El Congreso de la República vuelve a poner sobre la mesa el futuro de la Beca Generación del Bicentenario. Mediante el proyecto de ley N° 14569 se busca “blindar” su financiamiento.
En suma, la propuesta defiende que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) habilite recursos en un plazo máximo de 10 días y, si no lo hace, permita que el Ministerio de Educación (Minedu) reasigne presupuesto. ¿Es la salida oportuna? Así opinan los expertos.
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¿Exceso legislativo?
Nicolás Besich, coordinador general de Videnza Instituto, sostiene que el Estado no está priorizando correctamente el gasto público: los programas vinculados a la formación de capital humano deberían tener mayor protagonismo frente a otras iniciativas aprobadas en el presupuesto nacional.
Pese a respaldar la continuidad de la Beca Generación del Bicentenario, el especialista considera que la propuesta legislativa no es sólida.
“No es un proyecto técnico. [...] Desde Videnza creemos que el Congreso no tiene iniciativa de gasto [...] Sin embargo, este proyecto básicamente le dice al Poder Ejecutivo cómo tiene que destinar el dinero. El Congreso no tiene esa función”, apunta.
Asimismo, aclara que este proyecto “crea un mal precedente”: “Así como se da el proyecto para garantizar la ejecución inmediata y el financiamiento continuo de la beca, el día de mañana se podría plantear un proyecto para garantizar el financiamiento continuo y la protección efectiva del bono X o del aguinaldo Z. [...] No es el camino para reactivar o volver a tener la beca”, explica.
Coincide Marilú Martens, exministra de Educación: “La Beca Generación del Bicentenario no es un gasto accesorio ni prescindible; es probablemente una de las inversiones más inteligentes que puede hacer el país en capital humano avanzado. Suspender convocatorias por restricciones presupuestales envía una señal muy preocupante sobre la prioridad que el Perú le da al talento, la investigación y la formación de especialistas de alto nivel”.
Pero lanza una aclaración: “En eso el proyecto de ley acierta: el país necesita previsibilidad y continuidad en una política pública estratégica. Sin embargo, el debate no debería centrarse en quitarle competencias al MEF o generar mecanismos automáticos que podrían debilitar el orden fiscal”.
Se refiere al nuevo mecanismo que incluye el proyecto de ley: el MEF deberá habilitar los recursos necesarios para financiar íntegramente la beca en un plazo máximo de 10 días hábiles contados desde la entrada en vigencia de la ley. Si no lo hace, “el Ministerio de Educación (Minedu) queda facultado a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, con cargo a su presupuesto institucional, a fin de garantizar la continuidad”, se puede leer en el documento oficial.
Al respecto, puntualiza Martens: “El problema de fondo es otro, la ausencia de una política multianual seria para el financiamiento de becas estratégicas. Un programa de esta naturaleza no puede depender cada año de incertidumbres presupuestales ni de decisiones coyunturales”.
La discusión correcta, desde su punto de vista, no es MEF versus Minedu: “La discusión correcta es si el Perú quiere o no construir una masa crítica de profesionales altamente especializados, capaces de cerrar brechas estructurales y aumentar la competitividad del país”.
Para Besich incluso el proyecto podría generar un conflicto de competencias entre el Congreso y el Poder Ejecutivo.
Postulantes a la Beca Generación del Bicentenario esperan definiciones tras la suspensión del programa. Foto: Pronabec/ Referencial.
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Vulnerabilidad económica
Según explicó, fue necesario incrementar el presupuesto en más de S/ 170 millones. En detalle, alrededor de S/77 millones se destinaron a sostener a estudiantes vigentes y S/100 millones estuvieron dirigidos a 5,184 becas nuevas, con foco en Beca 18.
“Tenemos más de 60,000 becarios que continúan estudiando en Beca 18 y 283 en Beca Bicentenario. Nos faltaba el financiamiento para darle continuidad y también para las 20,000 nuevas becas que se había ofrecido”, dijo.
