de Perú no se ha dado en estos años. Habría que ver cómo se mueve ahora.
El otro tema que es importante para nosotros son los contrapesos institucionales. En los últimos años esta inestabilidad política se dio, en parte, porque hubo un desbalance en cuanto a los contrapesos y no se han utilizado las instituciones para poner un “pare” al fomento de políticas que no son favorables. Por ejemplo, estas leyes [que generan] gasto. Por el momento no se han acudido a las cortes para determinar su constitucionalidad.
¿El Gobierno debería ir ante el Tribunal Constitucional?
Si [las leyes] van en contravía de los arreglos constitucionales que existen en el país, por lo menos se deberían revisar.
¿Qué tan grave se ve afuera la expansión de la minería ilegal en Perú?
[...] en la medida en que las decisiones que han adoptado, ya sea el Ejecutivo o principalmente el Congreso en los últimos tiempos, parecen apoyar la minería informal e ilegal, esto puede afectar las posibles grandes inversiones mineras formales en el país. Se cambian las condiciones para la minería formal, pero estas condiciones no rigen sobre los ilegales.
Si bien el MEF dio alertas sobre su preocupación por las cuentas fiscales en el IAPM, también el Gobierno se prepara para pedir un crédito suplementario. ¿Esto tiene sentido?
[…] Es un Gobierno que trata, al menos de parte del MEF, seguir ejecutando el plan presupuestario, en este caso, pidiendo más recursos. Habrá que ver si el plan que le corresponde a la nueva administración en la segunda mitad del año también vaya con medidas de ajuste para asegurar que no se vaya a afectar el balance hacia finales del año.
No se podría esperar una paralización del Estado hasta que cambie el Gobierno, pero veremos –una vez que haya un cambio– cuál es la situación fiscal y si hace falta tomar acción para corregir cualquier desviación que podría haberse heredado al próximo Gobierno.
Financiamiento a Petroperú: un tema “que puede poner presión” al país

El Gobierno prepara un decreto de urgencia para que Petroperú pueda acceder a un financiamiento de US$ 2,000 millones con garantías del Estado. Frente a ello, Gestión consultó a Renzo Merino si esto representa una preocupación para la calificadora de riesgo.
“Es un tema que puede poner presión a las cuentas fiscales. Nosotros de manera conservadora, lo que hemos hecho en los últimos años es asumir la deuda de Petroperú dentro de nuestras métricas de deuda del soberano. Ahora, habrá que entender bien cómo se utilizaría este crédito para la deuda total de la compañía”, refirió en conversación con Gestión.
Merino mencionó que más allá de los apoyos que pueda darle el Gobierno a la petrolera estatal, si seguimos con una empresa que tiene pérdidas financieras relacionadas a sus operaciones o atrasos con proveedores, podría repetir el plato de Pemex, en México. Hay que recordar que en septiembre del año pasado, México admitió que Pemex presionaba las finanzas públicas por su elevada deuda.
“En mi rol como analista de México, esto ya lo vi con Pemex. Es un tema que allá está pesando de manera importante en las cuentas fiscales”, recordó.
El representante de Moody’s también cuestionó que se retroceda con la reestructuración de la empresa del Estado: “Cuando vemos la calificación de Petroperú, más allá de resaltar las presiones de liquidez que ha enfrentado la compañía estatal, también vemos que la gobernanza y la administración de la compañía son relativamente débiles. Entiendo que la reestructuración apuntaba a mejorar esos aspectos. Si no se dan ese tipo de mejoras, lo más probable es que las operaciones y las finanzas de la petrolera estatal no vayan a mejorar y que la empresa siga requiriendo los apoyos del Gobierno hacia adelante”.

Editora de Economía y coordinadora de ESG del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con casi 10 años de experiencia profesional en el rubro.







