La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso aprobó por unanimidad un dictamen que propone modificar la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, con el objetivo de modernizar, garantizar y optimizar el control gubernamental en el país.
La propuesta, respaldada con 15 votos a favor, reúne iniciativas legislativas presentadas entre 2022 y 2025 y busca establecer un modelo de supervisión más integral, incorporando controles previos, simultáneos y posteriores.
El presidente de la comisión, Elvis Vergara, señaló que el dictamen plantea “un cambio estructural” en la manera en que el Estado ejerce el control. Explicó que la Contraloría no solo intervendrá al finalizar los procesos, sino también durante la ejecución de proyectos y antes de decisiones clave, con el fin de prevenir irregularidades y “corregir errores a tiempo”.
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El dictamen aprobado se sustenta en los proyectos de ley 4083/2022-CR, 7084/2023-CR, 7111/2023-CR, 8464/2023-CR, 10425/2024-CR, 12054/2025-CR, 12818/2025-CR y 13037/2025-CR.
Según la exposición de motivos, la iniciativa fortalece la fiscalización estatal “bajo criterios de objetividad, razonabilidad y seguridad jurídica”, priorizando la prevención de riesgos y la mejora continua de la administración pública.
Asimismo, se destaca que la incorporación de mecanismos de control en distintas etapas permitiría reducir pérdidas económicas derivadas de actos irregulares, deficiencias administrativas o uso indebido de recursos públicos.
La Comisión de Fiscalización aprobó por unanimidad el dictamen que modifica la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control. Foto: Congreso.
El dictamen aprobado contiene tres artículos, además de una disposición complementaria única y una disposición complementaria transitoria. Entre los cambios, se modifican diversos artículos de la Ley N.° 27785 y se incorporan nuevas disposiciones relacionadas con las funciones y alcances del control gubernamental.
Exposiciones
Durante la sesión, la comisión también recibió a representantes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), en el marco de las investigaciones sobre el proceso electoral del 12 de abril.
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El presidente ejecutivo del OECE, Carlos Salazar Vargas Machuca, indicó que las contrataciones realizadas por la ONPE se amparan en una facultad excepcional contemplada en la ley de presupuesto, debido a la naturaleza urgente de los procesos electorales. Añadió que actualmente se desarrolla una supervisión y que los resultados se conocerían entre fines de mayo e inicios de junio.
Por su parte, congresistas integrantes de la comisión insistieron en solicitar mayores precisiones sobre el sistema de digitación y traslado de actas electorales, así como sobre la participación del área de logística de la ONPE en determinados procesos de contratación. Ante ello, se acordó requerir información adicional por escrito.
