
Tras casi dos semanas de anunciado y luego de un cambio en la cabeza del Directorio de Petroperú, el Gobierno peruano publicó el decreto de urgencia (DU) que permitirá a la petrolera acceder a US$ 2,000 millones. Aquí todos los detalles.
El Decreto de Urgencia Nº 003-2026 autoriza a Petroperú para participar, individualmente o con terceros, incluyendo entidades del sistema financiero nacional o internacional, “en la constitución de un vehículo de propósito especial para recibir, canalizar y reponer aportes, destinados a asegurar su continuidad operativa y a implementar lo previsto en el Decreto de Urgencia N° 010-2025 (que dio luz verde a la reestructuración)″.
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“Para garantizar la viabilidad de la operación referida [...], se autoriza al Ministerio de Energía y Minas (Minem) a asumir compromisos contingentes con entidades nacionales o internacionales, en el marco de la operación regulada [...], hasta por el monto en soles equivalente a US$ 2,000 millones más sus respectivos costos financieros, con cargo a su presupuesto institucional, para financiar exclusivamente la continuidad operativa de Petroperú”, se lee en el DU.
Con estos recursos se podrá financiar capital de trabajo; recomponer el stock de combustibles y demás insumos; y servicios necesarios para la producción de hidrocarburos: “Corresponde a la ProInversión informar anualmente al Minem acerca de la situación operativa y financiera de Petroperú”.
Vale decir que, y así lo establece el DU, la canalización, disposición y reposición de los flujos de recursos provenientes de esta operación se efectúa a través de uno o más fideicomisos constituidos por Petroperú o ProInversión. Es más, en cualquier supuesto, estos fideicomisos tendrán a ProInversión como único autorizado para emitir las instrucciones para la utilización de los referidos recursos.
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“Para efectos de implementar lo señalado [...], se autoriza al Minem a realizar pagos o transferencias financieras a favor de las entidades nacionales e internacionales con las que se suscriban los compromisos contingentes, las cuales se aprueban mediante resolución del titular del pliego Ministerio de Energía y Minas y se sujetan a la disponibilidad presupuestal correspondiente, lo cual se hace de conocimiento al Ministerio de Economía y Finanzas”, se precisa.
También como adelantó este diario, como parte de la referida operación y dentro del límite establecido, el Minem está autorizado a asumir compromisos contingentes de corto plazo hasta por el monto de US$ 500 millones. El resto, ya había mencionado Gestión, quedaba a la espera de decisiones durante el próximo Gobierno.

¿Dudas sobre el decreto aprobado?
David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad (CPC) y exdirector de Petroperú, comentó: “[Es] escandaloso el DU 003-2026 publicado [...] El Gobierno acaba de abrir la puerta para asumir hasta US$ 2,000 millones adicionales en compromisos contingentes para sostener a Petroperú, más costos financieros. Y aunque formalmente dicen que los asume el Minem, en la práctica el riesgo termina recayendo sobre todos los peruanos vía Tesoro Público".
Agregó: “Lo más grave es que el propio decreto reconoce que Petroperú tiene pérdidas estructurales, deterioro patrimonial, problemas severos de liquidez y restricciones para conseguir financiamiento privado. Es decir, el Estado está asumiendo riesgos enormes sobre una empresa cuya solvencia ya está seriamente cuestionada”.
Justamente, en los considerandos del DU Nº 003-2026, se menciona, por ejemplo, que la empresa transitó de un periodo de rentabilidad operativa sostenida durante 2016-2021, hacia pérdidas operativas estructurales a partir de 2022, coincidiendo con la puesta en marcha progresiva de la Nueva Refinería Talara.

El texto recuerda la rebaja de calificación crediticia de Petroperú efectuada por Moody’s Ratings en enero de este año.
Esto generó, reconoce, una mayor incertidumbre en el proceso de evaluación y renovación para la recuperación de las líneas de crédito de corto plazo, tanto con la banca local como internacional, y mayores restricciones de parte de los proveedores internacionales de crudo y productos refinados.
“Estos se agravan por la falta de liquidez y capacidad de pago de la compañía, intensificando la crisis de solvencia estructural y la erosión acelerada de su patrimonio; y en consecuencia, el abastecimiento normal de combustibles a nivel nacional”, apunta.
Tuesta advierte que se utilizan fideicomisos y vehículos especiales para intentar presentar esta decisión como algo “no soberano”, “cuando cualquier mercado o clasificadora de riesgo entenderá que se trata de una garantía implícita del Estado”.
“El argumento de ‘seguridad energética’ termina siendo la excusa perfecta para profundizar el vínculo entre Petroperú y el soberano. Eso puede terminar costándole mucho más caro al país en riesgo fiscal, costo de financiamiento y credibilidad macroeconómica”, puntualiza.







