Segura fue bastante directo: el grado de inversión del país, bajo la tendencia actual, está en riesgo. Si bien no garantizó que esto sucedería “sí o sí”, manifestó que el próximo Gobierno tiene la misión de evitar este escenario.
“Si seguimos el caso de Colombia [que perdió su grado de inversión en 2021], 5 años es un periodo en el cual, de seguir en la la senda actual, podemos perder el grado de inversión”, señaló.
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Dependerá del “ritmo” de las calificadoras
Segura detalló previamente a dicha declaración que existen 5 retos actualmente para la política fiscal que, de no resolverse, pondrían en riesgo la sostenibilidad macroeconómica, que ha sido crucial para mantener el grado de inversión.
Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal. (Foto: Hugo Pérez).
Completan la lista retomar la senda de cumplimiento de las reglas fiscales que se autoimpone el Perú, y revertir el crecimiento de la deuda neta y reducir a su vez los activos financieros.
“Si seguimos esta senda fiscal, en una gestión de 5 años, hay tiempo para que estos problemas se sigan agravando y nos den dos downgrades. Ojalá no pase, no es un pronóstico del CF, pero está entre las probabilidades”, matizó.
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El impacto del accionar del Congreso
Según cálculos del CF, la implementación de diversas leyes aprobadas en el Congreso en los últimos años generaría que, entre 2026 y 2036, el déficit fiscal se incrementaría cerca de 3 puntos porcentuales (p.p.) del PBI en promedio.
Así, llegaría a representar 4.4% del PBI. En el caso de la deuda pública, que puede crecer para darle cumplimiento a estas normas, el CF estima que podría crecer 22 p.p. del PBI en 10 años.
“Ese es nuestro problema: estamos ‘reventando la tarjeta de crédito’ sabiendo que no tenemos la manera de pagarla más adelante”, cuestionó Segura, en referencia a los mecanismos que tiene el Estado para hacerle frente a estas propuestas legislativas a futuro.
Y el panorama podría ser aún peor, el CF tiene identificadas al menos 7 iniciativas legislativas, en agenda del Pleno del Congreso, que podrían generar gasto público antes del retorno del Senado. Al menos 6 generarían un costo permanente para el Estado, estimado en 1.4% del PBI.
Entre ellas están la propuesta de nombrar profesores de educación básica regular (S/ 4,568 millones), la homologación de remuneraciones del personal CAS con otros regímenes (S/ 4,024 millones) y el incremento de la tasa de renta de adunas al 10% (S/ 3,704 millones).
