Con 11 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, esta semana, la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República aprobó modificar la Ley General de Minería para incorporar desde beneficios de las comunidades situadas en áreas de influencia de las minas hasta castigos a las concesiones que no produzcan al cabo de determinados plazos. Esta situación ya encendió las alarmas entre los actores del sector minero.
El dictamen aprobado recogió en un texto sustitutorio 12 proyectos de ley de diversas bancadas, que coinciden en plantear tres cambios: alzas en los pagos por derechos de vigencia de concesiones mineras, alzas en penalidades y fijar plazos perentorios para su caducidad si no empiezan a producir.
La aprobación de ese dictamen, que ahora quedó para su debate en el Pleno del Congreso, ha generado preocupación en el gremio minero energético y en expertos del sector. Lo que se advierte es que, si se aprueba esa norma, termine por desincentivar completamente las inversiones en esa industria extractiva y favorezca un mayor avance la minería informal e ilegal.
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¿Cuántas concesiones operan en el país?
Cada año, en nuestro país se otorga un promedio de 4,000 concesiones mineras. Hasta octubre del 2025, había un acumulado de 19,151 titulares mineros que mantenían derechos sobre un total de 55,783 concesiones vigentes, que en conjunto ocupaban una extensión de 20.4 millones de hectáreas a nivel nacional.
A diciembre último, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el sector registraba 1,197 concesiones mineras o unidades económicas administrativas activas, de las cuales 430 estaban en fase de exploración y 767 en explotación de minerales.
Eso significaría que, al cierre del último año, aproximadamente el 2.14% de las concesiones mineras vigentes se encontraban registrando actividad.
Actualmente, la Ley General de Minería establece que, para mantener una concesión vigente, su titular debe pagar al Estado un derecho de vigencia de US$ 3.00 por hectárea por año.
A esto se suma un pago escalonado de penalidad por no iniciar producción, que comprende desde el 2% de la producción mínima anual aplicable a partir del año undécimo, hasta el 10% alcanzando el año 30. Si no se empieza a producir al cabo de 30 años, se declara la caducidad definitiva.
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Disparan costos en 400%
El dictamen aprobado, si se convierte en ley, cambiaría absolutamente todo el esquema. Se pretende establecer la aplicación de una escala progresiva en el pago por derecho de vigencia según el total de hectáreas del titular, llegando de los US$ 3.00 actuales hasta US$ 12 por hectárea (ha.) para quienes superen las 100,000, es decir, un aumento del 300%.
Eso no es todo. La propuesta establece una reducción del plazo para iniciar producción, de 30 a 15 años, y un aumento de las penalidades: si al año 10 no se acredita producción o inversión mínima, se aplicará una penalidad del 10%, lo cual, con respecto al pago actual, significaría un incremento de las penalidades en 400%.
Al año 15 considera que se aplique una prórroga excepcional de cinco años adicionales, bajo el cumplimiento de condiciones concurrentes, como haber realizado inversiones en exploración y estar en ejecución el proceso de consulta previa.
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¿Comunidades accionistas de las mineras?
El dictamen dispone que las empresas podrán suscribir acuerdos de participación en beneficios con las comunidades campesinas y nativas situadas en el área de influencia directa de la concesión minera, que contemplen una participación voluntaria o negociada en instrumentos financieros, incluyendo acciones preferentes o mecanismos equivalentes.
Igualmente, esos acuerdos podrán incluir aportes anuales o periódicos a fondos de desarrollo comunal o fideicomisos destinados a educación, salud, infraestructura básica, protección ambiental y fortalecimiento productivo.
Esta aprobación calza con un momento delicado para el sector minero. En 2025, y confirmando su tendencia de crecimiento a “pasos agigantados”, las exportaciones de únicamente oro ilegal habrían superado los US$ 11,500 millones, según el Instituto Peruano de Economía (IPE).
Al contexto se suma que mejoran las previsiones sobre los precios de metales. El BBVA Research revisó al alza su estimado sobre el precio promedio del oro hasta los US$ 4,800 por zona. En tanto, el de cobre, lo ajustó de US$ 4.61 por libra a US$ 5.63.
El dictamen dispone que las empresas podrán suscribir acuerdos de participación en beneficios con las comunidades campesinas y nativas situadas en el área de influencia. (Foto: USI)
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Paralizar y ahuyentar a la minería formal
Al respecto, Angela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), en declaraciones a Gestión, señaló que existe mucha preocupación en el sector por la aprobación del referido dictamen, pues buscaría desaparecer la actividad minera formal.