No obstante, Cuadros ha revelado una problemática en el despliegue de estas subvenciones: “Se financian becas en especialidades no acordes al mercado laboral peruano; son las becas más caras en estudios de posgrado en universidades del extranjero. [...] Cera del 40% de becarios no ha retornado de manera permanente al país”.
Frente a ello, Martens es enfática. “El Perú necesita proteger y expandir este tipo de becas, pero con criterios técnicos claros: planificación multianual, metas vinculadas a necesidades país, evaluación de impacto, mecanismos de retorno del talento y articulación con sectores estratégicos como salud, educación, ciencia, tecnología, transición energética o gestión pública”, determina.
En efecto, Besich acota que todavía no existe una evaluación de impacto específica sobre la Beca Generación del Bicentenario, pero subraya que el país requiere profesionales formados en universidades de alto nivel que luego puedan aportar a mejorar la productividad y competitividad del Perú, tanto desde el sector público como privado.
El Congreso impulsa una propuesta para asegurar el financiamiento de la Beca Generación del Bicentenario ante la incertidumbre presupuestal y el riesgo de perder vacantes internacionales. (Foto: Andina)
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Convocatoria obligatoria
Durante su exposición, Cuadro señaló que, de los 283 becarios registrados entre 2024 y 2025, el 67% se encuentra en España, Estados Unidos y Reino Unidos, y que solo 16 del grupo integran el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).
Por ello, “con la falta de recursos [para Beca Bicentenario] y la situación encontrada, no se ha hecho ninguna convocatoria en 2026. Ahora tenemos que garantizar la continuidad y sostenibilidad de los 283 becarios vigentes. Ellos tienen aseguradas las becas”, precisó.
Frente a esta interrupción, el PL plantea lo siguiente: “El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo convoca de manera obligatoria y anual a la Beca Generación del Bicentenario. La suspensión o postergación de la convocatoria solo procede mediante ley expresa debidamente sustentada en razones excepcionales de sostenibilidad fiscal”.
Sumado a ello, como parte de las condiciones de la beca, los estudiantes beneficiados tendrían que asumir un compromiso de servicio al Perú, durante un mínimo de tres años, en actividades ligadas al desarrollo nacional, transferencia de conocimiento, investigación, innovación y fortalecimiento institucional.
“El incumplimiento del compromiso de servicio al Perú genera la obligación de devolver el íntegro o la parte proporcional del financiamiento recibido, incluyendo intereses legales, si perjuicio de la imposición de restricciones para acceder a beneficios estatales futuros”, se expresa.
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Mecanismos de control y sanción
Para Martens, detrás del debate también hay un problema de credibilidad institucional. Señala que si el Estado no responde oportunamente a estudiantes ya seleccionados para universidades internacionales, el impacto termina afectando tanto al becario como al propio país.
Sobre este punto, el proyecto endurece al extremo las responsabilidades dentro del Estado. La propuesta señala que los funcionarios que incumplan las obligaciones establecidas en la ley podrían enfrentar sanciones administrativas, civiles e incluso penales, ya que se consideraría una falta grave.
Además, la Contraloría General de la República quedaría encargada de supervisar el uso de los recursos destinados a la Beca Generación del Bicentenario, mientras que el Minedu tendría que enviar reportes trimestrales al Congreso con el objetivo de puntualizar el gasto ejecutado, la cantidad de beneficiarios y el cumplimiento de metas.
“Parece, en general, un proyecto que es populista en el sentido de que está cogiendo un tema popular, de coyuntura. Además, quien aprueba la ley de presupuesto es el Congreso. Desde octubre o noviembre del año pasado, cuando se aprobó la ley de presupuesto, esto se pudo prever, pero los congresistas no han hecho mayor cosa”, concluye Besich.
Redactora de Economía en diario Gestión. Periodista piurana con seis años de experiencia profesional en el rubro.
