Contraloría. (Foto: GEC)
Contraloría. (Foto: GEC)

La Contraloría General informó que el Gobierno Regional de Cusco presenta un bajo nivel de respuesta frente a las alertas emitidas durante el control de obras públicas.

La información fue dada a conocer por la gerente de la Gerencia Regional de Control Cusco, Brendy Gil Ordinola, durante durante la Decimosegunda Sesión Extraordinaria Descentralizada de la Comisión Especial Multipartidaria del Congreso de la República, realizada en la ciudad del Cusco.

La funcionaria explicó que la falta de acción ante los riesgos advertidos, sumada a la constante rotación de funcionarios y a deficiencias técnicas, ha contribuido a la paralización de obras importantes. Esta situación afecta directamente a la población debido a que retrasa proyectos vinculados a servicios básicos como transporte, educación y saneamiento, a pesar de contar con presupuesto asignado.

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Durante su presentación, también se informó que, entre los años 2023 y 2026, se emitieron 45 informes de control posterior y 409 servicios de control simultáneo. Sin embargo, el nivel de implementación de recomendaciones en los informes posteriores alcanza solo el 40 %, lo que evidencia una respuesta insuficiente por parte de la administración regional.

Entre los casos observados destaca el proyecto del puente Enrique Mejía, en la provincia de Canchis, donde se otorgó la buena pro a una empresa que no cumplía con los requisitos establecidos en las bases, como la experiencia del personal.

La Contraloría también advirtió que se han iniciado obras sin contar con condiciones básicas, como la disponibilidad de terrenos o la acreditación de recursos hídricos. Además, se identificaron problemas como la falta de saneamiento físico-legal y la ausencia de licencias sociales en proyectos de irrigación y saneamiento en distritos como Checca (Canas) y Anasaya (Paruro).

Ante este panorama, la Contraloría recomendó al Gobierno Regional de Cusco priorizar la reactivación de proyectos mediante mecanismos de control preventivo, con el fin de asegurar una adecuada ejecución de las obras en beneficio de la ciudadanía.

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