
En entrevista con Gestión, el contralor César Aguilar, señaló que una propuesta en particular los obligará a comprometer incluso más del 100% de su presupuesto para darle cumplimiento. Una situación que los dejaría en inacción operativa total.
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Trabajadores volverían, pero el TC resolvería causa
En agenda de la máxima instancia del Legislativo está un dictamen, recaído en 5 proyectos de ley, que plantea la reincorporación de 6,441 trabajadores cesados de la Contraloría entre los años 2022 y 2024. ¿Cuál sería el problema? De acuerdo con el contralor, la propuesta no se ajusta a ley y pondría en jaque total la operatividad de su entidad.
“Nos generará un pasivo de más de S/ 1,051 millones, que es el cálculo que hemos hecho de lo que nos costaría reincorporar y puesta en marcha. Es un dinero que se sumaría a nuestras obligaciones, pero nosotros este año hemos recibido menos presupuesto total: S/ 980 millones”, precisó.
En otras palabras, la propuesta del Congreso implicaría una expansión del gasto de la Contraloría superior al 100% del presupuesto que hoy ya tienen. Y, de acuerdo con el dictamen, esos S/ 1,051 millones, que contemplan las remuneraciones, beneficios sociales, pero también la adquisición de bienes y servicios, no provendría de recursos extra autorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sino de las propias cuentas de Contraloría.

Bajo esa lógica, Aguilar recalcó que no se trata de una “oposición” cerrada al retorno de las 6,441 personas, sino que la medida es financieramente inviable, ya que incluso tienen un déficit operativo actual, por lo que han solicitado al MEF les transfieran S/ 56 millones extra, que aún no llegan. Aparte, sería inconstitucional, bajo su mirada.
“Fueron contrataciones a plazo determinado, no indeterminado, con una duración máxima de 3 años. Eso lo respetamos, esperamos hasta el último. (Con esta propuesta) se van a desnaturalizar las normas laborales y se dejará un precedente perverso. Por eso, aparte de lo financiero, estamos planteando la demanda de inconstitucionalidad”, explicó.
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Hay otros proyectos en discusión
El órgano de control ha presentado un proyecto, que no se mueve en el Legislativo desde junio del 2025, para derogar el financiamiento obligatorio para que algunas obras tengan el control concurrente, pero el Congreso lo ha dejado en suspenso y, en su lugar, también tiene en agenda del Pleno un proyecto para expandir este mecanismo de control, tanto en recursos, como en entidades beneficiarias.
Todas son producto de la labor de la Comisión de Fiscalización, grupo que dictaminó la norma de reposición que la Contraloría llevaría al TC ahora. La Comisión de Presupuesto, en este caso, se inhibió de opinar. “Es algo que para mí no tiene lógica”, dice al respecto Aguilar.

“Busca modificar nuestra ley de control gubernamental para adecuarnos a los cambios dinámicos del sistema de infraestructura y también darnos el presupuesto que no tenemos. Estamos pidiendo que, por ley, se le otorgue el 1% del presupuesto nacional a la Contraloría, tendríamos autonomía presupuestal y operativa”, remarcó.
Aguilar sostuvo que con esos recursos garantizados ya no necesitarían, como han planteado, que se les otorgue un porcentaje de las obras para hacer el control concurrente, ya que lo harían con su presupuesto propio. Aparte, buscarían elevar la capacidad técnica de sus auditores, diseñando nuevos programas de capacitación y actualizando la malla curricular.
Incluso harían hacer concursos públicos para contratar nuevos trabajadores, según demanda, donde “incluso podrían particular los trabajadores cesados para ser contratados ya como indeterminados, no determinados como fue su caso, pero bajo el mecanismo regular”, planteó.

Periodista económico con más de 5 años de experiencia en el rubro. Conductor de "En Clave Económica" de Diario Gestión en YouTube. Licenciado en Comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cubro temas vinculados a proyectos de inversión público y privada en más de una modalidad y hago seguimiento a diversos sectores económicos.







