Luego del sismo de magnitud 5.1 que remeció Junín el último sábado 18 de julio, vuelven a surgir dudas sobre la capacidad del Perú para enfrentar un evento telúrico de mayor magnitud.
Un informe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) advirtió que, a nivel nacional, el riesgo ante sismos es “muy alto” para 182 distritos y es “alto” para otros 486 municipios.
Sobre esto, se estimó que existen más de siete millones de viviendas vulnerables dentro de esos distritos en alerta. Incluso, anteriormente, un estudio de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) indicó que cerca del 80% de las casas en el Perú se edificaron de manera informal, mientras que el Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade) advirtió que cerca del 90% de las viviendas autoconstruidas en el Perú no siguieron buenas prácticas, lo que las hace altamente vulnerables ante terremotos.
Pero el impacto de un terremoto no solo llevaría al colapso de varios inmuebles, sino que también podría comprometer infraestructura básica para mantener servicios básicos y la conectividad del país durante una emergencia.
“Ocurrido un sismo no solamente se cae la infraestructura que no esté bien diseñada, sino que se cortan los servicios. Muchos de los sistemas de alcantarillado tienen más de 100 años de haber sido instalados y no han sido mejorados o mantenidos en el tiempo. En lo que es electricidad y conexión de comunicaciones también podría haber una parálisis”, explicó Mary Mollo, especialista en Gestión de Riesgos de Desastres de ESAN.
De hecho, el estudio de Cenepred -desarrollado para el Plan Multisectorial ante Sismos y Peligros Asociados 2026-2028- identificó que solo en los distritos clasificados con riesgo “muy alto” se concentran más de 21,600 kilómetros de redes de agua, 4,134 kilómetros de la Red Vial Nacional, 597 puentes, 52 puertos, 34 aeródromos, 1,548 establecimientos de salud y 10,240 instituciones educativas.
Esto significa que hay más de 11,700 infraestructuras de educación y salud clasificadas bajo riesgo “muy alto” de sismos o peligros asociados.
En tanto, en los distritos considerados de riesgo “alto” estarían expuestos otros 9,725 kilómetros de carreteras nacionales, 816 puentes, 27 puertos, 26 aeródromos, 2,770 centros de salud y más de 19,000 colegios.
Cabe precisar que no toda la infraestructura expuesta en una zona de alto riesgo sísmico necesariamente va a colapsar durante un terremoto. La resistencia de cada infraestructura depende de diversos factores como el diseño, materiales, antigüedad y del cumplimiento de las normas de construcción.
Miles de colegios, hospitales, carreteras y puentes construidos o administrados por el Estado se encuentran en zonas de elevado riesgo ante sismos, según Cenepred. (Imagen: Andina)
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Teniendo en cuenta esto, ¿qué se debería priorizar? Para la especialista de ESAN, el foco debería estar, precisamente, en los establecimientos de salud e instituciones educativas.
“Si tuviera que priorizar una inversión en infraestructura pública lo haría en reforzamiento sísmico de hospitales y de escuelas. Debe revisarse si tienen resiliencia estructural. Otra urgencia es realizar una evaluación de la debilidad estructural de todas las infraestructuras públicas. Estos servicios (los de salud) se van a necesitar para salvar vidas”, indicó.
Ante un eventual terremoto, resulta preocupante que en promedio existan más de 11,000 infraestructuras de salud y educación con mayor exposición debido a las pérdidas humanas que podrían generar.
Previamente, los datos del Ministerio de Salud (Minsa) ya reconocían que un 97% de establecimientos de salud del primer nivel de atención tenían una capacidad instalada inadecuada, es decir, infraestructura y equipamiento que no se encuentran de acuerdo con lo establecido en las actuales normas técnicas de salud.
En tanto, el Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025 identificó que cuatro de cada 10 edificaciones educativas fueron construidas antes de 1998, por lo que no cumplen con la Norma de Diseño Sismorresistente. Además, el 61% se encuentra en zonas de amenaza sísmica alta o muy alta.
