La sostenibilidad fiscal, uno de los pilares macroeconómicos que ha protegido al Perú por lustros ante ruidos políticos y más, transita sus meses más duros en la historia, a partir de incrementos abruptos del gasto público y sin justificación alguna de su financiamiento, en corresponsabilidad del actual Congreso de la República y el Poder Ejecutivo.
El foco de máxima preocupación está en recientes medidas relacionadas al aumento del gasto en planillas y pensiones en el sector público.
“Al siguiente Gobierno [que asumirá en julio del 2026] le han hipotecado todo […] La generación de nuevo gasto público es tan grande que compromete fuertemente el 2026 y el 2027. [La nueva gestión] se queda sin posibilidad de manejar las finanzas públicas de manera responsable”, adelantó Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, en entrevista con Gestión.
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Marzo, el mes clave
En solo casi una semana de marzo, del 12 al 19, el Pleno del Congreso aprobó tres propuestas con incidencia directa en el gasto público y cuyos costos para el país estimados son millonarios, alcanzando las 11 cifras, y con aumentos progresivos.
En el pleno del 12 de marzo, el Poder Legislativo aprobó, por insistencia, la propuesta que efectúa cambios a las pensiones del personal militar y policial. Esta fue promulgada por el Poder Ejecutivo de José Balcázar el último 22 de marzo, pese a que anteriormente se advirtió de su inviabilidad financiera en su esquema planteado.
En la misma sesión, el Congreso aprobó que los trabajadores bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) reciban gratificaciones y su Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), equivalente a sus remuneraciones. El último 23 de marzo, Balcázar también lo promulgó.
El 19 de marzo, vía insistencia tras la observación del Poder Ejecutivo por el costo fiscal inviable, el Poder Legislativo aprobó incrementar las pensiones de maestros jubilados y cesantes a S/ 3,300. Al cierre de este artículo, esta aún no ha sido promulgada u observada.
En este contexto, Segura indicó que, desde el Consejo Fiscal, calcularon que solo estos tres proyectos aprobados en alrededor de una semana suponen un costo adicional al país de S/ 11,500 millones anuales aproximados, de manera conservadora o como monto base.
Solo para este año, se estima que demandarán al fisco alrededor de S/ 6,500 millones, lo que presionaría al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esto, considerando que aún falta su reglamentación y podría entrar en vigencia, por ejemplo, desde julio.
En solo casi una semana de marzo, del 12 al 19, el Pleno del Congreso aprobó tres propuestas con incidencia directa en el gasto público. | Foto: Congreso.
“Como está pendiente reglamentarse, calculamos sobre la base de que más o menos en julio se comienza a pagar. Entonces, sería un impacto de medio año (…) Los otros S/ 5,000 millones se suman como costo vigente para el Estado para el 2027”, explicó Segura.
Para dimensionar el fuerte impacto anual, el economista señaló que es equivalente a:
- Casi 9 veces el programa de Pensión 65.
- 5 veces el programa articulado nutricional.
- 1.5 veces el presupuesto completo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).
- 1.5 veces todo el presupuesto para obras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que es el ministerio más grande de infraestructura.
“Es brutal el efecto de desplazamiento de recursos, el presupuesto de lo que vas a tener que comenzar a cancelar y que, probablemente, no vas a encontrar suficientes partidas [presupuestales] en que puedas sustituir por la envergadura de esto [solo los tres proyectos aprobados]”, comentó.
Impacto por medidas
De las tres medidas, la que supone el mayor gasto de los S/ 11,500 millones anuales es la propuesta de pensiones para maestros jubilados y cesantes del Perú. Segura indicó que demandará más de S/ 8,000 millones. Sin embargo, mencionó que se trata de un “costo parcial”.
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El motivo es que esta cifra irá incrementándose año tras año por su vinculación a ciertos indicadores que se actualizarán. Uno es, por ejemplo, que progresivamente será mayor el universo de jubilados que cubrir.
También se suma que entre sus disposiciones se consideró alcanzar, parcialmente, a afiliados que antes estuvieron en el sistema privado de pensiones.
“Otro factor es que se deja una suerte de cédula viva porque la norma te dice que van a ganar una pensión equivalente a la primera escala y esta sube con el tiempo, con lo que la pensión va a arrastrarse por el efecto espejo. Esto está prohibido por la Constitución”, comentó.
La que supone el mayor gasto de los S/ 11,500 millones anuales es la propuesta de pensiones para maestros jubilados y cesantes del Perú. | Gob.pe
Para aterrizar este costo de S/ 8,000 millones anuales, desde el Consejo Fiscal también calcularon comparables dentro del sector educativo.
Así, indicaron que esos recursos son equivalentes a:
- Más del triple del programa de educación escolar, que alimenta a millones de niños.
- Más de 5 veces el programa nacional de becas.
- Mayor a todo el programa de infraestructura educativa de los tres niveles de gobierno Nacional, regional y local.
En el caso del acceso de los trabajadores CAS a gratificaciones y CTS, el cálculo solo por el proyecto aprobado en marzo es de alrededor de S/ 2,000 millones anuales. Sin embargo, bajo el objetivo de esta norma, deben considerarse otros S/ 1,000 millones que ya se viene entregando, pues desde hace un año y medio el Congreso fue aprobando estos beneficios entidad por entidad.
