Pese a las severas y múltiples advertencias del deterioro de las finanzas públicas, en buena parte, por un incremento significativo del gasto en planillas del Estado, desde el Congreso deciden mirar a otro lado y continúan con el impulso de medidas que agravarían la situación.
El legislador Alex Paredes (Somos Perú) presentó, recientemente, un proyecto de ley que efectúa una reforma del cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para los trabajadores del régimen del Decreto Legislativo 276, de carrera administrativa en el Estado. Al 2024, se registraban 270,236 trabajadores en esta categoría.
“La finalidad de la Ley es asegurar un tratamiento equitativo en materia de beneficios sociales dentro del sector público, fortalecer la protección económica del servidor al momento del cese y contribuir a la homogenización progresiva de los derechos laborales en el Estado”, recoge como finalidad la propuesta.
Puntualmente, se busca modificar uno de los apartados del artículo 54 de este decreto, relacionado a los beneficios de los funcionarios y servidores públicos.
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La normativa actual se refiere a un equivalente del promedio de la remuneración principal, pero ahora consideraría una lectura más amplia, con una serie de conceptos que aumentaría el monto.
“Para efectos del cálculo, se considera la remuneración mensual total percibida por el servidor al momento del cese, incluyendo todos los conceptos de carácter permanente, de libre disposición y aquellos que integren su ingreso regular, comprendiendo expresamente el Incentivo Único – CAFAE cuando haya sido percibido de manera continua”, precisan.
Esto, sobre la base de que la CTS la otorgan al momento del cese definitivo y equivale al 100% de la remuneración mensual total por cada año completo de servicios, o fracción mayor de seis meses.
En una de sus disposiciones, la propuesta resalta que las entidades públicas implementan “progresivamente” el nuevo cálculo de la CTS, “priorizando a los servidores con mayor antigüedad o próximos al cese, conforme a criterios de razonabilidad y disponibilidad presupuestal”.
El congresista Alex Paredes (Somos Perú) es el autor de este proyecto de ley con impacto en las finanzas del país. | Foto: Congreso.
Sin embargo, en uno de los artículos del mismo proyecto se menciona que hay “responsabilidad funcional”. “El incumplimiento por parte de los funcionarios y servidores responsables de su aplicación genera responsabilidad administrativa, civil y, de ser el caso, penal, conforme a la normativa vigente”, apuntan.
Pese al evidente mayor gasto público que implicaría, en el análisis costo-beneficio se rechaza que genere un gasto público adicional inmediato. “El impacto económico es progresivo, previsible y financiado con cargo al presupuesto institucional de cada entidad”, dictan.
Medida perjudicial y sin financiamiento
Brian Ávalos, socio de Payet, Rey, Cauvi, Pérez, Abogados, criticó que se trata de un proyecto desde el Congreso más que se suma a una tendencia en la que se ha venido aumentando los gastos remunerativos en el Estado, pero sin condicionamiento a mejoras en la productividad laboral.
“No hay una política de Estado para estos ajustes y mucho menos está vinculado a elevar la productividad de los funcionarios, solo se apunta a incrementar el gasto. Hay que tener bastante claro que no es el dinero de los congresistas, sino de todos nosotros los peruanos los que están disponiendo. Debe haber más eficiencia en el gasto”, comentó Ávalos.
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Germán Lora, socio de Damma Legal Advisors, agregó que la propuesta es perjudicial porque resultaría en un forado más a las ya agujereadas finanzas del país.
Su observación también se orientó al sustento del costo-beneficio, el cual calificó como un “saludo a la bandera”.
Ávalos se sumó al cuestionamiento de que este tipo de propuestas sigan apareciendo, pese a las diferentes observaciones, como las del Consejo Fiscal, sobre la necesidad de frenar este tipo de iniciativas.
¿Cómo variaría la composición de la CTS? | Fuente: Andina
“Como contexto nos encontramos en medio de elecciones presidenciales y también donde sabemos que hay partidos que no van a continuar en el Congreso, pero apuntarían a los comisiones subnacionales. Ahí la razón de estas propuestas populistas”, sostuvo Ávalos.
Para Lora, más allá de las múltiples quejas por este comportamiento legislativo y de “rasgarse las vestiduras”, quienes cuenten con la competencia, como los colegios de abogados, deben tomar acción y establecer medidas de inconstitucionalidad. “Todos nos quejamos y nadie hace nada”, apuntó.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
