
Aunque hace más de una década la economía peruana crecía a más de 5%, en los últimos años, el potencial se ha visto frenado por la inestabilidad política y los problemas de gestión del Estado, coincidieron los representantes del sector privado durante el foro “Perspectivas: Retos y oportunidades en el contexto electoral”, realizado por Gestión.
Este entorno estatal débil se observa en medio de una macroeconomía sólida, lo que aún mantiene el interés por invertir. Para la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), un aspecto a destacar es que las empresas han aprendido a operar bajo estas condiciones de inestabilidad.
“Nos hemos acostumbrado a tomar decisiones y a convivir con esta situación. Esto no quiere decir que no debamos cambiar. El Perú tiene para crecer al doble de lo que está creciendo hoy en día. Hemos desarrollado una situación por la cual la economía camina muy bien con unos números sólidos por el comportamiento macroeconómico, pero con un sistema político que camina en el lado inverso y deficientemente”, comentó.
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Un Estado que no ejecuta
Uno de los principales problemas identificados es la falta de capacidad de ejecución del Estado. Pese a contar con recursos, proyectos y oportunidades, esto no logra traducirse en resultados concretos para la población.
Mercedes Araoz, presidenta de InPerú y exministra de Economía y Finanzas apuntó que existe una ausencia de liderazgo y de capacidad de ejecución dentro del Estado.
Según indicó, las decisiones dentro del sector público se ven afectadas por los cambios constantes de autoridades y la falta de continuidad en las medidas que se anuncian. Todo esto deriva en una pérdida de institucionalidad.
“El sector público está sumamente dañado. Teníamos gente muy preparada y hoy prácticamente hemos expulsado a los mejores porque estas personas tienen miedo a la toma de decisiones, porque por todos lados hay la posibilidad del ataque (…) Se ve la política como un problema y se tiene un Estado sin capacidad de gestión, sin carrera pública reconocida y aceptada”, indicó.
Con un cambio constante de funcionarios, los acuerdos que se puedan alcanzar con el Estado cambian con frecuencia, lo que obliga a reiniciar procesos constantemente.
A ello se suma un sistema político fragmentado, sin partidos sólidos ni una visión de largo plazo. Todo eso dificulta la toma de decisiones tanto en el sector público como en el privado.

Otro factor que agrava el escenario es la normalización de la ineficiencia en el sector público, señaló José Garrido Lecca, expresidente del directorio de San Fernando y fundador de BPL.
“Estamos considerando que ser eficientes es sortear las ineficiencias del sistema y eso creo que significa normalizar la ineficiencia. Ya damos por descontado que los trámites van a ser más largos. Nosotros estamos viviendo en un sistema donde la ley no es norma, sino es una opción”, sostuvo.
En ese sentido, Garrido Lecca consideró que los empresarios no solo deben ser firmes al reclamar sino también en, por ejemplo, formar parte del proceso de formalización de sus cadenas de valor, impulsando a proveedores más pequeños o evitando atajos en los procesos para cumplir objetivos.
Más allá de los problemas de gestión, el país también enfrenta riesgos por la inseguridad, corrupción y falta de condiciones para la inversión, especialmente fuera de Lima, añadió Samuel Dyer, fundador del Grupo DC y presidente del Grupo Pro Amazonía.
Una de las zonas de gran potencial es la Amazonía, que ocupa el 62% del territorio nacional aunque solo aporta 5% del Producto Bruto Interno (PBI), afectado por la tala ilegal, la minería ilegal y el narcotráfico.
“Se hizo una ley en 1998 de inversión de promoción de inversión en la Amazonía. Hoy deberíamos tener varios millones de soles en infraestructura y nos echan la culpa a los empresarios que no hemos invertido, pero no hay condiciones territoriales de seguridad jurídica, ciudadana, patrimonial, o estabilidad económica, política ni el fomento de emprendimiento libre, que es la clave del desarrollo”, indicó.
A pesar de ello, resaltó que existen oportunidades en sectores como la agroindustria, minería, turismo y recursos forestales, que podrían impulsar el crecimiento si se generan condiciones adecuadas.
¿Cómo destrabar el crecimiento?
Una de las principales propuestas es implementar un shock que no solo destrabe proyectos de infraestructura, sino que también mejore la capacidad de ejecución del Estado y priorice resultados para la población.
“No puede ser un shock solo para hacer obras públicas, se necesitan mecanismos de seguimiento muy concretos. El problema era la no ejecución porque no le damos seguimiento y estos mecanismos deben tener líderes que estén a la cabeza. No se puede estar cambiando todos los meses de ministros porque luego los nuevos dejan de cumplir al no entender lo que pasó”, señaló Araoz.
La exministra de Economía recordó que ya se aplicaba algo similar hace unos años, durante su gestión en el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, con una unidad de cumplimiento que fijaba metas concretas en temas como seguridad, agua y saneamiento y sin necesidad de grandes presupuestos.
Por su lado, Zapata, de la Confiep, indicó que es clave promover la inversión y eliminar trabas burocráticas, así como un gobierno que otorgue señales de promoción de inversiones. Además, añadió que el país debe resolver sus brechas de infraestructura y aprovechar sus recursos para impulsar el crecimiento.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.