“Se había declarado inconstitucional, por múltiples razones, la migración del personal CAS al régimen 728 (del régimen privado), pero la estrategia que ha tenido el Congreso, en los últimos 18 meses, es ir migrando al personal entidad en entidad. Entonces, algunos ya están con estos beneficios porque ya migraron y en la cuantificación que tiene el MEF aún no se asumía”, refirió.
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En el caso de las pensiones al personal militar y policial, Segura anotó que también se aplica un escenario base, pues se considera el esquema de una cédula viva.
“Este empieza con un costo relativamente bajo y, en poco menos de dos décadas, se incrementa significativamente. Este también subestime el costo porque no incorpora los que se van a jubilar en el futuro”, comentó.
Peligro latente
Pese al marzo “rojo” para la sostenibilidad fiscal, Segura advirtió que “camino al pleno” hay decenas de proyectos que contemplan mayor gasto público y que no están siquiera cuantificados.
“Presumiblemente, varios de ellos, en realidad, son de costos fiscales más moderados, si los tomas aisladamente. Cuando los vas acumulando, sumas. Pero hay otros que son bastante grandes”, comentó.
En este ámbito, apuntó que hay propuestas para materializar que se le otorgue beneficios del Comité de Administración de los Fondos de Asistencia y Estímulo (Cafae) a los trabajadores de gobiernos regionales. Recordó que, según cálculos del propio MEF, esto demandaría otros S/ 2,800 millones anuales.
Consultado sobre las opciones que manejaría el Gobierno para atender estos montos, Segura fue claro en decir que el reto de no observar las normas o elevarlas al Tribunal Constitucional (TC) es que tendrá la obligación de buscar sus propias fuentes de financiamiento.
Lo complejo es que las opciones para generar mayores ingresos son limitadas, peor aún para un Gobierno de transición como el actual.
Alonso Segura también fue ministro de Economía y Finanzas. | Foto: GEC / Julio Reaño
“Le tocaría al siguiente [pensar en esto]. Entonces, a lo que se debe apuntar es a contener el crecimiento del gasto y la expansión del déficit. Tiene que sustituir partidas, así tu gasto se vuelva más rígido o de peor calidad, porque de lo contrario se tendrá más déficit”, subrayó.
Aquí cabe recordar que el presidente Balcázar, para el caso de la ley CAS, adelantó que se podría ir tras un crédito suplementario.
“Hay un desbalance de lo que hace el Congreso y el Ejecutivo solo asiente. Esto se rebalancea observando leyes, llevándolas al TC”, puntualizó el titular del Consejo Fiscal.
Con esto, a decir de Segura, el Gobierno sentaría precedentes positivos para la sostenibilidad fiscal, pues si se declara inconstitucional se caerían varias que tengan similar norte. “Mitigas impactos fiscales y desincentivas al futuro Congreso”, agregó.
Más allá del 2025
Lo que debe considerarse en este escenario de golpe directo al fisco es la foto completa de los últimos años, y no solo marzo, de lo que ha venido ocurriendo con el gasto público aprobado para remuneraciones y pensiones.
Alonso Segura, del Consejo Fiscal, explicó que entre 2012 y 2022, el incremento anual del costo de planillas promedio fue un monto inferior a los S/ 4,000 millones.
Entre 2023 y 2025, precisamente cuando se incumplió la regla del déficit fiscal en años consecutivos y, posteriormente, se tuvo un cumplimiento “al límite”, el incremento promedio se ubicó en los S/ 7,000 millones, incluso llegando en su momento “más crítico” a los S/ 10,000 millones.
Con todo lo aprobado el año pasado sobre gastos en remuneraciones y pensiones, Segura indicó que el incremento entre el 2026 respecto al 2025 se disparó a los S/ 11,200 millones.
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Ahora bien, a esta base se le debe agregar los S/ 6,500 millones del costo parcial de los tres proyectos aprobados este mes, con lo que cifra se eleva a los S/ 17,700 millones, aproximadamente.
“Lo que estamos advirtiendo desde el Consejo Fiscal es que esas iniciativas aprobadas por insistencia, sobre las cuales no hubo preocupación de preparar acciones de inconstitucionalidad sabiendo que era altamente probable que se conviertan en ley, más otras que ni siquiera han querido observar, te van a llevar a una subida de remuneraciones y pensiones de S/ 4,000 millones en 2022, a S/ 7,000 millones en los últimos tres años, incumpliendo todo tipo de reglas; ahora a más de S/ 17,500 millones anuales”, subrayó.
En otro momento, Segura observó que, el año pasado, pudo evitarse apenas un tercer incumplimiento consecutivo de la regla de déficit fiscal, pero debido a factores totalmente ajenos a la administración.
“La regla se cumplió raspando, básicamente, por azar del destino porque en ninguna proyección estaba que el precio del oro suba a los US$ 5,000 la onza, que el cobre también tenga niveles récord, que hubiera pagos extraordinarios de más de US$ 1,500 millones, pero hoy judicializados y podría devolverse más intereses. Si cualquiera de esas cosas no se daba, también se incumplía la regla”, subrayó.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