Señaló que, al reducirse de 30 a 15 años el plazo para poner en operación proyectos mineros, incrementar en 300% el pago por derecho de vigencia y en 400% el pago de penalidades, se va a afectar el régimen de concesiones y a paralizar o retardar el desarrollo de la actividad minera formal.
Esto, porque, actualmente, las empresas mineras en el Perú pagan por derecho de vigencia como penalidad por no empezar a producir, hasta cuatro veces más que otros países mineros, según un estudio de ese gremio, mientras que tal penalidad no se exige ni en Chile, Australia, Argentina o Estados Unidos.
Grossheim consideró que el dictamen se ha elaborado bajo el mito de que en el Perú existen concesiones mineras “ociosas”, cuando el hecho de que no empiecen a producir, anotó, se debe a diversos factores.
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Estos, mencionó, van desde las dificultades para invertir desde las fases iniciales de la exploración, a los resultados que arroje la misma, pero también la demora en la aprobación de los permisos y trámites que se exigen en el país, que no dependen de las mineras, sino del Estado.
Solo desarrollar la fase de exploración, anotó, desde la fase conceptual del proyecto, a su desarrollo y cumplimiento de los procedimientos para elaborar estudios ambientales, dependiendo de la iniciativa, puede tardar entre 12 y 19 años.
A eso, sostuvo, hay que añadir los plazos para elaborar la prefactibilidad de los proyectos y tener el estudio ambiental, que puede tardar otros 11 años, más los estudios de ingeniería, que deben resolver problemas como la falta de infraestructura. En promedio, de cada 100 proyectos exploratorios, solo uno se llega a concretar.
Angela Grossheim, directora ejecutiva de la SNMPE, advierte los riesgos que genera el dictamen aprobado en la Comisión de Energía y Minas del Congreso.
A su turno, Marcial García Schreck, líder del sector minero en EY Perú, confirmó que, en efecto, la parálisis en la cartera de proyectos mineros que tiene el Perú, y el hecho de que haya concesiones que no operan, no obedece a alguna especulación de las empresas, sino a las condiciones propias que ofrece o deja de ofrecer el país.
“Las mineras no están en el negocio para especular con propiedades, ellas quieren desarrollar proyectos, sobre todo en esta coyuntura favorable de precios, pero en el Perú toma demasiado tiempo obtener los permisos desde la fase de exploración, al desarrollo de minas, por causas atribuibles al Estado y a la conflictividad social”, anotó.
Por tal razón, refirió que el dictamen en mención resulta en un contrasentido, que a los únicos que va a favorecer es a los mineros ilegales, porque el sobrecosto que se va a crear en los derechos de vigencia, penalidad y, finalmente, la caducidad va a derivar en que se liberen los predios bajo concesión de empresas formales, para dárselo a los mineros informales y a los ilegales.
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Podría llevar a conflictos sociales
En cuanto a la parte de la propuesta referida a dar participación accionaria, entre otros beneficios a las comunidades en las empresas mineras, Grossheim advirtió que la Comisión de Energía y Minas está generando expectativas que pueden conllevar a una conflictividad social.
Recordó que, actualmente, las empresas mineras ya realizan inversiones de carácter social en favor de las comunidades en sus zonas de influencia, inclusive en Obras por Impuestos (OxI), por lo que plasmarlo en una norma hace más complejas esas expectativas, sobre todo en esta etapa electoral.
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Por tal razón, la directora ejecutiva de la SNMPE consideró que el debate de este predictamen no debería verse ahora en el Pleno del Congreso durante esta etapa electoral. Agregó que no se sustenta en argumentos técnicos, sino “en falacias para poder justificar un cambio al régimen” y que, más bien, apuntaría a promover una mayor invasión de las concesiones que la que ya existe.
En la misma línea, Carlos Gálvez, expresidente de la SNMPE, consideró que el debate de este dictamen debe realizarlo el nuevo Congreso que salga elegido en abril, apuntando que habrá una nueva composición del mismo, con un Senado más reflexivo y “sin la gente que sabemos está financiada por la minería ilegal”.
Advirtió que la referida iniciativa legislativa está planteada para destruir el futuro de una minería seria, formal y del tamaño que el Perú requiere.
Respecto a la parte de la iniciativa que busca incorporar a las comunidades como accionistas, Gálvez enfatizó: “regalar dinero de otros es la mejor manera de hacer campaña electoral, yo también voy a salir a decir que regalo la casa de tal o cual congresista”.
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan. Labora actualmente como analista económico especializado en industrias extractivas, energía y transportes en el diario Gestión.
