Un nuevo “terremoto” en Petroperú. Hasta ahora el foco estaba en dos temas: el decreto de urgencia que prepara el Gobierno peruano para que la petrolera acceda a un financiamiento de US$ 2,000 millones con garantías del Estado; y, los avances de la reestructuración aprobada por el Decreto de Urgencia 010-2025, que le encargó a ProInversión sacar a flote a la empresa.
Sin embargo, hoy, la atención se va a dos nuevos temas: una ola de cambios a nivel de las gerencias y una denuncia por hostilización laboral.
En los últimos días, el Directorio de Petroperú ha hecho ajustes clave. A través del acuerdo de directorio N° 032-2026-PP del 01 de mayo, se aprobaron acciones en cuatro gerencias, como se puede ver en el documento adjunto.
Circular de Petroperú, a la que tuvo acceso Gestión.
Sin embargo, el 7 de mayo, hubo más cambios. A través del acuerdo de directorio N° 034-2026-PP, se hizo ajustes en el puesto de secretario general (e); y, a través del acuerdo de directorio N° 037-2026-PP, se puso la mira en otras 8 gerencias, según se puede leer en los documentos que accedió este diario.
Circular de Petroperú, a la que tuvo acceso Gestión.
¿Por qué esto levanta las alertas de ciertos actores del sector que siguen de cerca los movimientos de Petroperú?
Las fuentes consultadas por este diario recordaron que la mayoría de los que acaban de ingresar a los puestos en gerencias encargadas habían sido removidos durante la gestión de Rita López, cuando era gerenta general.
“Cuando Rita López fue gerenta general de Petroperú no estaba Luis del Águila, ni Ernesto Gamarra. Todos los demás sí fueron removidos durante su gestión y ahora están retornando [...] con ello, se podría frenar la reestructuración de la petrolera”, refirió una de las voces consultadas.
Hay que recordar que esta ola de cambios se da bajo la gestión de Edmundo Lizarzaburu, el nuevo presidente de la empresa estatal. A finales de abril, el presidente del Perú, José María Balcázar, pidió la salida del entonces titular de la petrolera, Roger Arévalo, como condición para dar luz verde al financiamiento con garantía del Estado. El 3 de mayo se concretó el cambio.
Acuerdos adoptados en Junta General de Accionistas de PETROPERÚ S.A. en Sesión Universal. 02 de mayo. Fuente: Petroperú.
Denuncia de hostilización
A esta situación se suma, según pudo conocer Gestión, que Rita López, quien fue la gerenta general y alertó en ese momento la falta de apoyo de las gerencias a la reestructuración de Petroperú, ha presentado una “comunicación formal de presentación de denuncia ante Sunafil por actos de hostilización laboral y advertencia de responsabilidad” dirigida al actual gerente de Petroperú, Gustavo Villa Mora.
Este diario supo que la denuncia que hizo López se sustenta en al menos tres puntos:
- Reducción injustificada de la categoría laboral una vez que salió del cargo de gerenta general.
- Negativa injustificada a atender a su solicitud de financiamiento de defensa legal presentada el 18 de marzo de 2026.
- Disposición unilateral de retorno al trabajo presencial sin sujeción al procedimiento establecido en la Ley N.° 31572 del Teletrabajo y su Reglamento.
Según las voces que consultó Gestión, para López se trata de una represalia.
Rita López, quien fue la gerenta general y alertó en ese momento la falta de apoyo de las gerencias a la reestructuración de Petroperú, ha presentado una “comunicación formal de presentación de denuncia ante Sunafil por actos de hostilización laboral y advertencia de responsabilidad”. (Foto: Composición con ChatGPT - Gestión)
“Sin perjuicio de lo expuesto, le comunico que lo responsabilizo por cualquier acto, medida o represalia que pudiera adoptarse en mi contra con posterioridad a la fecha de la presente comunicación [...]”, se lee en la carta que habría sido enviada el 8 de mayo.
Las fuentes consultadas comentaron que existiría una carta de “predespido” que sería entregada a López para que en 6 días presente sus descargos y, aun así, se oficialice su salida.
El sustento de la petrolera para removerla sería que la funcionaria asistió a una reunión convocada por los ministros de Estado cuando era gerenta general pese a que estaba con descanso médico y que decidió suspender -y no despedir- a trabajadores cuestionados por la Contraloría General de la República.
