El frágil equilibrio institucional del Perú enfrenta una nueva prueba. La estrecha disputa por el segundo lugar en los recientes comicios, ensombrecida por inusuales deficiencias operativas, ha inaugurado un prolongado periodo de revisión de actas. Esta falta de claridad erosiona la transparencia indispensable para la segunda vuelta y destruye la confianza de ciudadanos e inversionistas en las autoridades electorales.
A esta crisis de legitimidad se suma un severo riesgo regulatorio. Las propuestas de uno de los candidatos anuncian la revisión unilateral de contratos de concesión y una mayor intervención estatal, lo que actúa como un disuasivo fulminante para el capital local y extranjero. En los mercados, esta incertidumbre ya detona consecuencias dolorosas. El repliegue de la inversión privada presiona al alza el tipo de cambio y acelera la fuga de capitales. Esta dinámica alimenta la inflación y fuerza un aumento en las tasas de interés, lo que termina encareciendo el crédito y paralizando el consumo de los hogares.
El panorama se agrava al consolidarse la tormenta perfecta de un triple choque. Al factor puramente político se le suma un frente climático y otro externo. La probable llegada de un incipiente Fenómeno de El Niño hacia fin de año, combinada con una guerra en Medio Oriente que se prolonga alterando los costos globales de energía y transporte, golpeará duramente la capacidad del país para producir y generar empleo.
Resulta trágico que este freno económico autoinducido ocurra precisamente cuando el Perú goza de precios de exportación extraordinariamente favorables. El “superávit privado” persiste como un claro síntoma de alerta: al no existir confianza, el dinero no se destina a la creación de nuevas empresas o infraestructura a largo plazo. En su lugar, el capital busca refugios líquidos y seguros ante el miedo, estancando el desarrollo real de la economía productiva.
La sumatoria de estas vulnerabilidades garantiza un impacto directo y negativo sobre el empleo formal. Nos exponemos a perder no solo este año en la reducción de la pobreza monetaria —que mantiene a más del 27% de la población en situación de vulnerabilidad—, sino a sacrificar todo el próximo quinquenio de desarrollo social.
Para evitar este estancamiento crónico, las autoridades deben resolver la crisis actual con absoluta diligencia. Restablecer la confianza en el sistema electoral, mediante la transparencia procesal y el respeto inquebrantable a la verdad de las urnas, ha dejado de ser un tema puramente político para convertirse en la medida de reactivación económica más urgente del país.
José Martínez Sanguinetti es fundador y CEO de Sothys Capital.