Además de los colegios y hospitales en alerta, hay cerca de 13,900 kilómetros de carreteras nacionales y más de 1,400 puentes en distritos con riesgo "alto" o "muy alto". (Imagen: Andina)
Gestión pública deficiente
Para Karla Gaviño, especialista en gestión pública de la Universidad del Pacífico (UP), que una cantidad importante de infraestructura pública se encuentre en zonas de riesgo evidencia problemas de planificación territorial.
“Lamentablemente, son aspectos de las obras públicas que se hacen sin incorporar el análisis de la gestión de riesgos de desastres o aspectos para evitar la exposición de mayor vulnerabilidad ante los peligros por los impactos de los desastres naturales. Eso es responsabilidad de las entidades públicas que han formulado y han ejecutado estos proyectos sin seguir las mejores prácticas en gestión de riesgo para la infraestructura pública”, sostuvo.
El problema, agregó, no sería necesariamente la falta de herramientas o fuentes de financiamiento. El Estado cuenta con un programa presupuestal para la “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”, el Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes), créditos suplementarios y mecanismos como Obras por Impuestos.
Además, desde el punto de vista técnico, Gaviño consideró que invertir en este reforzamiento de infraestructuras para la prevención no debería ser demasiado complejo.
“No es complejo porque hasta el país cuenta con herramientas simplificadas para poder desarrollarlo a nivel de inversión pública y con financiamiento asignado tanto para inversiones como actividades de emergencia para prevención y mitigación (…) La parte técnica no debería ser tan compleja porque el Ministerio de Economía podría brindar asistencia técnica para desarrollar adecuadamente estas fichas simplificadas, registrar las inversiones y pedir financiamiento”, señaló.
La dificultad está en que los mecanismos no siempre son conocidos por los funcionarios de los gobiernos regionales y locales, y tampoco se genera articulación para dar la asistencias técnicas debidas.
A esto se suma la falta de prioridad política, pues las obras preventivas suelen ser menos atractivas para las autoridades porque sus resultados no son visibles mientras no ocurra un desastre.
“En el tiempo que tienen de gestión tienden a destinar sus esfuerzos a hacer obras más llamativas. No le da resultados políticos inmediatos. Estas obras y actividades que tienen que ver con la prevención no son muy visibles para el ciudadano. No le da resultados políticos inmediatos”, resaltó.
Cambios en Invierte.pe
En medio de este panorama, Gaviño cuestionó los recientes cambios introducidos al reglamento de Invierte.pe para las intervenciones destinadas a prevenir y atender desastres.
La nueva regulación modifica el tratamiento de las inversiones de IOARR de emergencia, con lo cual se estarían restringiendo algunas intervenciones vinculadas con la reposición de activos y equipamiento.
Con esto, indicó, las entidades de los tres niveles de gobierno necesitarán nuevas directivas, metodologías, formatos y orientaciones para aplicar correctamente las disposiciones. Este cambio en las reglas en un contexto en el que el país necesita acelerar su preparación puede retrasar la respuesta ante emergencias.
“En lugar de facilitar que se ejecute con lo que ya había, se genera inestabilidad jurídica. Se van a necesitar directivas, metodologías, orientaciones y actualizaciones de los formatos técnicos”, señaló.
El costo de no prevenir
Mollo indicó que los estudios realizados por organismos de cooperación internacional evidencian que invertir antes del desastre resulta menos costoso que reconstruir posteriormente. Según mencionó, por cada S/ 1 destinado a reducir vulnerabilidades se podrían ahorrar S/ 9 en las etapas de rehabilitación y reconstrucción.
Mientras estas obras siguen sin reforzarse, los riesgos continúan. Con un terremoto, la interrupción de carreteras y puentes podría dejar localidades incomunicadas y dificultar el ingreso de ayuda, indicó Gaviño.
Asimismo, se podría ver afectado el desplazamiento de trabajadores, productos e insumos de actividades como la agroindustria, la construcción y otros sectores que dependen del transporte de mercancías.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.
